Un fiscal solicita la declaración de Cámara por la guardería de La Paz y un juez del Supremo las de Griñán y Chaves por los ERE. A ninguno se le acusa por ahora de la comisión de delitos, pero son llamados en calidad de imputados, como garantía procesal, en la instrucción de sumarios en los que pueden acabar (o no) procesados. El PSOE alega que Griñán y Chaves no tienen que dejar sus escaños porque aún no hay acusación formal y pidieron declarar. Pero se obvia que lo hicieron después de que el fiscal del TS reclamara el encausamiento de ambos, tras analizar el escrito de la juez Alaya, prolijo en indicios acusatorios. O sea, más de lo mismo: PP, PSOE, … siguen entremezclando las responsabilidades políticas y las judiciales, a conveniencia, mientras usan una doble vara de medir para blindarse y desgastar al adversario.

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