Dime que no es verdad esto…

Sábado, 15 de junio, día de la constitución de los ayuntamientos. 10.30 de la mañana. Diego Conesa envía a Ana Belén Castejón este whatsapp, con un pantallazo de la web de ‘La Verdad’ en el que se informa de que PSOE, PP y Ciudadanos ultiman un pacto -finalmente suscrito- para evitar que José López (MC) se convierta otra vez en alcalde de Cartagena. El secretario general de los socialistas hace tiempo en su casa de Alhama para asistir a la investidura de su compañera Mariola Guevara. Mientras se ajusta la corbata, sigue en directo, a través de laverdad.es, los plenos más tempraneros de la jornada. No espera sorpresas.

-Dime que no es verdad esto…

Ana Belén Castejón tardó un siglo en responderle. Lo hizo al día siguiente, fríamente, con otro whatsapp en el que le decía que debían hablar. Demasiado tarde. La crisis ya se había desatado y era pasto de telediarios nacionales. Cartagena y la pequeña población valenciana de Sueca eran los únicos lugares en los que el PSOE había votado con el PP, para disgusto de la Ejecutiva federal, que estaba ocupada en los pactos de gobernabilidad del Estado pero tuvo que tirar de teléfono porque tampoco daba crédito a lo sucedido en Cartagena. La segunda ciudad de la Región (215.000 habitantes, seis agrupaciones socialistas, un resistente semillero cantonalista) nunca se le dio bien al PSOE, ni siquiera cuando gobernaba el Ayuntamiento. Juan Martínez Simón, Juan Luis Martínez y, ahora, Ana Belén Castejón se las han tenido tiesas con la dirección regional, por una razón u otra.
Fecunda correspondencia telefónica de Conesa con Hervías
Esta vez, el conflicto se veía venir, en parte por la personalidad levantisca de Ana Belén Castejón (que, de hecho, había solicitado, sin éxito, permiso para matrimoniarse con el PP), pero a Conesa le estalló en la cara. La Ejecutiva regional reaccionó enfurecida al pacto de Castejón y sus cinco ediles con Noelia Arroyo (PP) -ambas se turnarán en la alcaldía- y Manuel Padín (Ciudadanos). El secretario de Organización, Jordi Arce, abogó en público por la expulsión inmediata de Castejón y de sus concejales rebeldes. El alcalde de Calasparra, José Vélez, sin duda el más deslenguado de los halcones que protegen a Diego Conesa (llamó ‘la faraona’ a Susana Díaz cuando la andaluza disputaba el liderazgo a Pedro Sánchez), se echaron en tromba sobre Castejón, y el propio Conesa, de modales suaves, la llamó «excompañera» en una emisora de radio. Otro notable del partido, Emilio Ivars, salió, sin embargo, en defensa del tripartito recién alumbrado en Cartagena. Era la evidencia de una fractura interna, toda vez que Ivars pertenece al sector ‘tovarista’, encabezado por María González Veracruz, que perdió las primarias ante Diego Conesa en 2017. Pero de más interés resultó el debate de ética política que el suceso originó extramuros de la organización socialista acerca del fin y la justificación de los medios, pues el pacto de Castejón con PP y Ciudadanos cortaba el paso de la alcaldía al candidato José López, el populista de «verdades como puños, y, si hace falta, a la cara». Aquello se hacía por Cartagena. Todo por Cartagena, se hartó de explicar la alcaldesa electa. Pero, de otra parte, la insurrección creaba un precedente que el PSRM-PSOE no podía tolerar: era un acto claro de desobediencia a la Ejecutiva y, para mayor escarnio, dejaba en mal lugar la política de pactos en los ayuntamientos de la Región que el secretario general había trenzado personalmente con Fran Hervías, el número tres nacional de Ciudadanos.
Las sorprendentes alianzas de Lorca y Fortuna
