Han pasado 40 años desde que a Jesús Sancho Rof, el ministro de Sanidad al que le explotó la crisis del aceite de colza, se le atribuyeron unas palabras sobre un caso de neumonía mortal en Torrejón que luego resultó ser una de las primeras víctimas del síndrome tóxico: «El mal lo causa un bichito. Es tan pequeño que si se cae de la mesa se mata». La frase le persigue desde entonces. Hace cinco años, este ministro de UCD aseguró que se trata de una leyenda urbana. Y se defiende. Dijo que tras revelarse en la autopsia la presencia de la bacteria ‘Mycoplasma pneumoniae’, a la pregunta de un periodista de si se iba a investigar la base estadounidense de Torrejón, él se limitó a decir: «Es una enfermedad que se transmite por el aire, ¿qué quiere que busquemos en Torrejón? ¿Mycoplasmas muertos por el suelo?»

Cualquiera de las dos alternativas (en la segunda tampoco queda bien el periodista) valen para consolidar este episodio como un verdadero paradigma de mala comunicación en situaciones de crisis sanitaria. Desde la aparición de la enfermedad de las ‘vacas locas’, los Gobiernos han dejado, con buen criterio, la comunicación en manos de profesionales especializados, como sucede ahora con el nuevo coronavirus. Se ha mejorado mucho, pero aún estamos lejos de una óptima información porque a la impericia, a veces de políticos, periodistas, e incluso de médicos, se suman ahora los bulos que circulan por las redes sociales. Mal asunto porque la alerta por el coronavirus va para largo y está teniendo todo tipo de consecuencias.

En la gestión de toda crisis sanitaria de origen vírico existe una ventana de contención. Un intervalo de tiempo, por regla general no demasiado extenso, en el que es posible acotar un brote antes de que pueda quedar fuera de control. Esa ventana de oportunidad se abre y se cierra sin previo aviso. Para aprovecharla hay que estar alerta y actuar con celeridad. El pasado domingo, la ventana de contención del coronavirus prácticamente quedó cerrada a nivel global. Todos los esfuerzos de China por contener la propagación del agente infeccioso en Wuhan fracasaron, pese a mantener aislada a la población de ciudades enteras. Cuando el coronavirus llegó a Italia solo era cuestión de tiempo la aparición en España de casos importados, pero también de casos locales, infectados que no han estado en zonas de riesgo, que no han tenido contacto con personas enfermas o que hayan viajado al extranjero recientemente. Solo si hubiera una transmisión descontrolada y una entrada masiva de casos importados, habría que pasar a la fase de mitigación, que implican el reforzamiento de toda la estructura de atención hospitalaria.

Por lo que hoy saben los científicos del nuevo coronavirus, existen más motivos de preocupación para los economistas que para los expertos en salud pública. Todavía no se dispone de una vacuna ni se conoce cómo saltó la barrera de las especies afectando a los humanos, pero los primeros datos indican que su mortalidad no excede del 4% y que en la inmensa mayoría de los casos produce síntomas leves. Son las personas de mayor edad o con patologías respiratorias de base las más vulnerables. Eso debería tranquilizarnos a nivel personal, pero no por eso debe bajarse la guardia con las medidas sanitarias. El hecho de que este microorganismo sea altamente contagioso, y de que existan portadores sin síntomas, dificulta su detección y facilita su propagación. De ahí que una tasa de mortalidad del 3 ó 4% puede ser considerable si los infectados a nivel mundial se multiplican exponencialmente. Los virus son seres vivos que pueden mutar, adquiriendo una menor o mayor agresividad. De ahí que resulten razonables todas las medidas de las autoridades sanitarias españolas. Con todas sus limitaciones financieras, al cabo de cuarenta años tenemos uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo y una comunidad biomédica de primer nivel, que estará a la altura del nuevo desafío. Y esto sí que no es una leyenda urbana, sino una realidad que nos tranquiliza y llena de orgullo.

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A este paso vamos a necesitar una mesa de diálogo y una mediación internacional para encauzar las relaciones entre el Gobierno central y el murciano. Con relator incluido. Lejos de bajar el tono de la confrontación, el choque de trenes crece en intensidad. Pedro Sánchez no recibe ni siquiera unos minutos a Fernando López Miras, tras haberlo solicitado por múltiples vías desde su toma de posesión. Y a su vez, López Miras no le da cita al líder socialista regional Diego Conesa, que se lo ha pedido tres veces por carta desde que logró convertir al PSOE en el partido más votado en las autonómicas.

De las cartas pidiendo cita, ambos ejecutivos han pasado a los requerimientos y a las advertencias de que se verán en los tribunales. Al ultimátum de la ministra Celáa sobre el pin parental, respondido con un plantón de la consejera de Educación, se suma ahora el requerimiento del Gobierno regional para que el Ministerio elimine el aporte de nutrientes que llegan al Mar Menor por la rambla del Albujón y el acuífero. Ahora ya solo faltaría, para cuadrar el círculo de este diálogo de sordos, que el Ministerio exija judicialmente a la Comunidad que actúe en origen y evite que esos aportes lleguen desde los bancales al colmatado acuífero.

