En muchos aspectos de la vida siempre es aconsejable tomar distancias para observar lo que acontece. Ahora, de una forma especial, porque en esta pandemia la única receta infalible para preservar la salud física es el distanciamiento social. Si además queremos transitar por esta crisis en buen estado de salud mental, nada mejor que tomar también cierta distancia de nuestra polarizada vida pública, donde una vez más aparecen las dos grandes trincheras políticas y esa vocación cainita tan española.

Mañana entramos en la segunda fase de la desescalada, esperemos que con la principal lección aprendida: las medidas de higiene y el distanciamiento son nuestros mejores escudos. Lo ganado con el confinamiento permite relajar algunas medidas para prevenir la infección. Algo de luz se otea al final del túnel. Pero el virus no se ha ido y no hay aún vacuna disponible. El Sars-CoV-2 todavía atesora muchos misterios para los investigadores. Uno de ellos es por qué algunos infectados muestran gran capacidad para transmitir el virus, a diferencia de la gran mayoría de los contagiados. Alrededor del 10% de los infectados serían causantes del 80% de los casos. La prestigiosa revista ‘Science’ arrojó luz esta semana con información útil y esclarecedora, al analizar los brotes de decenas e incluso cientos de casos que figuran en la base de datos de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Desde un grupo de 800 casos originados en un dormitorio para trabajadores migrantes en Singapur a 80 infecciones vinculadas a locales de música en vivo en Osaka y 61 entre los miembros de un coro de una iglesia de Mount Vernon, en Washington. Todas estas infecciones grupales se han producido en barcos, residencias de ancianos, plantas de procesado de carne, estaciones de esquí, iglesias, restaurantes, hospitales y prisiones, entre otros recintos. Lo interesante de esta información es que valida la recomendación de limitar las aglomeraciones en locales cerrados, donde el virus puede permanecer ocasionalmente en gotitas en suspensión en el aire, y a sugerir que podrían aliviarse las restricciones a las actividades al aire libre (solo se detectó un gran brote, 56 asistentes a una clase de zumba en Corea del Sur). Todo apunta en la misma dirección: se esté donde esté, la mejor protección es mantener esa distancia de separación física de dos metros.

La gestión de esta crisis está también entrando en una nueva fase política, donde la crispación y la lucha partidista está alcanzando cotas preocupantes. El Gobierno no hace nada para concitar el apoyo del principal partido de la oposición y éste rechaza cualquier acercamiento constructivo, exigible a toda formación de Estado. Si ya estaba complicado el panorama, el acuerdo del PSOE y Podemos con Bildu no ha hecho sino empeorarlo porque dinamita el imprescindible diálogo social entre empresarios, sindicatos y Gobierno. Digan lo que digan las insólitas encuestas del CIS de Tezanos (¡de marzo a mayo creció del 35,8% hasta el 70,1% el porcentaje de españoles que consideran buena o muy buena su situación económica personal!), el durísimo escenario que dibujan todas las instituciones de referencia europeas y nacionales aconsejan el máximo consenso. En lugar de eso, parece que parte de los esfuerzos se centran en ponérselo aún más difícil a muchos sectores productivos, como la hostelería; a las administraciones locales, sin recursos, por ejemplo, para cumplir con las exigencias de Sanidad en las playas, o a las propias familias, que deberán gastarse un pico en mascarillas para protegerse.

Corremos el riesgo de que con estas batallas políticas entre las derechas y las izquierdas acabemos por olvidarnos de que estamos en guerra contra un virus que ya ha causado 28.000 muertos en nuestro país. Existe esa tercera España que fue evocada en el siglo pasado por Salvador de Madariaga, que no quiere ser partícipe de enfrentamientos cainitas entre bandos históricamente enfrentados, pero que parece invisible porque no recurre al griterío. Un país de ciudadanos comprometidos con sus instituciones democráticas, hartos de dobles varas de medir, de quienes ven la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio. Personas que condenan todo tipo de escraches, sea quien sea el destinatario. Que hacen bandera de su tolerancia y se distancian de los radicalismos de uno y otro signo. Que crezcan en número debería ser nuestro mayor anhelo.

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El Gobierno de López Miras ya dispone de un Presupuesto para 2020 que le servirá para maniobrar con algo de holgura en estos primeros embates de la crisis, pero a nadie se le oculta que estas cuentas públicas de la Comunidad son un espejismo, una partitura que habrá de rehacerse a lo largo de los próximos meses. Lo deseable es que cualquier hoja de ruta presupuestaria, esta o la que finalmente se ejecute, tenga el mayor consenso entre Gobierno y oposición, como ha reclamado buena parte de la sociedad civil murciana en nuestras páginas. Lamentablemente, la negociación exprés entre PP y PSOE no llegó a buen puerto. Con sinceridad, no esperaba lo contrario, aunque teóricamente no fueron grandes obstáculos los que bloquearon un acuerdo. Percibo demasiada ausencia de química entre Miras y Conesa, demasiado tacticismo en uno y otro, como para pensar en la posibilidad, a corto o medio plazo, de ese necesario y sólido pacto. Cómo va a ser fácil si desde mayo pasado López Miras ningunea sistemáticamente a Conesa, y Conesa llama sistemáticamente llorica a López Miras mientras hace ademán de tenderle la mano. Lo cierto es que solo 24 horas después de la aprobación de las cuentas regionales volvieron las hostilidades entre ambos partidos en las redes sociales.

