Hace diez años, cuando los billetes cabrilleaban por Murcia, el Gobierno municipal de Cámara entregó en parte la política urbanística a promotores ávidos de negocio. El barrio de La Paz, por ejemplo. O Nueva Condomina. O el ‘convenio Casino’, con el que se permitió a comisionistas de la calle embolsarse una suculenta porción de la compensación satisfecha al Ayuntamiento por los empresarios que se beneficiarían de una mayor edificabilidad. Había para todos. Pero aquello fue una partida de trile, como ahora se ve. El hecho de que los servicios jurídicos de la propia corporación pidan hoy al juez que meta en la cárcel a su exconcejal -del mismo partido político- y a la excúpula de Urbanismo es una enmienda a la totalidad de aquella política de pillos. Umbra sumus.