Está claro que Hervías vino a por atún y a ver al Duque cuando se dejó ver en la Asamblea Regional cuatro días antes de constituirse los ayuntamientos y todos creímos que había viajado a Cartagena para comerse un caldero. No. Hervías se intercambió el número de teléfono con Diego Conesa y hasta el mismo sábado de los plenos entabló una fecunda conversación vía WhatsApp con el líder socialista. Cartagena, lógicamente, era la pieza más codiciada -y la más delicada- de la partida. Diego Conesa ofreció a Ciudadanos darle la alcaldía para que arbitrara la legislatura, con el beneplácito también del PP, e impedir así que la cogiera José López y de paso evitar que cayera en manos de Noelia Arroyo. Fue un intento a la desesperada, que Conesa replicó en Murcia (donde Mario Gómez habría suplantado a José Ballesta), para exprimir cualquier posibilidad de que Ciudadanos apoyara a cambio su investidura como presidente de la Comunidad Autónoma. A Hervías le pareció bien la propuesta, al menos en su vertiente municipal, a juzgar por la respuesta que devolvió a Conesa el jueves, 13: «Garaulet y Valle, OK». Pero luego volvió al punto de partida: «El PP no apoya». Noelia Arroyo había jugado sus cartas, parece que mejor que nadie: o pacto de gobierno ‘antipopulista’ -el que la hará alcaldesa en 2021-, o todos a la oposición y José López a la alcaldía.
La Ejecutiva regional manejaba una estrategia muy distinta a la puesta en marcha ‘in extremis’ por Castejón. Consistía en dejar que gobernara José López, en la seguridad de que sus excentricidades lo harían acreedor en pocos meses de una moción de censura, que -entonces, sí- el PSOE podría suscribir con PP y Cs por el bien de Cartagena y sin convertir a López en una víctima de pactos que el ala enrabietada del MC pudiera tachar de contra natura. La dirección socialista sostiene, además, que la estabilidad institucional no queda garantizada en Cartagena con una alianza cuyos firmantes tendrán muy difícil llevar a la práctica la gobernabilidad diaria del Ayuntamiento.
No era solo la indisciplina que suponía promover el tripartito. Ana Belén Castejón echó también por tierra los compromisos que Diego Conesa había guisado con Fran Hervías. De esa olla saltó la sorpresa de Lorca, donde Ciudadanos votó al candidato socialista para derrotar al PP -la lista más votada-, y salió también el insólito apoyo de los siete concejales del PSOE a la única edil de Ciudadanos en Fortuna, para que esta se hiciera con la vara de mando en un feudo tradicional del PP. Diego Conesa se tiene por un hombre de palabra, y por un dialogante incansable, así que lo de Cartagena le hizo sentirse un interlocutor desleal ante Hervías al tiempo que frágil a los ojos de su Ejecutiva, que el martes pidió por unanimidad sangre, sin perdón posible para los rebeldes de Cartagena, en la reunión de Murcia donde se aprobó la apertura de un expediente que (todos lo saben, también Castejón) se ralentizará en Madrid y tendrá el desenlace que quiera dársele.
Cuando Conesa vio que su liderazgo estaba en riesgo, cogió el toro por los cuernos. Convocó en la Asamblea Regional a los seis concejales insurrectos de Cartagena, horas antes de que se reuniera la Ejecutiva regional. «Esto no es un juego de niños», les advirtió. Y, en lugar de un expediente de expulsión inmediata, que era el desenlace previsto, les ofreció una salida más magnánima: la suspensión cautelar de militancia. Les permitió mantener el nombre y la representación del PSOE en el Ayuntamiento, pero les hizo saber que el partido será dirigido en Cartagena por la gestora, y que cualquier decisión que deban adoptar como concejales, por insignificante que sea, deberán consensuarla con la gestora, antes que con sus socios de gobierno. Les recordó que él había sacado en Cartagena, como candidato a la Comunidad Autónoma, 3.500 votos más que los obtenidos por Ana Belén Castejón y, al despedirse, pidió a esta -mejor dicho, le ordenó- que en 2021, cuando entregue la alcaldía al PP, devuelva también su acta de concejal al partido y se vaya a casa. Era el precio del indulto.
No consta que hubiera respuesta de Castejón.