¿Por qué están las posiciones tan enrocadas? ¿Por qué es la Región de Murcia la comunidad con la relación más tensa con el Gobierno central? Mi impresión es que PP y PSOE son conscientes de que este año será especialmente duro en la Región. Hay un cóctel socialmente explosivo sobre la mesa por la conjunción del empeoramiento de la economía, con un repunte del paro; la intervención por Hacienda de las arcas de la Comunidad, que acabará provocando tensiones importantes dentro y fuera de la administración regional; y la degradación del Mar Menor, que está abocado a sufrir otra crisis aguda con la paulatina subida de las temperaturas. Si a eso sumamos las huelgas de la hostelería y las movilizaciones en el campo, todo apunta a que viviremos un año especialmente duro para el turismo y el sector agroalimentario, entre otros. El panorama es especialmente complicado para el PP, que está en manos de dos partidos, uno en descomposición, y el otro obcedado en una agenda ultra y bizarra, lo que convierte al Gobierno regional en una perita en dulce para el Ejecutivo nacional, que más se afianza cuanto más asoma Vox. De cara a este previsible escenario, PP y PSOE están trabajándose tácticamente un relato de los acontecimientos. Los populares buscan instalar en la opinión pública la idea de que todos los males presentes y venideros son producto del castigo de Sánchez a la Región de Murcia. Los socialistas, por el contrario, confían en que las continuas dificultades del Gobierno regional propicien un clima de aceptación social de una hipotética moción de censura que podría plantearse si Ciudadanos vira a partir de marzo y la inestabilidad política se acentúa en la Comunidad. Ayuda de La Moncloa no le va a faltar a Conesa, ahora o en las próximas elecciones, para conseguir ser presidente de la Comunidad autónoma.

Esta disputa por ver quién logra imponer su discurso genera hartazgo en la mayoría de la ciudadanía, que no sigue de cerca la política y solo percibe ruido. Hartazgo porque es generalizada la percepción de que existen graves problemas que no están encarándose con la firmeza y la unidad necesaria, como el estado medioambiental del Mar Menor y sus consecuencias para el turismo. En cuanto se rasca un poco aflora el malestar en muchos colectivos por el estado de la Región y su imagen exterior. Durante décadas, las urnas daban ganador por mayoría absoluta a los populares, incluso cuando las encuestas calificaban su gobernanza de mala o regular. Hay una barrera ideológica que favorecía al PP porque la mayoría social era, y aún es, eminentemente conservadora. Pero esa ventaja se difuminó con la aparición de nuevas ofertas en el centro y la derecha. Ahora más que nunca el partido que ocupa el gobierno no puede permitirse el lujo de incurrir en una gestión ineficaz y mediocre.

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El futuro es incierto por definición. Con seguridad, los asuntos de los que hablaremos en la Región en este 2020 están recogidos en el reportaje con el que hoy abre LA VERDAD, pero el desenlace de cada uno es impredecible. Luego habrá otros muchos que irán apareciendo sorpresivamente a lo largo de los próximos doce meses. No pocos son hoy inimaginables. Auténticos cisnes negros de imposible vaticinio. Hace justo un año, sin ir más lejos, nadie habría creído a quien hubiera dicho que iríamos en dos ocasiones a elecciones generales en 2019 y aun así acabaríamos el año sin un Gobierno constituido. Y quién iba a pensar, habiendo oído en campaña electoral a Pedro Sánchez, que la llave de la gobernabilidad de España iba a estar en manos de quienes precisamente quieren romperla para independizarse. Deberíamos estar ya vacunados de espanto porque llevamos cuatro años atravesando zonas de turbulencias políticas, con Ejecutivos quebradizos e inestables y unos presupuestos prorrogados ‘ad eternum’. Con esas mayorías legislativas tan precarias no hay forma de impulsar programas de gobierno, cuentas públicas ajustadas a las necesidades actuales y reformas que la inmensa mayoría de españoles reconocen como necesarias. Ni siquiera ha sido posible, o no se ha querido que fuera, la prometida actualización de las pensiones con el IPC y la subida salarial de los funcionarios, que quedaron congeladas por el Gobierno en funciones hasta que se haya producido la investidura de Pedro Sánchez. Una medida probablemente de presión para acelerar la negociación con Podemos y ERC de cara a lograr que Sánchez salga elegido del Congreso a finales de la próxima semana. Todo dependerá en última instancia de si los independentistas de ERC aprecian un gesto de Sánchez en el informe de la Abogacía del Estado que, previsiblemente mañana, entregue al Supremo con sus alegaciones a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad parlamentaria del líder de Esquerra, Oriol Junqueras. La gobernabilidad del país está hoy completamente en el aire y, para pasmo general, en manos de un político que cumple condena de prisión por sedición. Y así seguimos en el laberinto cuando deberíamos estar debatiendo sobre los asuntos de fondo, como el futuro de las pensiones, que acumula otro año perdido, y más ahora que asoma una desaceleración agravada por el freno en el consumo. Empresas y familias encaran el nuevo año con el convencimiento de que el crecimiento de la economía se estanca. En ese contexto habría sido más que razonable que el presidente en funciones hubiese comparecido ante los medios de comunicación, como ha sido tradicional antes de Nochevieja, a excepción de 2011, cuando tampoco lo hizo Rajoy, para arrojar algunas certezas entre tantas incertidumbres. Sin duda, prefirió evitar preguntas incómodas sobre la negociación con ERC y el inminente informe de la Abogacía del Estado.

