El estudio del historiador local, de raíces mazarroneras, Joaquín Ruiz y la demógrafa Cristina López, titulado ‘Redes migratorias mazarroneras en Collblanc-La Torrasa 1924’, pone nombres y apellidos a esa oleada de emigrantes de las primeras dos décadas del siglo pasado que se establecieron en ese barrio de L’Hospitalet de Llobregat, en el área metropolitana de Barcelona. Ese asentamiento llegó a conocerse como la ‘Murcia chica’ debido a que casi uno de cada cuatro residentes tenía sus orígenes en esta región. Como recuerda Ruiz, Collblanc-La Torrasa, donde nació y reside, surgió casi de la nada gracias a ese fenómeno migratorio. Según el estudio, en 1900 allí vivían 301 personas, frente a los 21.185 que se contabilizaron treinta años después. En 1924, del total de población murciana en ese núcleo, el 8,27% procedía de Mazarrón. «La emigración forma parte de la historia reciente de los mazarroneros en el primer tercio del siglo XX, y, además, es uno de los factores clave para entender los itinerarios posteriores de muchos de ellos ante la represión franquista, el exilio y la deportación», reflexiona el autor.

Esos flujos interiores de población movidos por la crisis industrial han sido objeto de numerosas investigaciones. Pero el trabajo de Ruiz y López arroja luz sobre dos singularidades que caracterizan estas oleadas de mazarroneros con destino al cinturón urbano de Barcelona. La primera, que es «un proyecto migratorio familiar extenso». Esto quiere decir que se marchaba la saga al completo (como demuestra la presencia incluso de mujeres mayores, a menudo viudas), y no solo aquellos miembros productivos, capaces de trabajar y de generar ingresos, como ocurre en otros fenómenos migratorios. La otra singularidad se refiere a que era un itinerario por etapas. El éxodo de muchas de estas familias se inicia a finales del XIX en Cuevas de Vera coincidiendo con el hundimiento de las explotaciones mineras de esa comarca almeriense vecina de la Región de Murcia. Esos clanes se trasladan entonces a Mazarrón, donde el negocio del metal aún se mantiene fuerte y encuentran trabajo. Cuando en el primer lustro de 1900 este distrito también entra en crisis, entonces se trasladan a los cotos de La Unión, donde la minería sigue activa hasta 1916. Y desde allí dan el salto hasta L’Hospitalet, arrastrados por el desempleo que trajo el desmantelamiento del negocio de la minería en la Región. Este es el caso de los Collado-Pérez, una de las 150 familias estudiadas por Ruiz y Pérez.

Fotografía de la familia Collado-Pérez, realizada en el año 1920, cedida por Andrés y Francesc Collado y que aparece en la publicación de Joaquín Ruiz y Cristina López.

La investigación ya ha sido presentada en Mazarrón y L’Hospitalet de Llobregat. Se trata del primer estudio publicado en papel por la asociación Alumbra Alumbre, historia y memoria. Enhorabuena, pues. Y felicidades por descubrir esas raíces que son la esencia de nosotros mismos.

En octubre de 2014, también llevó a cabo la ‘operación Selfie’, dirigida a esclarecer varios robos con fuerza cometidos en una de las instalaciones del conjunto declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Sierra Minera en Portmán, y que culminó con la recuperación de más de nueve toneladas de piezas metálicas sustraídas, tales como placas, tapas y discos espesadores, piezas de molino, sinfines, embones y ejes de bomba, entre otros. Ya en junio de 2015, la ‘operación Gladiator’ permitió localizar numerosos objetos arqueológicos puestos a la venta a través de internet, que se saldaron con la recuperación de 187 piezas, como monedas de diferentes épocas, bifaces (herramientas líticas prehistóricas reconocidas como las primeras utilizadas por el hombre), piezas de cerámica, puntas de flecha, conteras medievales (adornos de diferentes armaduras), abundantes fíbulas (pieza metálica utilizada en la antigüedad para unir o sujetar alguna de las prendas que componían el vestido), partes de ungüentarios o lacrimatorios, colgantes romanos, escarabeo egipcio, collar y hebillas romanas, y hojas de cuchillo bizantino, entre otros.

Farol de plata del siglo XVIII recuperado por la Guardia Civil. / N. GARCÍA

Un agente, con el privilegio de las clarisas de Murcia. / G. C.