Ballesta y Ábalos, durante una visita de este último al Ayuntamiento de Murcia.

Basta con alejarse un tiempo de la política regional, y mirarla desde arriba con la perspectiva de un diablo Cojuelo, para constatar su creciente empobrecimiento, que será incesante hasta las elecciones de mayo. No se trata de algo exclusivo de ahora, ni de una singularidad de Murcia, pero resulta poco estimulante ver y oír las diatribas que gobierno y oposición se lanzan. La frescura y los atributos con los que el nuevo partido de Alberto Garre irrumpe en el tablero deberían ser bagaje suficiente para arañar un montón de votos a otros partidos, sin necesidad de llamar a Fernando López Miras «pimpollo» y afearle su «peso pesado físico», por poner un ejemplo de la pobreza aludida. Reducir a eso («pimpollo» y gordo) la idea fuerte y el titular del discurso fundacional de Somos Región es renunciar a metas más altas, entre otras razones porque Garre se presta a que lo tilden de viejales, y porque, en política, la edad nunca quita ni da. Bien podrían unos y otros trabajarse mejor la munición dialéctica a la hora de desacreditar al adversario y, ya de paso, cultivar la sutileza, que tan buenos réditos procura en todos los órdenes de la vida. Cuando Winston Churchill, que venía de ganar para su país la Segunda Guerra Mundial, perdió contra todo pronóstico las elecciones de 1945, a manos de Clement Attlee, un semidesconocido líder laborista, el viejo charlatán de puro y sombrero, que por lo visto tenía un mal perder, atacó a Attlee con una finura de libro: «Frente al número 10 de Downing Street se detiene un taxi vacío. Se abre la puerta y de él sale Clement Attlee». Era su manera de llamarlo endeble, de insinuar que los ingleses habían puesto su destino en manos de un primer ministro peligrosamente frágil para conducir al país durante la posguerra, frente a la arrolladora personalidad de Churchill. De López Miras podría haber señalado Garre que es un buen chico, por decir algo, que sería tanto como negarle sutilmente la capacidad para gobernar la Región, y quizá esto le haría más daño electoral que llamarlo pimpollo, porque de la personalidad de López Miras se podría cuestionar quizá su escasa refulgencia, pero en ningún caso la fecha de nacimiento y, menos aún, la talla de sus pantalones.  Estas escaramuzas tenían más encanto con el bipartidismo. Un consejero de Valcárcel noqueó a su oponente socialista en un debate televisado antes de empezar a discutir; faltaba un minuto para salir en pantalla y el consejero se sacó de la chaqueta un folio doblado: «Como te pases, te pongo en tu sitio con este documento, ¿eh?». Luego me reconoció (yo era el presentador) que se trataba de un folio en blanco, pero lo cierto es que el socialista moderó muchísimo el ímpetu dialéctico con el que se proponía contender. Ahora, con cuatro partidos en el ring, los encontronazos son más previsibles y, algunas veces, también más chocarreros. Una concejal socialista de Murcia le hizo el otro día una peineta a otro de Ciudadanos durante un debate radiofónico, del que el edil naranja terminó por largarse. Nivelazo. Habría que exigir más altura. Las tertulias ya le parecían decepcionantes hace un siglo a Ortega y Gasset («aquellas damas y aquellos varones burgueses asentaban con tal firmeza e indubitabilidad sus continuas necedades (…) que la menor palabra aguda, precisa o siquiera elegante sonaba a algo absurdo y hasta descortés»), pero la historia del parlamentarismo español está llena de brillantes intervenciones; incluso la política regional ha vivido momentos para enmarcar, como un cara a cara electoral de Valcárcel y Pedro Saura en los estertores del duopolio PP-PSOE, que fue digno de ser presenciado en pantalla grande y con palomitas. Luis Carandell dejó antes de morirse un libro imperdible, ‘Se abre la sesión’, en el que relata algunos mandobles antológicos, como el que un diputado de la oposición lanzó a gritos a José María Gil Robles, líder de la derecha, mientras este pronunciaba un discurso en el Congreso, en 1934: «Su Señoría es de los que todavía llevan calzoncillos de seda». Al exabrupto siguió el natural escándalo, después del cual Gil Robles miró al congresista que lo había interrumpido, le clavó los ojos desde el atril de oradores y le devolvió la puntada con la elegancia que le caracterizaba: «No sabía yo que su esposa fuera tan indiscreta».

