Dos instituciones privadas pueden firmar acuerdos para investigar con sus fondos lo que se les antoje, pero cuando el dinero sale de las arcas públicas suele prevalecer el criterio de excelencia y competitividad en base a convocatorias abiertas. Los contratos entre la UCAM y el exdirector general de Deportes, a través del CAR, se basan en un convenio y son legales, aunque es inexplicable, por ejemplo, que se pueda llamar ‘proyecto de investigación’ a un estudio académico que cuesta 5.000 euros o el interés público para la Comunidad en perfeccionar los golpes de pádel. Quien semanas antes de ser cesado firmó 27 ‘proyectos de investigación’, por valor de 220.000 euros (bien pensado es una ganga), empezó a trabajar meses después en esa universidad, lo que, sea o no legal, sonroja. Y me apena porque, siendo ya una tónica las puertas giratorias y la falta de decoro público, atañe a un icono del olimpismo y del deporte murciano, reclutado en su día para la gestión y la política para que alguien ganara un puñado de votos.

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