El abogado Arnaldos dijo ayer que los socios privados de la desaladora se la ofrecieron a la Comunidad por su precio de coste y aquello se celebró por la oposición como si fuera el tercer secreto de Fátima. Es evidente que los diputados no saben que el Gobierno estudió la oferta en 2014 y diseñó una operación, a la postre frustrada, para comprarla y luego venderla a una gran empresa dedicada al abastecimiento de agua. Lo interesante estuvo en la confirmación del despacho Ariños y Villar de que solo estudiaron la legalidad de los contratos a la carta que le vinieron ya dados por un Gobierno regional con muchas prisas. Porque la intervención del abogado De Ramón fue explosiva, pero no aportó nada sustancial a lo que expone en la denuncia judicial de su cliente, el promotor pontevedrés Núñez Arias. Pero eso tampoco parece saberlo el diputado del PP (¿quién lo eligió para la comisión?), que salió huyendo cuando se citó a Valcárcel. Entre sus señorías solo sobresalió, de nuevo, Antonio Urbina.

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