La primera reunión de la comisión de investigación sobre la desaladora fue un penoso juego de espejos deformantes. Valcárcel dijo que los 600 millones de coste para las arcas públicas es un bulo y ni el presidente de la comisión, Miguel Sánchez, ni ningún otro miembro de la oposición demostró saber que esa cifra figura en los informes jurídicos y en la propia Ley de Presupuestos de 2014, donde se detallaba el riesgo financiero de la demanda de Hydro Management. Tiene su cosa que ni siquiera se acordara Garre, ya que él era el responsable de ejecutar esas cuentas que le dejó Valcárcel. Ese, y no otro, es el coste para las arcas hasta 2034 si prosperase la reclamación judicial de la propietaria, que ahora aceptaría su compra por 180 millones de euros. Como a los cuatro partidos les importa poco el déficit público, por ahí parece que irá la solución para una planta que la CHS autorizó en noviembre de 2005 (pese a todo el blablablá de verdades a medias ante los cándidos inquisidores) para un negocio urbanístico llamado ‘Novo Carthago’.

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