En el Gobierno central la situación aún es más compleja. Sin apenas avances para esos nuevos pactos de La Moncloa, la crisis del coronavirus está dejando cada vez más solo a Sánchez en el Congreso de los Diputados, donde tendrá muy difícil aprobar una cuentas públicas que sustituyan a las diseñadas por Cristóbal Montoro. No acaba el Ejecutivo de Sánchez de resolver ninguno de los problemas que arrastra desde el inicio de la crisis, como la falta de test o de material de protección que nos ha convertido en el país con más tasa de sanitarios infectados. O las dudas sobre los datos de fallecidos y contagiados, la situación de las residencias de ancianos, y los problemas de comunicación y coordinación, como el vivido esta semana con las condiciones para las salidas de los niños.

En todo caso, lo peor para Pedro Sánchez y Fernando López Miras no es la carencia de un vasto respaldo político o de unas cuentas ajustadas a los descomunales efectos de la pandemia. Es la constatación de que el perfil y la estructura de sus respectivos gobiernos de coalición son un enorme lastre para encarar la gestión de este monumental desastre. La hipertrofia del Ejecutivo de Sánchez, abiertamente cuestionada desde que se conoció la larga lista de ministros y el controvertido reparto competencial, no hace sino entorpecer la gestión de una crisis donde PSOE y Podemos van demasiadas veces a su aire. Por la alta exigencia de este desafío, la idoneidad de no pocos ministros está quedando más que en evidencia. Lo mismo sucede con parte de los miembros del Gobierno regional. Con luces y sombras, el consejero de Salud, Manuel Villegas, está dando la talla y transmitiendo una tranquilidad que viene acompañada por las cifras de la pandemia en la Región, un mérito que recae fundamentalmente en la generosidad y entrega de un personal sanitario volcado en su tarea sin la protección y número de test necesarios. Dicho eso, su papel sobresale del resto.

La destitución en el último Consejo de Gobierno de la directora general encargada de la (calamitosa) gestión de los ERTE, junto a la última de las recurrentes turbulencias en la Consejería de Empresa, incluida la espantada del que hasta ahora era el secretario general y el cambio de manos de las competencias de comercio, son reveladoras de la debilidad e inconsistencia en la gestión que se proyecta de modo más visible por el flanco naranja del Ejecutivo. Porque a lo anterior hay que sumar la aportación inane de la Consejería de Isabel Franco, que en ocasiones parece ir incluso a la contra. Desaparecidas en combate están las consejeras Beatriz Ballesteros y Cristina Sánchez, esta última al frente de la vital cartera de Turismo.

Sánchez y Miras tendrían motivos sobrados para hacer crisis de gobierno, pero hoy podrían hacer cualquier cosa excepto cambiar de generales en plena batalla. Y aunque tuvieran los arrestos políticos para acometerlas, ni siquiera podrían elegir la alineación completa, puesto que sería una tarea obligadamente compartida con Podemos y Ciudadanos. La pandemia llegó en el peor momento político posible, con el escenario de mayor polarización desde el comienzo de la democracia y con gobiernos de coalición en muchas administraciones públicas que fueron creados con criterios muy alejados de la eficiencia en la gestión.

Fernando Jiménez, profesor de Ciencia Política de la UMU, ya señalaba el pasado domingo en LA VERDAD cómo una de las grandes sombras en la gestión de la pandemia son las dudas sobre la capacidad de nuestras estructuras políticas, atenazadas por las prácticas clientelares, la politización de los niveles técnicos en las administraciones en detrimento de la profesionalización de la gestión pública, la falta de flexibilidad en la función pública… En esta crisis, donde hemos visto publicarse órdenes trascendentales en el BOE quince minutos antes de su entrada en vigor, para luego sufrir sucesivas rectificaciones en los días siguientes, está quedando en muy mal lugar la gestión pública por culpa de un sinfín de personas que desembarcaron en la política con nula trayectoria profesional.

El profesor Rafael Jiménez Asensio, quien aboga por expulsar de las filas de la política no solo a los corruptos, sino también a los incompetentes, escribía recientemente: «No podemos tolerar ni un minuto más tanta incompetencia directiva teñida de amateurismo», dice este experto en organización constitucional del Estado. Nos ha pillado la peor de las crisis con los peores líderes. Agárrense.

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En 1957, el físico Charles Percy Snow dictó una conferencia llamada ‘Ciencia y Gobierno’ que ha sido evocada durante el veloz avance del Covid-19. El motivo es que encierra claves sobre cómo los Gobiernos deben asesorarse, para la toma de sus decisiones políticas, sobre cuestiones donde la ciencia bordea las fronteras del conocimiento. En su escrito, C. P. Snow narró la disputa iniciada entre dos investigadores, Henry Tizard y F. Lindemann, en la Gran Bretaña de los albores de la II Guerra Mundial. Tizard dirigía el comité de expertos que asesoró al Ejecutivo laborista sobre cómo hacer frente a los bombardeos de la Alemania nazi. Su recomendación fue concentrar todo el esfuerzo financiero en el desarrollo de un incipiente invento, el radar. Esa estrategia era frontalmente despreciada por Lindemann, el principal asesor del entonces jefe de la oposición, Winston Churchill. Tizard acertó y Gran Bretaña sobrevivió a la ofensiva aérea de Hitler. En 1940, con Churchill al frente y la guerra de cara para los aliados, Tizard y sus colaboradores fueron desplazados por Lindemann, que sobre la base de cálculos erróneos, que nadie revisó, recomendó un bombardeo brutal de la industria y la población civil alemana, que resultó tan innecesario como cruel por ser trágicamente fallido.

Ahora estamos en otro tipo de guerra. También es mundial y se libra contra un enemigo que se desplaza por el aire, aunque en esta ocasión es genuinamente invisible, salvo para el radar molecular de los sofisticados test de diagnóstico que lo detectan en las mucosas de nuestra boca y nariz. Es un virus que nos invade y se propaga a enorme velocidad, obligando a adoptar medidas de contención propias de un conflicto bélico. Cierres de colegios, confinamientos en domicilios, limitación en la circulación de personas, controles policiales… Es probable que, con toda la comunidad científica volcada en el empeño, en año y medio se podrá derrotar al virus con una vacuna. Si así ocurre, habrá sido a pesar de una clamorosa descoordinación internacional, con cada país tomando sus propias medidas, aconsejados por científicos de cabecera sin que trasciendan las evidencias y los argumentos de sus decisiones.