En la Región de Murcia, la gobernabilidad no arranca de la mejor manera porque se produce sin la obligada aprobación de los Presupuestos regionales para 2020. Desconozco si la culpa es de la pachorra e inexperiencia de Ciudadanos en la gestión administrativa, como algunos apuntan, pero basta con mirar a Andalucía, donde gobierna un bipartito idéntico, para comprobar que allí sí fue posible. Aunque se quiera minimizar las consecuencias de un retraso en la aprobación de las cuentas regionales, el panorama es intranquilizador porque todo apunta a que Vox venderá muy caro su apoyo en la Asamblea Regional. Esta vez, la negociación a tres bandas se presume más larga y complicada que la que desembocó en la investidura de López Miras.

Un Gobierno sin presupuestos es un Ejecutivo débil y sin hoja de ruta. Más aún cuando su gran objetivo político para el próximo año (el inicio de la recuperación integral del Mar Menor) necesita de muchos fondos específicos. Se debate sobre la eficacia de las medidas incluidas en el decreto del Mar Menor cuando la credibilidad de la normativa ya está comprometida de inicio por carecer de memoria económica. ¿Cuánto dinero dispondrá el Ejecutivo regional para propiciar un cambio de modelo agrícola en el Campo de Cartagena, con regadíos declarados de interés nacional por el Estado y blindados por ley, o para vigilar el cumplimiento de las medidas diseñadas para limitar todo tipo de presiones sobre la laguna? Si las arcas de la Comunidad estuvieran boyantes, y no hay visos de que vayan a mejorar en el corto plazo, estas preguntas tendrían menor relevancia. La realidad es que iniciamos el año sin perspectivas de acuerdo a nivel nacional sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Y el déficit de la Región hasta octubre ya cuadruplicaba el máximo permitido para todo 2019, la deuda pública está a dos pasos de los 10.000 millones y encabezamos la morosidad de la administración pública con sus proveedores. La cruda realidad no debe conducirnos al desánimo, pero tampoco a pecar de ingenuos. De algo debe servir ir acumulando años.

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Acaba una semana convulsa para el regadío de todo el Levante por una inédita y polémica decisión política del Ministerio de Transición Ecológica. En contra del criterio de los técnicos de la Comisión de Explotación del Trasvase, pero en el uso de la discrecionalidad que la ley otorga al Ministerio si la cabecera del Tajo está en el nivel 3, el equipo de Teresa Ribera denegó esta semana agua para regar a todo el Levante, apelando al principio de precaución por la situación actual del Mar Menor y los «efectos que el regadío produce en él». Desde la Cumbre de la Tierra de Río en 1992, los Estados aplican ese principio en virtud del cual, cuando existe peligro de daño grave o irreversible para el medio ambiente, la ausencia de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para retrasar la adopción de medidas eficaces que impidan la degradación de los ecosistemas. Pero el Ministerio fue mucho más lejos y dejó sin agua a más de 60 comunidades de regantes de la Región de Murcia, Almería y Alicante. Para cerrar el grifo al Campo de Cartagena, también se cortó el suministro a los agricultores de Elche, Librilla y Almanzora, y eso no hay principio de precaución ni ningún otro que pueda explicarlo, por mucho que se apele a la unidad de cuenca. Hay demasiados interrogantes en el aire derivados de una decisión que el Ministerio no termina de explicar. Ni siquiera hoy, en un artículo para LA VERDAD del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se despejan todas las dudas que suscita esta medida.

Si el Ministerio ha puesto el tablacho al acueducto para evitar el riego y los vertidos de nutrientes de origen agrícola al Mar Menor, por la misma razón debería cesar la desalación. ¿Por qué el trasvase sí y la desalación no, si lo que se pretende evitar es el riego y los consiguientes vertidos a la laguna? El principio de precaución solo puede invocarse si va a acompañado de medidas eficaces y tiene un soporte científico: ¿Dónde está el informe técnico que avala esta decisión política? El Ministerio no optó por ninguna de las 21 medidas del Plan de Vertido Cero, sino por otra, la más extrema, que sin embargo tendrá eficacia limitada porque en los próximos meses se seguirá regando junto a la laguna. No solo habrá agua desalada. También del Trasvase: hay más de 23 hectómetros cúbicos asignados al Levante que están en la cabecera del Tajo, pendientes de llegar a la cuenca del Segura porque hasta ahora no fueron necesarios. Si los regantes están preocupados es porque sus campañas se planifican con meses de antelación y no está claro cómo habrá evolucionado la cabecera en primavera o si el Ministerio mantendrá este criterio hasta que se recupere el Mar Menor.

