La tardanza en la tramitación de las declaraciones de impacto ambiental es un lastre para la economía regional. Las quejas de los empresarios están fundadas. Se pierden inversiones y empleos. Que el Gobierno regional impulse una nueva Ley del suelo para resolver éste y otros problemas es un acto de responsabilidad. Ahora bien, tramitar una norma de ese calado por la vía de la proposición de ley, evitando al CES y al Consejo Jurídico, es un atajo que merma su solvencia jurídica y la posibilidad de que otras organizaciones sociales opinen sobre una ley, discutida solo con la patronal. Con el nuevo texto, ahora Marina de Cope podría aprobarse sin declaración de impacto ambiental, lo que da idea de la relevancia de este cambio legislativo. Hacerlo a la carrera, por urgente que sea, deja en evidencia la inacción del pasado y resta valor al anuncio de abrir otras leyes a consulta ciudadana.

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