A la clase política regional no se le pide una oratoria de tan altos vuelos, pero sí que no baje al barro y que, en lo posible, trabaje por el interés general. La reciente visita a Murcia del ministro Ábalos y del secretario de Estado Pedro Saura terminó con una foto de grupo en el Ayuntamiento que no estaba inicialmente programada, pero que permitió al alcalde Ballesta conseguir del Ministerio dinero adicional para el yacimiento de San Esteban, cuya recuperación ahora reivindican -justamente- las dos administraciones y los dos partidos, PP y PSOE. Este es un modelo de buena política, y las peinetas y las desconsideraciones personales, ejemplos de todo lo contrario y terreno abonado para populismos como el de Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, abarrotó el miércoles los salones del hotel Nelva en Murcia. Lo hizo con un discurso propio de la posición de extrema derecha que Vox ocupa en el escenario, pero los grupos autodenominados antifascistas que a las puertas del hotel gritaban «¡Ortega Lara, vuelve al zulo»! y «¡Os mataremos, como en Paracuellos!» no tienen derecho a llamarse antifascistas. Ellos son los fascistas.

Debió de incomodar a Rajoy que le preguntaran el lunes por la imputación del presidente de Murcia en la rueda de prensa que compartía con François Hollande durante la cumbre hispano-francesa de Málaga. Pero se habría llegado a sonrojar si algún periodista bien informado le hubiera vuelto a interpelar después de que el presidente del Gobierno repitiera, por enésima vez, que Pedro Antonio Sánchez (PAS) «ha tenido 16 archivos en los últimos dos o tres años».

Esta intervención de Rajoy en una reunión internacional sirve para visibilizar hasta qué punto llega ya la ola expansiva del ‘caso PAS’, que en apenas una semana se ha adueñado de la escena política, a escasa distancia de la sentencia del ‘caso Nóos’ y el desafío separatista de Cataluña. Nunca como ahora se habló tanto de Murcia. Es posible que ningún dirigente político de primera fila falte ya por sumarse al coro declarativo en torno a PAS y, desde luego, ningún otro jefe del Gobierno regional recibió antes desde Madrid un apoyo tan ruidoso a su persona como el que el PP y el Gobierno de España brindan estos días a PAS. Pero el martilleo va para largo. Un vistazo al calendario de las próximas semanas deja entrever un viacrucis doloroso, en el que las hojas están señaladas con una muy probable exposición razonada que el juez de la ‘Púnica’ enviará al TSJ (con la consiguiente posibilidad de que se le abra una segunda investigación penal), el ultimátum de una semana marcado ayer por Albert Rivera para que PAS dimita, las inminentes comparecencias en el Senado y el Congreso del ministro de Justicia y del fiscal general del Estado -para responder de la orden que se transmitió a las dos fiscales del caso para no acusar a PAS en la ‘Púnica’-, la declaración del propio presidente ante el TSJ en calidad de investigado, fijada para el 6 de marzo, y las iniciativas parlamentarias registradas por la oposición, en Madrid y Murcia.