Los regantes, que ya estaban en alerta por el blindaje del Tajo que prepara García-Page a través de la Red Natura, sospechan que en bambalinas hay un plan para reducir al mínimo los trasvases a todo el Levante y propiciar una reducción del regadío, probablemente a través de un cambio en las reglas de explotación. Es posible que el Ministerio ha dejado sin agua de riego a todo el Levante (técnicamente desde el embalse de la Pedrera podría haberse cerrado el tablacho para el entorno del Mar Menor) porque, por la ley desde 1980, alrededor de un tercio de las transferencias aprobadas por la Comisión de Explotación del Tajo Segura deben ir sí o sí al Campo de Cartagena. Si se está ganando tiempo para cambiar esa ley, y si esa hipotética modificación legal afectaría solo a la zona próxima al Mar Menor, es algo que nadie sabe a día de hoy, salvo la ministra, el secretario de Estado y su director general del agua.

Lo que de momento han conseguido es un cierre de filas absoluto de todas las comunidades de regantes de la Región de Murcia, Alicante y Almería, conscientes de que su fuerza está en su unidad sin fisuras. Ya preparan movilizaciones masivas y advierten de que reclamarán indemnizaciones millonarias si, por un estrangulamiento del Trasvase, se produce el desmantelamiento de cultivos. Políticamente, el equipo del Ministerio se ha metido en un lío importante, que ha pillado por sorpresa a Diego Conesa, Ximo Puig y a destacados alcaldes socialistas, como el de Lorca o Elche. Todo un regalo navideño para PP y Vox, que intentan sacar provecho político de una coyuntura que, a mi juicio, paradójicamente no favorecerá la aplicación de medidas para salvar el Mar Menor, una tarea urgente que, entre otras muchas cuestiones, pasa indefectiblemente por la reducción de nitratos y fosfatos de origen agrícola, la principal causa del grave proceso de eutrofización de sus aguas, y por la máxima colaboración entre las administraciones central y regional. El Mar Menor requiere de medidas drásticas con amplio consenso científico, lo que conlleva un progresivo cambio de modelo de agricultura en la zona de afectación que debería iniciarse ya, pero sin generar más incertidumbres y con el mayor de los consensos posibles con un sector, cuya implicación es ineludible. Por la cuenta que nos trae, como Región deberíamos ser capaces de blindar nuestro más preciado ecosistema natural y, a la vez, el Trasvase que representa el sustento de decenas de miles de familias.

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A la altura de la plaza de Murillo, entre el Museo del Prado y el Jardín Botánico, cientos de ciudadanos llegados de la Región de Murcia iniciaron el recorrido de la gran Marcha del Clima de Madrid para hacer oír su grito de auxilio en favor del Mar Menor. Y puedo atestiguar que su visibilidad fue muy superior a la de muchas organizaciones y colectivos participantes que tienen mayor implantación y más larga trayectoria pública. El grave deterioro de nuestra laguna costera ya es ampliamente conocido a nivel nacional, pero empieza a convertirse en todo un símbolo de la lucha por la preservación del patrimonio natural y de la biodiversidad, que despierta todo tipo de adhesiones, incluso fuera de España, como se desprende de las palabras pronunciadas en Madrid por un líder indígena, Mario Agreda, con presencia en las cumbres climáticas de la ONU desde hace treinta años. No hay ninguna duda de que las medidas que adopte el Gobierno regional en su próximo decreto no solo serán analizadas a nivel regional, sino que tendrán eco y lectura nacional. Esa no tendría que ser la preocupación principal del Ejecutivo de López Miras, sino la eficacia de las medidas de protección medioambiental, pero es bueno que lo sepa porque muchas miradas estarán puestas en la batería de actuaciones que sean adoptadas en la Región de Murcia para el Mar Menor. Me consta que los equipos de la administración regional que trabajan en el decreto están revisando al detalle todas las aristas jurídicas que surgen desde el ámbito del derecho administrativo, pero doy por hecho que el presidente regional es consciente de que la reputación pública de toda la Comunidad Autónoma estará en juego cuando, previsiblemente el 26 de diciembre, el Consejo de Gobierno apruebe una norma que, por una u otras razones, será ampliamente discutida por todas las partes implicadas. La masiva manifestación de Cartagena y el sondeo del Cemop para la Asamblea Regional ha dejado meridianamente clara cuál es la posición mayoritaria de la ciudadanía en la Región de Murcia, aunque habrá que esperar y ver.

En la mayoría de las ocasiones, las movilizaciones sociales no arreglan los problemas por sí mismas, pero todas sirven para visibilizar los posicionamientos ante asuntos de interés público y forzar a que sean tenidos en cuenta en la toma de decisiones políticas. Hay veces, también, que han tenido un efecto decisivo para evitar un desastre o poner freno a una injusticia. En nuestra edición de ayer relatábamos cómo hace justo diez años, las protestas ciudadanas impidieron el desmantelamiento del yacimiento de San Esteban y cómo hace veinte, la protesta de plataformas cívicas, ayuntamientos, sindicatos y ecologistas obligó al Gobierno central a poner en marcha un plan de saneamiento integral del río Segura. También fue decisiva la movilización ciudadana para lograr el Plan de Defensa contra las Avenidas, que aprobó el Gobierno socialista de Felipe González y cuya segunda fase en la comarca del Guadalentín, como certeramente recordaba ayer nuestro compañero Manuel Buitrago, aún está por completar. Eso nos hace preguntarnos si el soterramiento de las vías ferroviarias a su paso por Murcia terminará siendo, como parece que será, fiel a su concepción original solo por la inquebrantable tenacidad de un grupo de vecinos de Santiago el Mayor. Movilizarse y hacerse oír en la calle siempre fue una opción, una legítima vía de participación política en democracia. Lamentablemente, hace tiempo que se ha convertido en una necesidad. Después de sufrir tres inundaciones en los últimos tres años quién puede ahora reprochar a los vecinos de Los Alcázares que hayan cortado la AP-7 para exigir soluciones. Qué otro camino les queda a quienes han visto cómo sus casas y sus negocios se han visto anegados por continuas riadas. No voy a aplaudir este tipo de actuaciones porque, a mi juicio, sería caer en una grave irresponsabilidad pública, pero entiendo perfectamente la desesperación de quienes no encuentran respuestas para un grave problema.

