El Gobierno regional y la Croem llevan más de dos años mareando la perdiz en unas negociaciones sobre la planificación ambiental de la Red Natura que no han cosechado ni siquiera un acuerdo de mínimos. La UE acaba de abrir un expediente sancionador a España por este retraso generalizado en la aprobación de los planes de gestión de los espacios naturales y aquí, como en otras comunidades, seguimos como quien oye llover. Las organizaciones empresariales defienden intereses legítimos y tendrán razón en muchas de sus demandas, pero deben ejercitar con responsabilidad y realismo la invitación al diálogo sobre unas normas que están fijadas por leyes comunitarias. El Gobierno regional hace bien en buscar el consenso, pero no puede dilatar más la aprobación de estos planes. Esa es su obligación.

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