Mantener a un alto cargo imputado hasta la apertura de juicio oral es una decisión razonable si el delito no es flagrante, pero no en ciertos puestos, como el del delegado del Gobierno. Por su relevancia, representatividad institucional y porque es responsable político de los inspectores fiscales y de las Fuerzas de Seguridad que le investigan por orden judicial. Algunos no lo ven e incluso actúan a la inversa: se deja al delegado del Gobierno imputado y se elimina al funcionario que cumple con un mandato judicial. La pasada semana, motu proprio o a instancias de Murcia, el Gobierno destituyó al delegado regional de la Agencia Tributaria el mismo día en que el TSJ incorporaba a las diligencias del caso ‘Novo Carthago’ un informe de ese organismo donde se concluye que Bascuñana, el delegado del Gobierno, dispuso de una «fuente de renta o de fondos ocultos» para Hacienda durante 13 años.

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