El espectáculo ofrecido por las administraciones central y autonómica con el asunto del Mar Menor, a cuenta de sus distintas competencias, está siendo muy poco edificante. Solo contribuye a generar hartazgo ciudadano y a ralentizar las soluciones precisas para este complejo desafio. No es de recibo que el Ministerio se replantee ahora el Plan de Vertido Cero que reclamó insistentemente desde la oposición al anterior equipo de García Tejerina, ahora que está aprobado y con declaración ambiental incluida, o que el Gobierno regional sobreactúe pidiendo celeridad en su aplicación cuando no hizo lo propio con su decreto de medidas urgentes. PP y PSOE discuten de quién es la responsabilidad y cómo se debe actuar para evitar las inundaciones en Los Alcázares, sin aportar ningún beneficio evidente para los vecinos afectados y proporcionando todo tipo de retos políticos para los rivales de ambos partidos, que solo tienen que esperar sentados a recoger los frutos de tan infausta cosecha. El presidente de la Comunidad debía haber modificado su agenda de encuentros con los alcaldes de la Región y haberse visto ya con el primer edil de Los Alcázares. Esta sensación de perpetua confrontación partidista, una vez superado el maratón de citas electorales, tendría que terminar cuanto antes.

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Atravesamos un momento especialmente decisivo para el periodismo independiente y para el derecho a la información de los ciudadanos, una de las principales salvaguardas de la salud de las democracias. Nunca como hasta ahora el derecho constitucional a recibir un relato veraz y riguroso de cuanto acontece en la vida pública se había visto tan comprometido. Porque si bien la digitalización ha revolucionado el acceso a la información (basta con un ‘click’ en la pantalla de un teléfono inteligente para leer un titular informativo) se han multiplicado paralelamente los riesgos de manipulación y engaño masivo. El fenómeno de las ‘noticias falsas’, creadas intencionadamente para influir de manera torticera en la opinión pública, y la propagación de los bulos de siempre, ahora a través de las redes sociales y los servicios de mensajería telefónica, representan una amenaza mayúscula para la ciudadanía a la hora de analizar la realidad y de tomar importantes decisiones. Estoy convencido de que la mejor medicina para hacer frente a este mal de nuestro tiempo es el buen periodismo, en todas sus manifestaciones y soportes, también en los digitales.

Nuestros lectores nos conocen bien. No en vano estamos al servicio de los ciudadanos de la Región de Murcia desde hace 116 años. Practicamos un periodismo de proximidad y anticipación basado en el acceso a las más solventes y acreditadas fuentes de información. Con sus noticias exclusivas y sólidos análisis, nuestros periodistas marcan la agenda informativa en la Región de Murcia, pero siempre tras un exhaustivo ejercicio de verificación de los hechos. Nada se publica en nuestras páginas de papel y digital sin haber comprobado, por una o más fuentes solventes, que los hechos relatados se corresponden con la realidad. Nuestra credibilidad es nuestro principal compromiso, nuestro primer activo. Las informaciones sin contrastar son solo rumores. Miles de ‘likes’ en Facebook no acreditan la veracidad de un texto con apariencia de noticia. En nuestra Redacción trabajamos con métodos y filtros basados exclusivamente en criterios periodísticos para garantizar el rigor y la excelencia del relato factual que ofrecemos a los lectores. Si por alguna razón se produce un error, se admite y se corrige. Medio centenar de periodistas con sólida formación universitaria han sido educados profesionalmente en esa cultura del rigor, la honestidad, la pluralidad y la autoexigencia. Tienen nombre y apellidos. Ellos sí dan la cara. LA VERDAD es y seguirá siendo un diario transversal que busca la centralidad y las posiciones de amplio consenso entre los murcianos. Que asume un rol vigilante del uso de las instituciones por parte de los representantes públicos y defiende las libertades públicas. A base de mucho trabajo realizado con humildad y dedicación por los profesionales de la Redacción, nuestros lectores nos han convertido en el medio líder en la Región. Somos el diario murciano que se lee y tiene peso en Madrid. Queremos seguir siendo el altavoz de las reivindicaciones colectivas y los anhelos de los murcianos. Pero eso solo será posible con periodismo de calidad y con una buena gestión económica que garantice nuestra independencia en un futuro que estará marcado por el creciente consumo de información a través de internet.