El juicio por el robo del Códice Calixtino (siglo XII) de la catedral de Santiago de Compostela me ha hace recordar otro caso que está en manos de la justicia. Me refiero a los 28 documentos históricos (el más antiguo, el privilegio de Sancho IV del año 1248 otorgando a las clarisas su monasterio de Murcia) recuperados por la Guardia Civil en un puesto ambulante de antigüedades. La investigación todavía debe arrojar luz sobre los misterios del periplo que siguió este patrimonio documental, de incalculable valor, para terminar en otras manos que no eran las de sus dueños originales y, quizás lo más importante, quién a partir de ahora debe guardarlos.

No ha trascendido de momento si en el transcurso de las indagaciones se han hallado pruebas que permitan concluir que ese tesoro documental fuera objeto de un robo, cómo sí ocurrió con el famoso ‘codex’ de Santiago. Así que varios interrogantes siguen esperando respuestas. Por ejemplo, cómo y cuándo estos pergaminos se esfumaron de sus lugares de origen: el monasterio de Santa Clara la Real de Murcia (24 de los 28 documentos), el Archivo de la Catedral de Murcia y el de la Diócesis de Cartagena. Al menos en el caso de las clarisas hay quien piensa que pudieron desaparecer con motivo de algunas de las dos grandes reformas que en los últimos tiempos se han acometido en el convento: una tras la Guerra Civil y otra hace poco más de una década.

Ahora se plantean dos escenarios. Puede darse el caso de que a quien se le incautaron estos manuscritos justifique su propiedad, por ejemplo, con un documento que acredite la cesión. En caso contrario, deberían volver a sus primeros dueños. Y otra incógnita se abriría entonces: ¿disponen éstos de los medios adecuados para asegurar su conservación? La Consejería de Cultura (que de momento los custodia en depósito hasta que haya una resolución judicial) ya advirtió en su día de que los pergaminos se encuentran en un deficiente estado, “con dobleces, roturas y restos de humedades”. Y avisó de que exigirá a sus propietarios que los restauren, garanticen su mantenimiento y permitan su estudio o consulta por parte de los investigadores. De momento, las clarisas (que a raíz de la información publicada por ‘La Verdad’ se interesaron por el descubrimiento) han dado un paso adelante y han solicitado a la directora general de Bienes Culturales, María Comas, que los 24 pergaminos regresen al archivo del convento.

La noticia pone la lupa sobre otro tesoro del patrimonio documental al que también se le perdió la pista. Según recuerda Rafael Fresneda, director del Archivo General de la Región, se trata de la carta fundacional de Mazarrón: doce pergaminos, decorados con miniaturas y con la caligrafía propia de la Chanchillería Real, donde se otorga la independencia de Lorca. El documento, del año 1572, lleva la rúbrica del mismísimo Felipe II. El título de villa fue robado de la caja de caudales del Consistorio (que no estaba cerrada con llave) hace ahora 25 años. Ni la investigación policial ni las llamadas desde distintas instituciones apelando a la sensibilidad del ladrón (o ladrones) para que lo devolviera, surtieron efecto. Desde entonces, sobre su paradero han circulado varias hipótesis: desde que fuera un robo por encargo de un coleccionista hasta que el ladrón (asustado por el revuelo levantado) hubiera optado por destruir los pergaminos con cuya venta ilegal pensaba embolsarse un dinero extra. “Este documento tiene más valor cuando es de todos”, reflexiona Fresneda acerca de cuál es la verdadera importancia del patrimonio documental, afortunadamente cada vez más valorado por la sociedad en general gracias a la impecable labor de documentalistas, archiveros y bibliotecarios.

Facsímile del privilegio de villazgo de Felipe II. / LA VERDAD

En su día, la Guardia Civil admitió que el caso del privilegio de Felipe II estaba cerrado debido a la imposibilidad de seguir avanzando en la investigación tras agotarse todas las pistas posibles. Aunque, eso sí, dejaba una puerta abierta: “Se han dado casos de obras de arte recuperadas mucho tiempo después” Así que los 28 documentos históricos hallados ahora devuelven la esperanza de que el título de villazgo de Mazarrón regrese con sus legítimos propietarios: los mazarroneros.