Lo que hiciera o dejara de hacer Juan Carlos Ruiz en relación al caso ‘Púnica’ es algo que compete dilucidar al juez, pero su actuación ha sido la correcta, una vez citado como imputado, en el ámbito del escrutinio público y las responsabilidades políticas. Dimitió, renunció a su aforamiento para aligerar el proceso y poder prestar declaración cuanto antes, y expresó su inocencia en una rueda de prensa, donde se sometió a preguntas de los informadores. Puede que no tuviera otra salida por los precedentes en su Consejería, la ‘doctrina Garre’ y el actual contexto de pactos. Pero lo único cierto es que es justo lo contrario a lo que practicaron Bascuñana, Barreiro y Cámara, que recurrieron a todo tipo de parapetos jurídicos e institucionales para blindarse, ralentizar la investigación y eludir la asunción de responsabilidades políticas.

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