En los principales países occidentales, desde Estados Unidos y Reino Unido a Francia, Italia, Alemania y España, las grandes cabeceras nacionales de la prensa, pero también las regionales y locales, están apostando por el cobro por contenidos en sus ediciones digitales, a través de distintas fórmulas de suscripción. Hay pocas dudas en nuestra profesión de que el futuro del periodismo de calidad en la Red será de pago o no será, como siempre ha sido en la prensa de papel a lo largo de su historia. Sin duda seguirá circulando por internet un volumen cada vez mayor de información, pero habrá menos periodismo, si persiste un modelo económico basado exclusivamente en los ingresos publicitarios. Un modelo que prima en todo el mundo la cantidad sobre la calidad, en beneficio del duopolio digital formado por Google y Facebook, empresas que tienen una posición tecnológica tan dominante que han logrado que internet se desarrolle y crezca en virtud de sus preferencias y sus estrategias comerciales. Sin generar contenidos propios y dedicando muy pocos esfuerzos en verificar la voluminosa información que corre por sus plataformas, ambas tecnológicas dictan las reglas del mayor mercado de contenidos que se ha conocido nunca, obteniendo el 70% de los ingresos publicitarios globales asociados a la información. Un modelo que vampiriza el trabajo periodístico de los medios de comunicación y los debilita, viéndose tentados a caer en una progresiva banalización de los contenidos que ofrecen y en la búsqueda de titulares y asuntos potencialmente virales, a fin de ganar audiencia a toda costa. Un modelo globalizado en el que ya empiezan a aparecer auténticos desiertos de información local en todos los grandes países occidentales.

Como otros periódicos de Vocento, LA VERDAD hará frente a este desafío con un salto cualitativo en su oferta digital. A partir de este martes, LAVERDAD.ES estrenará un modelo de suscripción que nos permitirá continuar en el siglo XXI con la misma misión fundacional de principios del XX: contribuir al progreso de la Región de Murcia mediante la difusión de información veraz y el intercambio de opiniones libres y plurales. Para lograr una sociedad mejor hace falta un periodismo mejor. De ahí que el proyecto LA VERDAD on+ nazca como una apuesta por la calidad de una oferta informativa más completa y próxima a los intereses de nuestros lectores, y con un renovado esfuerzo tecnológico que exige fuertes inversiones. Los futuros suscriptores dispondrán de una nueva ‘app’ de gran velocidad de carga, que permitirá navegar por nuestra web sin publicidad, pudiendo jerarquizar los contenidos que sean de su mayor interés. También contarán con nuevos canales sobre economía, historia y deporte femenino, entre otros, y con ‘newsletters’ personalizadas con claves aportadas por nuestros mejores periodistas sobre la política regional o la marcha de sus clubes de fútbol. Asimismo, tendrán acceso preferente a los diferentes eventos que organiza el periódico, como foros y encuentros con personalidades, así como ofertas complementarias exclusivas. LA VERDAD on+ es un proyecto de largo recorrido que prioriza la calidad, una mayor inversión en periodismo, nuevos nichos de contenidos y una relación más cercana, diferencial y exclusiva con nuestros lectores. No les defraudaremos.

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Como muchos miles de españoles, viví con especial emoción las gestas deportivas protagonizadas el pasado domingo por Alejandro Valverde y Ana Carrasco. Va ser muy difícil olvidar el interminable sprint final del ciclista murciano, sus gemidos de inmensa alegría tras cruzar exhausto la meta, sus lágrimas de emoción al escuchar el himno nacional, el nerviosismo y la felicidad de un padre viendo en televisión cómo su hijo se convertía en campeón del mundo… Y qué decir de Ana, la ceheginera que hizo historia al convertirse en la primera mujer que venció a todos sus rivales varones en un campeonato mundial de motociclismo. Sabíamos de lo que era capaz la ‘guerrera rosa’ y el domingo lo demostró en una histórica carrera que tuvo un desenlace incierto hasta la última vuelta. Lo más impresionante en ambos casos fue comprobar cómo Ana y Alejandro se habían preparado para luchar hasta el final. Rendirse no era una opción. Ana lo tenía muy complicado. Salía de la posición número 25 y tenía que subir al cajón para asegurarse el mundial. Cualquier otro/otra habría tirado la toalla. Pero ella fue adelantando posiciones hasta alcanzar lo que parecía imposible. Y lo logró, sin ni siquiera ser consciente de que lo había conseguido cuando paso por meta. Valverde siempre está entre los favoritos de cualquier prueba de un solo día. Algunos, sin embargo, pensaron que esta vez no iba a tener muchas opciones. El circuito del Mundial era demasiado duro y parecía que el murciano había terminado la Vuelta desfondado por el esfuerzo. A sus 38 años parecía que conquistar ese maillot arcoíris, que tan cerca había tenido entre sus manos, era misión imposible. Pero algo nos decía que Alejandro no iba a renunciar a su sueño y comentábamos en el periódico en los días previos que esta vez podía culminar la gran gesta. Confiando en que podría darse el histórico doblete mundial de Ana y Alejandro, reservamos con anticipación páginas suficientes. El azar y los méritos del resto de competidores de la elite mundial entraban evidentemente en juego, pero sabíamos que los dos murcianos iban a darlo todo hasta el final para conseguir su sueño.