Como intuía C. P. Snow, el tiempo está demostrando que cuando aparece un desafío pleno de interrogantes científicas es crucial que los Gobiernos recluten a los mejores investigadores, pidan opiniones discrepantes de otros expertos y gestionen la información de forma transparente y abierta. Justo lo que no está ocurriendo en esta pandemia. El primer error fue ignorar las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, institución que coordinó la lucha contra el precedente del Covid-19, el síndrome agudo y respiratorio (SARS) causado entre 2002 y 2003 por otro coronavirus. Muchos políticos, científicos, médicos y periodistas vivieron esa crisis en España. Cierto es que la magnitud del Covid-19 sorprende y desborda a todos, pero el riesgo era conocido, empezando por la posibilidad de que la información que llegaba de China no fuera fiable.

Entonces, como ahora, las autoridades chinas informaron a la OMS de la existencia de un brote cuando el virus ya se había diseminado por su territorio. El primer caso se produjo el 17 de noviembre en Wuhan, pero no fue hasta el 31 de diciembre cuando la epidemia es oficialmente comunicada a la OMS, después de días de censura en los medios locales y de persecución a médicos que intentaron alertar de los casos que tenían entre manos. Hasta el 11 de enero, China no compartió internacionalmente la secuencia genética del virus, de la que disponían desde el día 5. Dos días después, el 13 de enero, se declara la primera infección fuera del gigante asiático. Ahora se sabe, por un estudio publicado esta semana, que el virus circulaba por el norte de Italia ya a principios de enero. El primer caso se diagnosticó un mes después, el 20 de febrero, en Lombardía. El análisis de muestras de los 5.800 primeros infectados arroja un dato revelador: la cantidad de virus en las fosas nasales de los contagiados, la llamada carga viral, es similar tanto en pacientes con síntomas como en infectados asintomáticos. La conclusión es preocupante: el coronavirus está siendo propagado de forma inadvertida por personas sanas, posiblemente de forma masiva.

El Ministerio y las consejerías autonómicas de Salud pecaron de exceso de confianza cuando, después de que la OMS declaró el 31 de enero la emergencia mundial y tras el Consejo Interterritorial del 4 de febrero, anunciaron por boca de Salvador Illa que el Sistema Nacional de Salud estaba preparado. Aún no sabían que ya había transmisión comunitaria del virus en Europa, pero anticipar escenarios forma parte de sus responsabilidades. ¿Estuvieron bien asesorados? ¿Tuvieron todos la misma actitud? Imposible saberlo porque desde diciembre de 2018 el Ministerio ya ni cuelga las actas de los Consejos Interterritoriales de Salud. Es difícil explicarse las tibias recomendaciones del portavoz científico del Ministerio a finales de la primera semana de marzo, cuando ya había más de 380 casos, 9 de los cuales eran de origen desconocido, lo que implicaba que había personas infectadas moviéndose por España sin ser conscientes de ello, como advirtió el día 5 el mayor experto español en coronavirus, Luis Enjuanes, del CSIC. Inexplicable cuando, además, un informe del propio Ministerio del día 6 decía que no era descartable la transmisión asintomática, una posibilidad suscitada en febrero cuando la mitad de los viajeros del crucero ‘Princess Diamond’ dieron positivo sin tener síntomas.

Esta guerra se va a ganar, pero la victoria habría sido menos amarga con un Tizard liderando un equipo independiente de expertos que con un Lindemann poniéndose de perfil en momentos políticamente sensibles para su Gobierno. El comité anunciado hace una semana por Sánchez llega tarde, pero su actuación aún es decisiva y ojalá acierte. Ayer propició una decisión relevante de Pedro Sánchez, la suspensión durante dos semanas de la actividad no esencial en todo el país. Dicho esto, la responsabilidad última es indelegable. Recae en el presidente y en los gestores del Sistema Nacional de Salud, que tuvieron la posibilidad de actuar, como hicieron sus antecesores en la crisis de las ‘vacas locas’, conforme al Principio de Precaución previsto en los Tratados de la UE para amenazas medioambientales o de salud pública.

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Mike Tyson es lo menos parecido a un filósofo, pero el legendario boxeador dejó para la posteridad una lúcida frase que ha hecho fortuna: «Todo el mundo tiene un plan hasta que te dan la primera en la boca». ¡Qué razón tenía! Lo importante no es el hecho de recibir una dura bofetada (un revés siempre termina por llegar en la vida), sino cómo reaccionas cuando se produce, cómo actúas cuando las cosas inesperadamente se tuercen. Hace tiempo que el Gobierno regional formado por PP y Ciudadanos se llevó la primera de muchas. De ahí que se le vea a menudo inestable, agarrándose a las cuerdas de un imaginario ring. Y aunque no rehuye las distancias cortas y se faja en el cuerpo a cuerpo, tiende a trabarse con el adversario porque la pelea política no le da un mínimo respiro. Ni que decir tiene que en este cruce de guantazos hay multitud de golpes bajos. Por ambas partes.

