Si sorprendente es la dejación normativa de la Administración regional en el caso del acceso a los espacios públicos, en la línea de lo ocurrido con la renta básica y otras normas, no menos perplejidad suscita que el Ejecutivo descubra el articulado de leyes aprobadas en la Asamblea con el apoyo del PP. Esto es lo que ha ocurrido tras la información publicada por ‘La Verdad’ sobre el artículo 54 de la Ley de Transparencia, que dejaría en situación delicada a Pedro Antonio Sánchez si sigue en el cargo en el supuesto de ser llamado a declarar al TSJ por el ‘caso Auditorio’. El presidente tenía ante sí un problema de mayor enjundia política que judicial, pero vista la inopia en sus filas todo es susceptible de empeorar. Basta con leer la jurisprudencia citada en el reciente auto del Supremo que archivó la causa contra el exalcalde de Vall d’Uxio, el popular Óscar Clavell, acusado de prevaricación y malversación, para constatar cómo la condena por vía penal a un alcalde, en supuestos que aborda habitualmente el derecho contencioso-administrativo, debe estar jurídicamente muy respaldada por evidencias sólidas de actuación arbitraria, injusta y contraria a derecho con pleno conocimiento. «No es la mera ilegalidad sino la arbitrariedad lo que se sanciona», razona el ponente del fallo, el juez José Ramón Soriano, quien en otra causa pidió el sobreseimiento libre de la exalcaldesa Barreiro por ‘Novo Carthago’, hasta que la Sala de lo Penal lo dejó esta semana en archivo provisional. El auto de Clavell tiene su miga porque sustenta la tesis de defensa de Sánchez (errores administrativos frente a ilícitos penales) y porque también está firmado por Maza Martín, el magistrado que ahora es fiscal general del Estado. Sánchez, cuya destreza política es inversamente proporcional a su pericia administrativa, tiene una acreditada capacidad para navegar por las aguas embravecidas de la política de pactos (ayer dio otra muestra con el acuerdo por el empleo de calidad), aunque sus patinazos jurídicos y los de los cercanos que dormitan en Babia no dejan de arrinconarle al borde del precipicio. El autogol del artículo 54 es para hacérselo mirar.

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