Sus victorias las vivimos que si fueran nuestras. Igual que otros miles de murcianos. Ana y Alejandro nos dieron a todos una auténtica inyección de autoestima. Era todo un placer contemplar como el mundo del deporte festejaba en toda España la hazaña de nuestros deportistas. Esta vez en los informativos nacionales de televisión éramos noticia de portada… por dos éxitos. Y encima mundiales. Otra vez quedaba en evidencia el enorme talento individual que existe en la Región. Todo lo que no conseguimos colectivamente parece factible cuando competimos uno contra uno. Ya sea en el deporte, la cultura o la empresa. Si sumaramos todo ese talento, toda esa capacidad de esfuerzo individual, tendrían que salirnos otras cuentas bien distintas. Ciertamente, no se corresponde lo que somos uno a uno con lo que conjuntamente proyectamos. Alguien, algún día, encontrará las claves para explicar semejante disfunción. Disfrutemos unos cuantos días más de esta parte luminosa y orillemos su reverso tenebroso. Y aprendamos de Ana y Alejandro. Sus hazañas deportivas están fuera de nuestro alcance, pero su afán de superación, capacidad de sacrificio y voluntad de victoria, incluso cuando todo se pone cuesta arriba, son cualidades que veo en muchas personas, aquí en la Región de Murcia. La ejemplaridad con la que han asumido sus éxitos deportivos, siempre desde la mayor humildad, les convierten en referentes sociales que a buen seguro contribuirán a crear escuela, inoculando la pasión por el deporte en los más jóvenes. Es hora de reconocimientos, especialmente para el más veterano, un ciclista que acumula 122 triunfos como profesional y que sin embargo no tenía una avenida con su nombre en la ciudad que le vio nacer. Una ciudad donde una de sus arterias principales lleva el nombre de Miguel Induraín. Ahora parece que ese merecido homenaje para el de las Lumbreras está en camino. Por su juventud y madera de campeona, a Ana Carrasco le esperan muchos éxitos más. Su carrera acaba de explosionar y ya hecho historia. Sin cuotas, ni ayudas de ningún tipo, ha logrado demostrar que sobre una moto no hay diferencias de género. Que en igualdad de condiciones ellas pueden ganar a cualquier hombre en un circuito de velocidad. Ya no hay quien pueda discutirlo. Es cuestión zanjada desde que ese particular techo de cristal fue hecho trizas por nuestra heroína de Cehegin. Tras ella, seguro, vendrán otras muchas más.

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Tenía su lógica política que López Miras acometiera un cambio de gobierno. Es verdad que el anterior Ejecutivo apenas tenía un año de vida y que queda solo otro para las elecciones, pero si quería dar sentido a los mensajes del ‘nuevo PP’, alumbrado en ese último congreso de aires refundacionales, debía adaptar su gabinete a ese nuevo relato. La realidad es que la remodelación no tiene nada que ver con eso sino que parece responder a razones exclusivamente electorales. López Miras busca un impulso político en la recta final de la legislatura para los proyectos estratégicos (agua, infraestructuras y turismo) y consejeros dispuestos, por un lado, a desatascar los obstáculos pendientes y, por otro, a vender la acción de gobierno con mucha presencia pública. Eso al menos es lo que parece porque el presidente anunció la alineación para el segundo tiempo del partido sin concretar el porqué de las incorporaciones y las razones de los relevos, que estarían motivadas por un distanciamiento con sus dos consejeros económicos, Andrés Carrillo y Juan Hernández, uno porque se consideraba que ponía demasiadas pegas a los encargos de San Esteban y otro porque iría demasiado por libre.

Lo cierto es que López Miras arriesga al cambiar a los consejeros que sostenían su política económica. Más aún si, como dijo, «estamos liderando el crecimiento en España». Después de todos los mensajes lanzados en el congreso extraordinario, ha sorprendido que como ‘caballo de refresco’ para una de esas consejerías críticas recupere a un exconsejero de Valcárcel y asesor muy próximo a Pedro Antonio Sánchez, Fernando de la Cierva, que representa al PP de siempre, dicho sin ninguna intención peyorativa, pero con indisimulado asombro. De igual forma que se entiende la salida de Francisco Jódar de Agricultura, dada la atonía política de su gestión, cuesta comprender la marcha del fiable consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, justo cuando se negociará el modelo de financiación y se necesita a alguien que conozca bien los números para no pifiarla como en ocasiones anteriores. Lo cierto es que la tarea de embridar el déficit y negociar la financiación con Montoro recae ahora en un político que dejó el Gobierno regional en 2007 para fichar como directivo de Polaris, la empresa que hace un año estaba en el ‘top’ de la lista nacional de morosos con Hacienda. Curioso. Miras, lo dicho, arriesga y confía en las tablas y la capacidad resolutiva de Fernando de la Cierva, una incorporación de última hora después de que Juan Hernández rechazara la cartera de Hacienda, más el Info. Puso condiciones y Miras optó por De la Cierva. Igual le sale bien si lo que busca es perfil político. En eso supera con creces a los salientes. Todo el peso de gestión recae en Javier Celdrán, quien siempre transmitió una querencia por responsabilidades mayores. Bajar el IRPF, negociar el modelo de financiación y crear la agencia que agilice los trámites medioambientales serán las prioridades de De la Cierva y Celdrán.