Una semana más, los populares y los socialistas murcianos han demostrado que harán lo que haga falta para mantener o conquistar el poder, que es, en suma, de lo que va esta historia de la política. Esa es la molla. El resto es aderezo. Lo que está por ver es quién aguantará más tiempo en pie. El PSOE de Diego Conesa no deja de soñar con una moción de censura. Así lo dijo el pasado jueves: la hoja de ruta no ha cambiado. Aunque hoy no parece posible que prospere, los socialistas murcianos mantienen abierta esa estrategia porque desgasta al Gobierno regional, que atraviesa por todo tipo de problemas internos y externos. Para empezar están los quebraderos de cabeza desatados por sus socios de gobierno, inmersos en plena pugna por el liderazgo regional de Ciudadanos que se dirimirá esta primavera. El partido naranja se deshilacha y, pese a los esfuerzos de su gestora, en los temas más controvertidos están anclados en la ambigüedad. Y eso es especialmente dañino para el Ejecutivo, donde la vicepresidenta Isabel Franco va a su aire, poniendo palos en las ruedas de los Presupuestos, intencionadamente o no, con anuncios a destiempo y fuera del control de San Esteban. Pero sin duda el mayor problema para López Miras deviene de haber claudicado ante el ‘pin parental’ de Vox, una medida de más que dudoso encaje en la Constitución, la ley educativa del popular Wert y los decretos curriculares de la propia Consejería. El veto parental, apoyado en unos informes jurídicos que nadie ajeno al Gobierno ha logrado ver, no ha venido a solucionar nada sino a crear un problema que no existía, como paradójicamente reconoció el propio Gobierno regional. Ni una sola queja en los centros educativos. Ni un sondeo regional o nacional donde aparezca entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. Que el ‘pin parental’ sea el gran asunto público es para echarse a llorar cuando tenemos la segunda tasa más alta de abandono escolar temprano (22,6%), cuando uno de cada tres chicos murcianos de quince años ha repetido uno, dos o hasta tres cursos y cuando el número de ‘ninis’ ronda los 38.000. A diferencia de los populares de Madrid y Andalucía, que se resisten a pasar por ese aro, López Miras persevera en el error de hacer parcialmente suyo el relato político de Vox, lo que unido a la victoria de los de Abascal en las últimas generales nos ha reportado una singularidad política de infaustas consecuencias, con un hueco casi a diario en los telediarios nacionales. Y es que la polarización, propulsada en los últimos años por los populismos radicales de izquierda y de derecha, históricamente desemboca en guerras culturales donde conservadores y progresistas tratan de hacer valer sus principios morales y credos ideológicos. En tiempos de calma, los conservadores enarbolan la bandera de la libertad y los progresistas la de la igualdad, que se confrontan por cauces civilizados. Cuando el debate se crispa, descarrila la tolerancia, se desligitima al adversario y se busca su aniquilación, la batalla ideológica entonces se vuelve descarnada.

Hete aquí que la nueva guerra cultural tiene su campo de batalla en la Región de Murcia, feudo y laboratorio de ‘ideas’ de Vox. La singular agenda de la derecha más radical supone el mejor pegamento para PSOE y Podemos, que van a esta guerra con toda la artillería pesada de La Moncloa. Sánchez le ha puesto la proa al débil Gobierno regional del PP/Cs. Ritmo cansino en la recuperación del Mar Menor, trasvases con recortes para regadío, advertencias de que el ‘pin parental’ se anulará en los tribunales y la intervención de las cuentas de la Comunidad para retener parte de la financiación y pagar directamente a los proveedores. Hasta los regantes y el sector agroalimentario empiezan a pensar que les irá mejor si van solos a ver al Gobierno nacional que de la mano del consejero regional del ramo. En este proceso, el PSOE corre el riesgo de pasarse de frenada si los ciudadanos perciben una estrategia de derribo que tangencialmente puede impactarles negativamente. Avalada por la ley de estabilidad presupuestaria de Cristóbal Montoro, la intervención de Hacienda es jurídicamente irreprochable pero políticamente severa, después de que el Ministerio, por estar en funciones, retrasara el pago de parte de las entregas a cuenta hasta diciembre. Durante casi todo el año, la Comunidad tendrá tensiones financieras. De entrada habrá cierre temporal de las arcas públicas, con todo lo que comporta, hasta que se calcule la deuda comercial.

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Es necesario hacer un gran esfuerzo de memoria para recordar la última vez que, en una rueda de prensa del Consejo de Ministros, hasta tres miembros del Ejecutivo han comparecido para anunciar que se llevará a los tribunales a una comunidad autónoma si no rectifica una decisión supuestamente ilegal. Habría que remontarse a los momentos más delicados del órdago independentista catalán para encontrar una imagen similar a la ofrecida por María Jesús Montero, Isabel Celaá e Irene Montero, que no ven ninguna incoherencia en defender la «desjudicialización» del conflicto en Cataluña y a la vez advertir al Ejecutivo murciano de que acabará en los tribunales si no retira el llamado ‘pin parental’. No es comparable el conflicto en Cataluña con «la vulneración de una norma», precisó con naturalidad la nueva portavoz de Pedro Sánchez. Si tiene razón o no viene en la práctica a ser lo mismo, porque en la política española ya no rige el principio de no contradicción (ahora se puede ser o decir una cosa y la contraria a la vez, sin que pase factura en las urnas). Cada vez se parece más a la definición que repite Pablo Iglesias cuando se le afean incoherencias: «La política consiste en cabalgar contradicciones». Lo importante es conquistar el poder y ejercerlo.

Nada de lo ocurrido estos días es improvisado. La ofensiva del PSOE contra el Gobierno regional de PP y Cs por el ‘pin parental’ de Vox comenzó a planificarse desde que se atisbó que la negociación de los Presupuestos regionales podía fracasar por ese asunto. Con Cs hecho trizas aquí por sus luchas de poder y las particulares exigencias de Vox, el Ejecutivo de López Miras dio muestras de tambalearse. Un ‘tuit’ del presidente Sánchez anticipaba el jueves que toda la maquinaria de Moncloa iba a ponerse en marcha. Así fue. De nuevo, la Región volvía el viernes a estar en el foco nacional, eclipsando el antiestético nombramiento (impecable según Sánchez) de la exministra Delgado como fiscal general del Estado. El desastre del Mar Menor, la victoria de la derecha radical y populista en las urnas y ahora el ‘pin parental’. Esto es lo que tiene ser el laboratorio territorial de las políticas de Vox.

