El líder de la trama ‘Púnica’, Alejandro de Pedro, ofreció en septiembre al consejero Pedro Antonio Sánchez limpiarle su reputación ‘online’ de octubre a mayo por 3.000 euros al mes, según un pinchazo telefónico del juez Velasco. Sánchez reconoce ese ofrecimiento, pero niega rotundamente que aceptara, pese al ‘informe de percepción’ que le presentó, para convencerle, ese colaborador de José Antonio Alonso, exalcalde de Cartagena y amigo de Pilar Barreiro. Un mes después se desató la operación policial. Fueron detenidos alcaldes de Madrid, el exconsejero Granados, el presidente de la Diputación de León y dos directoras generales de la Región. Por lo que se sabe, no parece haber más que esa grabación. Lo grave no es por tanto lo judicial, sino el error político de Sánchez. Debía haberse anticipado y desvelado públicamente la oferta una vez conocida la existencia de la trama. Ahora le estalla en precampaña cuando se conforma el sentido del voto. Si por el ministro de Justicia fuera deberíamos ser multados por revelar parte del sumario del caso ‘Púnica’, al que ayer tuvimos acceso y cuyo conocimiento no puede sustraerse a quienes tienen el derecho a estar verazmente informados. Pese a quien pese.

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