En vez de aprobar la comisión de investigación sobre la desalinizadora de Escombreras, que nos puede costar un millón de euros al mes hasta 2034, o la del aeropuerto de Corvera, con sus 22.000 euros de intereses al día, Podemos, PSOE y Ciudadanos acordaron en la Asamblea Regional priorizar la del caso del Auditorio de Puerto Lumbreras, impulsado por el presidente Sánchez con una subvención de 6 millones de euros. No es el perjuicio económico para los ciudadanos lo que primó ayer, sino el interés partidista de quienes quieren hacerse una fotografía mediática antes de las generales en el interior del inacabado edificio y desgastar así a un adversario directo en activo. Con una investigación judicial, ya iniciada y que debe llegar hasta el final, caiga quien caiga, poco van a poder aclarar sus señorías mientras la instrucción esté bajo secreto sumarial. Pero eso qué más da, ¿no?

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