El problema para López Miras y sus socios es que la ofensiva judicial del PSOE, como teme ahora Ciudadanos, puede prosperar: la orden dictada en agosto por la Consejería de Educación a los colegios e institutos para que cuenten obligatoriamente con el consentimiento de los padres en las actividades complementarias (charlas, salidas a museos, conferencias… en horario lectivo) parece contraria a los propios decretos curriculares del Gobierno regional. Con el ruido de la polémica en un ámbito tan sensible e ideologizado como la Educación, es posible que parte del debate se desvíe hacia una frase de Celaá («no podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres») o hacia las apelaciones genéricas a la libertad realizadas por Teodoro García Egea. Pero eso no cambia el escenario que se avecina. Si el apoyo a los Presupuestos de Vox estaba condicionado al blindaje normativo de ese veto parental, que ya aceptaron PP y Cs en el pacto de investidura de López Miras, es porque teme la debilidad de la instrucción emitida por la Consejería, pese a que dice contar con el visto bueno de sus Servicios Jurídicos y la Inspección. A lo largo de los últimos meses, los sindicatos de docentes y la asociación de directivos de centros públicos de Educación Secundaria presentaron recursos de alzada contra la orden, pero fueron rechazados sin entrar en el fondo de la cuestión y ya están en marcha recursos contencioso-administrativos, al margen de lo que pueda hacer el Gobierno central. El ‘pin parental’, una propuesta que crea problemas donde no existían, produce rechazo hasta en algunos dirigentes populares, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que se niega a aplicar una medida que no figura en la Lomce y que pone en cuestión la autonomía de los docentes para elegir los contenidos. No le falta razón: una cosa es la libertad de elección de centro y otra que los padres puedan negar la participación de sus hijos en actividades complementarias que son seleccionadas por los equipos docentes y directivos y luego se detallan en la Programación General del Aula. Actividades que son evaluables a efectos académicos y obligatorias para los alumnos, según el decreto que establece el currículo de la Educación Primaria en la Región. Es posible que el Gobierno de Miras opte por seguir adelante y modifique los decretos curriculares, pero eso no le librará de la acción del Ejecutivo central porque, además de apreciar que contraviene normas autonómicas, ve indicios de inconstitucionalidad (no cabe la objeción de conciencia en los contenidos curriculares).

La legislatura que se inicia será especialmente bronca. Todo apunta que habrá mucha batalla ideológica. A esto lo llaman hacer política, aunque al final acabe en los tribunales de Justicia. Especialmente con la Educación, un frente donde la izquierda y la derecha acentúan sus divergencias e imposibilitan un pacto de Estado, para desgracia de los españoles. El nuevo Gobierno de coalición ya ha anunciado que la asignatura de Religión dejará de contar para la nota. Y pronto recuperará su proyecto de ley educativa que sustituirá a la Lomce del PP. Pasaremos de la ley Wert a la ley Celaá. Será la enésima desde el inicio de la democracia. Con los Gobiernos central y autonómico escorados hacia las posiciones más radicales de izquierda y derecha por sus respectivas alianzas, la polarización que se avecina puede llegar a tensionar la vida pública, con un claro riesgo de deterioro de las instituciones y de la convivencia, si todos optan por estrategias de confrontación para sacar un rédito político.

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(...)
Read the rest of Vivir en el alambre (848 words)Ni es el ‘gobierno bonito’ de la primera etapa de Pedro Sánchez, que sorprendió con el relumbrón profesional de sus independientes, ni tampoco parece el ‘gobierno del insomnio’, ese monstruo de dos cabezas, una roja y otra morada, que puede reventar el marco constitucional del 78. Todo, sin embargo, es posible con el imprevisible y zigzagueante Sánchez. Con probabilidad, su Ejecutivo acentuará la faceta que más le convenga en cada momento para transitar por una legislatura que nace bronca y turbulenta. La debilidad parlamentaria del PSOE (su investidura solo fue posible con la abstención de Bildu y ERC) y las exigencias del independentismo condicionan la singladura de un Gobierno de alto peso político, marcado perfil económico y una indeseable hipertrofia de altos cargos en la bancada azul (cuatro vicepresidentes y dieciocho ministros) que no obedece a razones funcionales, sino a reparto de cuotas de poder, egos y estrategias para diluir el protagonismo de Iglesias y Podemos, portadores de carteras ‘blandas’. Hay decisiones que solo se explican por esta inédita condición de primer gobierno nacional de coalición. Por ejemplo, es positivo que el Medio Ambiente tenga una vicepresidencia y que la transición ecológica implique a todos los Ministerios. Pero tras esa decisión se atisba también un intento de opacar a Iglesias. Será difícil que él y Teresa Ribera no choquen por la agenda 2030, que compete al líder de Podemos, pero en la que hay mucho contenido medioambiental. Solo por la necesidad de dar carteras a sus socios puede entenderse el error mayúsculo de separar Universidades y Ciencia, cuando históricamente el PSOE luchó por lo contrario, en consonancia con el deseo de científicos y docentes universitarios. O crear un Ministerio de Consumo, que dirigirá Alberto Garzón, para competencias que podían depender de una secretaría de Estado, dado que casi todas se transfirieron junto a la Sanidad a las comunidades autónomas.