Difícil congreso del PP

La encrucijada que tiene ante sí el PP, mientras sostenga a su hombre fuerte en la Región, no termina ahí. Los populares celebrarán los días 18 y 19 de marzo el congreso regional que debe elevar a Sánchez a la presidencia del partido, en lugar de Ramón Luis Valcárcel, y los tiempos habituales de la Justicia convierten en una entelequia pensar que PAS llegará a esa fecha libre de la imputación por el ‘caso Auditorio’, que acaba de incoarse. No hay tiempo para acelerar un sobreseimiento. Más razonable parece imaginar que para entonces pueda pesar sobre él una segunda investigación, la de ‘Púnica’. ¿Se aceptará desde Madrid que el PP encumbre a la cima del partido en Murcia a un candidato con tan pesada carga?

Albert Rivera dejó claro ayer que Ciudadanos va en serio cuando exige al PP un relevo en la presidencia de Murcia. Si no lo hiciera, se dejaría por el camino la bandera de la regeneración, que constituye su principal activo, y perdería la legitimación para exigir el cese del presidente, pues incumpliría su pacto de investidura en la misma medida que lo haría el PP. Aunque la moción de censura con la que amaga Podemos en la Asamblea Regional tiene pocos visos de prosperar, por la complicación que entrañaría ponerse de acuerdo con PSOE y Ciudadanos para consensuar un candidato alternativo, es posible que, llegados a este punto, Rivera quiera cobrarse la cabeza política de PAS a cambio de apoyar al PP en los Presupuestos Generales del Estado. En el mejor de los casos para el presidente de Murcia, ahí estaría la línea roja que llevaría a dimitir a Pedro Antonio Sánchez: en los apoyos parlamentarios que Rajoy necesita para mantener la gobernabilidad de España.

Medias verdades y mentiras

Es precisamente la estabilidad institucional lo que más inquieta hoy -aunque se mantenga mudo- al empresariado de la Región: que el rifirrafe se prolongue mucho más, con el buen nombre de Murcia ligado a la corrupción, a un cambio traumático de gobierno y a términos como crisis e inestabilidad, sus demonios tradicionales. La frustración, ayer mismo, del acuerdo que debía adoptar el Consejo de Administración de Aena para cerrar el aeropuerto de San Javier, paso previo para licitar Corvera, bien podría interpretarse como una primera consecuencia tangible de este enrarecido clima que se respira en Murcia.

La desatinada intervención de Rajoy en Málaga en favor de PAS encarna igualmente la ofuscación por disfrazar la realidad -cuando esta se tuerce- con un mantra que acoge legítimos argumentarios partidistas, medias verdades y también alguna mentira. Los ‘16 archivos’ mencionados por Rajoy para invocar la presunción de inocencia y el acoso judicial de la oposición al presidente de Murcia abarcan -aunque esto no lo dicen los dirigentes del PP- desde una misma causa archivada y recurrida después -pero contada como si fueran dos distintas- hasta cuatro viejas denuncias ante la Junta Electoral (en 2007) y tres recursos contencioso-administrativos.

No es esta la única posverdad que el PP trata de construir. El pacto de investidura firmado con Ciudadanos para sostener a PAS en el Gobierno es muy claro en el compromiso mutuo de «separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial». Tan claro que, para posibilitar su investidura, y en aplicación del mismo acuerdo escrito con Ciudadanos que ahora discute, el PP dejó caer a su delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, a su alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y a la alcaldesa de Torre Pacheco, Fina Marín. El intento de redefinir el término ‘imputación política’, como último escudo para PAS, parece también condenado al fracaso. El Consejo General del Poder Judicial tiene dicho que la prevaricación sí es un delito de corrupción política, y la ley regional de Transparencia hace lo propio en su artículo 54, donde estipula que «en el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de imputado o figura legal equivalente, por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal actualmente vigente, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones». Aunque esta norma tenga efectos jurídicos discutibles, se trata de una ley en vigor, cuyo incumplimiento podría provocar un reproche social -o una denuncia ante los tribunales- del Consejo Regional de la Transparencia.