El aspecto más positivo de este Ejecutivo es el reforzamiento del área económica con perfiles técnicos de alto nivel, como Arancha González Laya en Exteriores y José Luis Escrivá en Seguridad Social, ambos muy en la línea de la vicepresidenta Nadia Calviño. Sánchez, que citó a Manuel Azaña durante investidura, habrá tenido en cuenta una recomendación clave del expresidente republicano: no hay mejor propaganda que la prosperidad. En un escenario de desaceleración, una gestión económica equivocada puede acortar la vida del Gobierno. Su otro ‘Everest’ será el órdago separatista catalán. Para escalarlo, Sánchez ha concentrado el máximo poder político en el Gobierno, en detrimento de las estructuras orgánicas de un partido, con menguados contrapesos y con los barones territoriales en camino hacia la irrelevancia. Salvo Iceta, no fueron tenidos en cuenta en el acuerdo con ERC que facilitó la investidura, un pacto que luego refrendó el plenario de la Ejecutiva sin el debate previo que históricamente habría sido intenso en una cuestión de semejante calado. Ese pacto con ERC, partido imprescindible para aprobar los Presupuestos, entraña riesgos. Tantos que pueden llegar a dinamitar la presidencia de Sánchez. No solo porque ERC dejó claro en la investidura que les importa un comino la gobernabilidad de España. También por los compromisos adquiridos por el PSOE en un documento que asume el relato independentista del «conflicto político» que Puigdemont y Junqueras llevan años vendiendo en Europa (¿Qué pensará Borrell?). En virtud de ese acuerdo se crea una mesa de negociación bilateral entre los Gobiernos central y catalán, que solo es admisible en nuestro ordenamiento jurídico para resolver conflictos competenciales entre administraciones. Parece haberse olvidado que el TC ya dejó sentado que la bilateralidad es inconstitucional si se plantea en términos de igualdad dado que el Ejecutivo central tiene primacía como garante del interés general. En términos genéricos se habla de evitar la «judicialización» del «conflicto político» mediante el diálogo. Ya hubo en el Gobierno de Rajoy quien pensó lo mismo y fracasó con el ‘dialogante’ Junqueras. De no haber sido precisamente por los tribunales del Justicia que garantizan el Estado de Derecho ahora estaríamos en una situación bien diferente. El Gobierno de Sánchez caminará por el alambre, de la mano con Podemos, y con el plácet de partidos independentistas que no respetan el principio de legalidad y que buscan a toda costa un referéndum que, a día de hoy, solo sería legal como consulta para una reforma estatutaria

De partida siempre es complicado gobernar en coalición. Que se lo digan al PP murciano, enmendado por su socio de gobierno con el decreto del Mar Menor y bloqueado en los Presupuestos por Vox, su apoyo externo. Miras intenta proyectar normalidad pero su Ejecutivo atraviesa momentos delicados. No avanza en sus dos tareas cruciales y eso transmite vulnerabilidad e impotencia. Lo deseable es que el decreto del Mar Menor hubiera entrado en vigor con el mayor consenso político y social, pero hoy su eficacia suscita dudas y deja resquicios en materia urbanística que crean inseguridad jurídica. La norma incorpora actuaciones positivas. Otras parecen mejorables. Lo sorprendente es que Cs, coautor del decreto, se dé cuenta a posteriori y lidere su enmienda, con un pie en el Gobierno y con el otro en la oposición.

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Juan e Isabel viven en los asientos delanteros de un Renault Laguna. Todo cuanto poseen viaja con ellos en la parte trasera del vehículo, que va cambiando de ubicación en la pedanía de Puente Tocinos para evitar posibles multas. Ese es el hogar de estos dos septuagenarios, que malviven con los 600 euros de la pensión de Juan, una cantidad que les daría para un alquiler barato, pero en ningún caso para abonar luego la luz, el agua y poder comer. Hoy contamos en páginas interiores la historia de Isabel y Juan, intuyendo que hay otras muchas parecidas cerca de nosotros aunque condenadas a la invisibilidad. Alrededor de 273.000 personas en la Región de Murcia, el 18,5% de la población, se encuentran atrapadas en el pantano de la exclusión social. Así lo acredita el informe de la Fundación FOESSA presentado esta semana por Cáritas Diocesana de Cartagena, un estudio territorializado que es referente desde hace ocho años a nivel nacional para escrutar la evolución de la pobreza y el grado de cohesión social. El informe FOESSA concluye que la exclusión se ha enquistado en nuestra estructura social, donde se detecta una fuerte tendencia a la precarización del empleo y aparece la vivienda como factor clave para explicar las dinámicas de exclusión. Cien mil personas viven hoy en nuestra comunidad autónoma con la incertidumbre de quedarse sin casa y diez mil están solas, sin ningún apoyo en caso de dificultad o enfermedad. En ese 18,5% de la población murciana, un amplio colectivo al que FOESSA y Cáritas denominan ‘la sociedad estancada’ porque tiene averiado el ascensor de la movilidad social, habría 138.000 personas en situación especialmente severa, de los cuales unos 37.000 amanecen cada mañana en la Región pensando cómo podrán sobrevivir un día más. Este dramático panorama habría sido peor de no ser porque la red de apoyo familiar aún resiste y ahí sigue la impagable labor con las personas vulnerables que realizan las entidades sociales. La respuesta, aún así, sigue siendo insuficiente. Primero porque persiste una amplia tasa de desempleo y la precariedad laboral empieza a consolidarse estructuralmente (el 38% de las personas excluidas en la Región de Murcia tienen trabajo). Y en segundo lugar, porque el gasto público en prestaciones sociales es aquí más bajo que en el conjunto de España. Por el menor desembolso en nuestro territorio de la Seguridad Social y por la menor aportación de la Administración regional y las corporaciones locales. Así, ciertas prestaciones dirigidas a los más vulnerables, como la renta básica de inserción, solo llegan en la Región a un 13% de la población con pobreza severa.

Los partidos políticos de la Región deberían analizar con detalle las más de 200 páginas de este estudio, donde queda acreditado el amplio apoyo social a la inversión en servicios sociales (el 73% de los encuestados son partidarios de aumentar los recursos públicos). Sin embargo, muy poco eco político ha tenido el informe de la Fundación FOESSA, pese a sus duras conclusiones y a que fue ampliamente difundido por LA VERDAD y otros medios de comunicación. Se aborde o no, esta cruda realidad está aquí y debería tenerse en cuenta ahora que nuestros gobernantes establecen sus prioridades para los próximos Presupuestos regionales. Es tarea de todos y de ahí que Cáritas acierta cuando plantea la necesidad de crear espacios de responsabilidades compartidas entre las administraciones públicas y las entidades sociales para impulsar iniciativas que hagan frente a la desigualdad y la exclusión social.

En este drama hay elementos de esperanza y auténticos modelos de ejemplaridad pública. Empezando por la propia Cáritas, que atiende en la Región de Murcia a tres de cada diez personas en situación de exclusión. Hay una Región de Murcia luminosa y solidaria que merece ser reconocida y apoyada. Por segundo año consecutivo, LA VERDAD y la Obra Social de la Caixa reconocimos esta semana el trabajo de cinco organizaciones no gubernamentales de la Región. En esta ocasión, los protagonistas fueron las asociaciones Beto, por su apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad y por su labor formativa; Alfa, por el apoyo a la integración social de personas con discapacidad a través de pisos tutelados; Neri, por su proyecto de ayuda humanitaria para inmigrantes y personas sin recursos; Acdomur, por sensibilizar y contribuir a promover actividades de voluntariado educativo y sociocultural, y Traperos de Emaús, por su acompañamiento integral a personas con dificultades especiales. Hay otras muchas más (Jesús Abandonado, Rais, Columbares,Cepaim, Cruz Roja…) que, junto a las anteriores, hacen de nuestro Tercer Sector un modelo a seguir para el conjunto del país. Todo esfuerzo es bienvenido, por insuficiente que a priori pueda parecer, para hacer frente a este descomunal reto que nos interpela moralmente a cada uno de nosotros.

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Si el historiador Raymond Carr calificó la Transición como un «festín para los politólogos», me pregunto qué diría entonces hoy de la realidad sociopolítica que atraviesa la Región de Murcia, a la vista del inextricable resultado electoral del 10-N y las conclusiones del Barómetro de Otoño del Cemop. Que Vox iba a crecer era previsible por el impacto de la espiral independentista catalana en una comunidad autónoma que sigue teniendo una mayoría social conservadora, el más acentuado sentimiento de españolidad y el más bajo perfil identitario de todo el país. Pero ni los más avezados especialistas en sociología política habían imaginado que los de Santiago Abascal vencerían con casi el 29% de los votos, siendo la primera fuerza en hasta 16 municipios murcianos. En realidad no lo esperaban ni los dirigentes nacionales de Vox. La prueba está en que, en lugar de afianzar a su cúpula regional tras la victoria, lo que ha hecho es laminarla por completo para formar una gestora capaz de gestionar este inopinado éxito. Como era de prever, a la primera ocasión propicia, Vox ha irrumpido en la política regional pateando el tablero de juego. No solo ha roto consensos institucionales sobre violencia de género sino también en materia de protección a la infancia, negándose a rubricar un documento de Unicef e impidiendo por primera vez la unanimidad necesaria para una declaración de la Asamblea en favor de los derechos de los niños, de todos los niños. Los dirigentes populares piensan que la situación es coyuntural y que los votos fugados a Vox son recuperables, aunque un exceso de confianza puede resultarles fatal. Basta con echar un vistazo en la UE para comprobar cómo el centroderecha es irrelevante, o ha desaparecido, en aquellos países donde otras formaciones populistas de derecha radical han crecido exponencialmente (Francia, Hungría, Polonia, Italia…).

Vox quiere sustituir al PP como Podemos al PSOE. Aquí está encontrando un caldo de cultivo favorable, a la vista de las respuestas del sondeo del Cemop a la pregunta por las preferencias sobre la forma de organización territorial de España. Durante décadas, la Constitución, y el modelo autonómico consagrado en ella, ha sido mayoritariamente percibida como la clave de bóveda de la mayor etapa de progreso en nuestra historia reciente. Pues bien, ahora un 22,8% de los encuestados en la Región de Murcia desearían un Estado central sin autonomías y casi la mitad preferiría mantener el modelo actual, pero con algunas competencias, como la educación y la sanidad, en manos del Estado. Ese desapego de los murcianos hacia el autogobierno debería motivar una reflexión profunda en los representantes públicos locales. Es la señal más clara de que el desafecto y hartazgo sobre la realidad política alcanzan ya cotas alarmantes. El diagnóstico es sencillo; lo complejo es la respuesta. A mi juicio, se equivocarán quienes pretendan reprender a una parte importante del electorado por el sentido de su voto, llegando incluso a tacharlo de ultraderechista de manera simplista, en lugar de profundizar en las causas multifactoriales del crecimiento de Vox, que recogió votantes procedentes de todos los partidos, incluido de izquierdas.