Las apelaciones constantes a la presunción de inocencia, también en boca de Rajoy, están fuera de lugar. Cualquiera sabe que se trata de un derecho individual que nada tiene que ver con la política y que acompañará a Pedro Antonio Sánchez mientras no recaiga contra él, no ya una imputación -ni dos ni tres-, sino una condena judicial firme, algo que, hoy por hoy, no se atisba en el horizonte.

Es la política, no la Constitución ni los tribunales, lo que aprieta al presidente. La presión agobiante de Ciudadanos, el riesgo de poner en jaque la gobernabilidad de España y de Murcia, la paciencia de Rajoy, y el pacto suscrito de su puño y letra para asegurarse el poder. Y también la palabra que dio, que era la palabra del presidente de todos los murcianos.

A la trayectoria de ‘El Lobo’ en ETA, la infiltración más prolongada de la que se tiene noticia en una banda terrorista, solo se le acerca en los anales de los servicios secretos españoles la peripecia de otro espía murciano, José Luis Espinosa Pardo, el ‘topo de Torreagüera’, que estos días ha muerto en su casa de Murcia, a los 90 años. Vivía ya en la indigencia. Pero deja atrás una historia rica en enigmas, personalidades falsas y secretos de Estado.

Trabajó con los alias ‘Gustavo’, ‘Alberto’ y ‘Ahmed’, fue básicamente un confidente de la Policía, un soplón del ‘supercomisario’ Conesa (el más temible jefe de la Brigada Político-Social), delegado murciano en el congreso de Surennes, secretario regional de UGT -que lo ha borrado de sus archivos-, teniente en el Ejército argelino, y un ‘submarino’ de los servicios secretos en los Grapo, el Frac y la III República.

El Tribunal Supremo lo condenó en 1992 por el asesinato frustrado en Argel de Antonio Cubillo, el líder independentista de Canarias, que -según declaró Espinosa en el juicio- le había ordenado planear el Ministerio del Interior, bajo el mandato de Martín Villa.

Yo le entrevisté alguna vez. Siempre presumía de haber sido más listo que los servicios de inteligencia y que los propios militares. De hecho empezó sus fechorías en la Academia General del Aire, donde fue carpintero y montó -eso contaba- un montón de micrófonos ocultos para grabar las conversaciones de los mandos…. y de los ilustres cadetes y oficiales que por allí pasaban.

-¿Y a quién le interesaban esas grabaciones?, le pregunté.

-¿Me vas a pagar tú lo que estoy negociando con John le Carré?

(Era otra mentira, probablemente, de su intrigante vida. U otra verdad a medias). ]]> https://blogs.laverdad.es/menudapolitica/2016/11/23/el-topo-de-torreaguera-pasa-a-la-historia/feed/ 0 617open https://blogs.laverdad.es/menudapolitica/2016/06/24/el-portavoz-y-la-juez/ https://blogs.laverdad.es/menudapolitica/2016/06/24/el-portavoz-y-la-juez/#respond Fri, 24 Jun 2016 06:13:33 +0000 Joaquín García Cruz http://blogs.laverdad.es/menudapolitica/?p=586 Tiene mucha imaginación el portavoz del PP en la Asamblea Regional. No me figuro a una juez de Instrucción de Murcia pendiente del calendario para calcular, con la perversa finalidad de infligir un mayor daño a los populares, en qué momento de la campaña electoral notifica un auto del ‘caso Novo Carthago’ que pone a Valcárcel en la picota. Menos arriesgado sería especular con la suerte que el expresidente correría si la instructora decidiera -por estar Valcárcel aforado- enviar la causa al Supremo, de cuyos magistrados sí podemos aventurar que unos son ‘conservadores’ y, los otros, ‘progresistas’, dado que los nombró el Parlamento. Los partidos harían bien en corregir con urgencia el déficit democrático que supone la designación política de los altos tribunales, y dejar que estos otros jueces, los de abajo, hagan su trabajo en paz.