En el plano político, y también informativo, Vox plantea intrincados desafíos porque sus políticas no se basan en la evidencia, sino en mensajes con una pesada carga emocional que apelan más a los sentidos que a la razón, lo que cuaja en peligrosos discursos de trazo grueso sobre la inmigración y la libertad sexual. Lo grave no es tanto su discrepancia con las leyes contra la violencia de género o las actuaciones contra el cambio climático, lo cual tiene legitimidad democrática, como la misma negación de fenómenos de incontestable naturaleza. En esta tesitura hay muchas personas de buena fe que abogan por cordones sanitarios o por vetos informativos. En mi opinión, sin ánimo de arrogarme la posesión de la verdad, ese es precisamente el combustible que aviva su llama y le hace ganar terreno. Insistir en esa línea es tan contraproducente y peligroso como la opción contraria: el blanqueo de cualquier relato político que rezume xenofobia y homofobia. Creo que el único camino transitable es el que siempre nos permitió avanzar: más y mejor política democrática, más y mejor periodismo veraz y riguroso. Nunca menos ni de lo uno ni de lo otro. Así se hizo durante la Transición, un periodo mucho más complicado de lo que la mayoría ha interiorizado. Poco después de la aprobación de la Constitución del 78 llegó lo que los sociólogos, historiadores y periodistas llamaron el Desencanto. Porque en medio de la violencia de radicales de uno y otro signo, pronto descubrimos que el gran valor de la democracia fue precisamente traer las libertades que permitieron sacar a la luz problemas y conflictos que la dictadura enmascaraba para amañar nuestra visión de la vida pública. Si los momentos más duros se superaron entonces, cómo no ahora.

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Bismarck tenía razón: nunca se miente tanto como antes de unas elecciones, durante una guerra y después de una cacería. Mentir es mucho más grave en política que incumplir lo prometido, pero es difícil saber cuándo estamos ante lo primero y cuándo ante lo segundo. Por esa razón, las consecuencias son similares en ambos casos: una inmediata pérdida de credibilidad de quien incurra en cualquiera de esos dos pecados capitales. Lo grave es que nuestra memoria colectiva es hoy tan frágil y tiene una vida tan corta que a la mayoría de los ciudadanos se nos olvida quién ha faltado a la verdad y quién no ha hecho lo que dijo que haría, pasándose de inmediato la gravosa factura de esos comportamientos a toda la clase política. Y es así como, poco a poco, se genera desafecto hacia el propio sistema democrático, para disfrute de populistas radicales, de izquierdas y de derechas, que se benefician del hartazgo general gracias a su condición de novísimos y a promesas que nunca estarán en condiciones de poder cumplir.

En estos tiempos de posverdades, y como a muchos españoles, el giro copernicano de Pedro Sánchez me tiene estupefacto porque fueron muchos meses negando cualquier posibilidad de acuerdo con Podemos hasta casi el mismo día de las votaciones. Como presidente no «dormiría por la noche», decía, «junto con el 95% de los ciudadanos que tampoco se sentirían tranquilos». Sánchez tiene esa habilidad de los supervivientes natos para acomodarse a las circunstancias y adquirir la flotabilidad del corcho. Me consta que esta camaleónica identidad es especialmente complicada de gestionar para sus colaboradores, muchos de los cuales quedan ahora en entredicho. He visto a más de un ministro del actual gabinete en funciones argumentando en privado que los hechos venían demostrando la imposibilidad de un acuerdo de gobierno con Podemos por su posición en Cataluña. De ahí que calificar de «ilusionante», como hizo Sánchez, el precario preacuerdo entre PSOE y Podemos resulta cuanto menos sorprendente. El candidato socialista a la Presidencia remitió una carta sobre el pacto a sus militantes, que ayer lo refrendaron en una consulta interna, pero aún tiene pendiente una explicación a los ciudadanos sobre cómo lo imposible durante tres meses resultó luego posible en menos de 48 horas. Qué menos si el 95% de los ciudadanos puede que no se sientan tranquilos, como él mismo dijo. Es verdad que no es el momento más dulce para dar la cara tras la sentencia del caso de los ERE, que trajo una dura condena para dos expresidentes socialistas andaluces, pero es lo responsable y exigible tras ese varapalo judicial al PSOE y, sobre todo, si pretende lograr la investidura con el apoyo de los independentistas de ERC.

La credibilidad que pierde por un lado la gana parcialmente por otro, aunque en las actuales circunstancias le reporta poco provecho político personal. Sánchez dijo que eliminaría el impuesto al sol y que revertiría el ‘hachazo’ a las primas de las renovables del Gobierno de Rajoy. Y lo justo es señalar, como hemos informado esta semana, que ha cumplido lo prometido, dando estabilidad durante más de una década a unas 15.000 familias de la Región que invirtieron en el sector de las plantas fotovoltaicas. El decreto aprobado el viernes por el Ministerio de Transición Ecológica es digno de aplauso. No podemos decir lo mismo de la decisión, en la antesala de las últimas elecciones, de no prorrogar el decreto de sequía en base a una argumentación, la existencia de una objeción del Consejo de Estado, que a la luz de los documentos que publicamos este viernes no puede acreditarse porque tal dictamen no existe. Por el contrario, sí consta un escrito de la Confederación del Segura pidiendo la prórroga del decreto porque la situación había empeorado. Tras meses solicitando ese dictamen del Consejo de Estado, que se nos negaba con el argumento de que tenía carácter reservado, resulta ahora que solo fue una advertencia verbal. En política, para ser creíble hay que estar en disposición de demostrar lo que se dice para justificar una decisión. Sobre todo si afecta a un asunto clave para decenas de miles de ciudadanos.

También conviene estar muy seguro de que se puede cumplir lo que se promete. En la entrega de los premios Herentia, López Miras dijo a los empresarios que no lo hará más en asuntos que no dependen de él (se comprometió con los organizadores del Congreso de la Empresa Familiar a que el AVE estaría a tiempo para la cita). Alguien debería aconsejarle que aplique también esas cautelas a lo que está en su mano. Se habría ahorrado el revolcón que le dio el líder de la oposición, Diego Conesa, cuando en la Asamblea le recordó el miércoles que de sus diez compromisos para los cien primeros días de gobierno solo uno se ha cumplido. Por si acaso, que Conesa tome también nota. Quizá en un año reciba la misma medicina de Miras, si Adif no cumple y la obra del AVE se alarga más allá de 2020.

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