La otra gran sorpresa fue la incorporación de Patricio Valverde, un empresario de contrastada solvencia y experiencia al frente de Estrella de Levante, para una consejería, la de Fomento, en la que la tramitación administrativa de los proyectos tiene tiempos que están en las antípodas de los propios de la gestión empresarial. Sin dudar de la capacidad y el ímpetu de Valverde, poco podrá hacer en doce meses si necesita unos cuantos para ponerse al día con las peliagudas cuestiones técnicas del AVE, el soterramiento de las vías y el conflicto social que lo rodea. A su favor cuenta con el conocimiento profundo de las posibilidades empresariales del aeropuerto, el AVE y las ZAL de Murcia y Cartagena y una capacidad innata para la innovación, tecnológica y de gestión. Por su parte, Miguel Ángel del Amor, cuyo perfil no es muy diferente al de Jódar, lo tiene fácil para visibilizar un poco más de empuje. El tema se lo sabe. La última sorpresa fue la incorporación de Miriam Guardiola, una joven abogada de la que se conoce poco, pero a quien López Miras ha confiado nada menos que el turismo. Pronto sabremos si la remodelación del Gobierno tendrá efectos positivos o queda en una operación cosmética para aparentar iniciativa. Llega sin un relato convincente y sin la sensación de que el nuevo Gobierno vaya a ser mejor que el anterior. Solo el tiempo dirá si los riesgos asumidos por Fernando López Miras merecieron la pena.

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Las palabras del exvicepresidente Juan Bernal en ‘La Verdad’, cuestionando a principios de enero no tanto la idoneidad de Miras como su discutible designación a la búlgara, no cayeron en saco roto. No eran pocos los destacados militantes populares que compartían esa opinión, aunque ninguno se atrevía a expresarla, bien por considerarla políticamente inconveniente o por desidia, comodidad, temor a ser señalado o sencillamente por cobardía. «El presidente debe ser elegido por todos los militantes del partido -aseveró Bernal-. Es un hecho clave que no admite discusión en los tiempos actuales. El presidente no puede resultar elegido en un proceso de nombramiento a dedo sin saber muy bien por qué y cómo se ha hecho. Esa no es la forma en la que queremos tener a un presidente del PP. Si deseamos que realmente transmita ilusión y confianza, tiene que ser alguien que pase un proceso de elección dentro del partido». La entrevista a Juan Bernal agitó el avispero popular, aterrado por el vaticinio que figuraba como corolario de sus declaraciones: «El PP lleva camino de perder las elecciones». Aunque Miras dijo al día siguiente que no había leído las declaraciones, una solemne torpeza porque no resulta creíble, tuvo el buen tino de quedarse con lo mollar, a diferencia de algunos de sus colaboradores, empeñados en desentrañar una conspiración inexistente, ocupación muy habitual en los cenáculos de la política murciana en su ala más pacata. Probablemente fue José Ballesta quien le hizo ver a Miras la diferencia entre la ‘auctoritas’ y la ‘potestas’, el poder moral basado en el reconocimiento o prestigio de una persona y el poder político que se impone por la fuerza desde arriba. Elegido de la misma forma que Pedro Antonio Sánchez, Miras goza hoy de ‘potestas’, pero tiene que ganarse la ‘auctoritas’ ante quienes le ven demasiado bisoño y falto de cuajo político como para llevar a buen puerto un partido desgastado por tantos años en el poder, más desmovilizado que nunca desde 1995 y, en muchos aspectos, desfasado en relación a los vertiginosos cambios sociales que vivimos. Nadie, en definitiva, terminaba de creerse aquello del ‘nuevo PP’. Apostar por un congreso abierto, inédito en los populares, es una decisión valiente, inteligente y acertada de López Miras, que le hace recuperar iniciativa política y ganar enteros, fuera y dentro del Partido Popular. Su eventual elección por los militantes sintoniza con una corriente mayoritaria en la opinión pública, que apuesta por partidos con democracia interna y dispuestos a primar la meritocracia para poder llevar a los mejores a la política. El ‘aggiornamento’ del PP, no obstante, debe ser profundo porque por primera vez sus votantes tendrán en 2019 otras opciones que no les suscitan reparos ideológicos (Ciudadanos y la formación de Alberto Garre). Ahora se le abre al PP una oportunidad única para, de una vez por todas, asumir un discurso creíble sobre regeneración democrática, igualdad y medio ambiente…, y proyectar una visión de futuro para la Región que no incluya solo el agua y las infraestructuras.

Es muy probable que esa renovación de ideas y de caras vaya seguida de un inmediato anuncio de los candidatos para las municipales, al menos en aquellos lugares donde no gobierna, y de una remodelación, parcial o profunda de la composición del Gobierno regional, para impulsar el nuevo relato político que surja del congreso extraordinario. Después de cuatro presidentes en cuatro años al frente del Gobierno regional, los populares han tenido que verse al borde del precipicio para reaccionar y tomar una decisión sensata. Nada tienen garantizado de antemano, pero al menos se han caído del guindo a tiempo para intentar enderezar un rumbo que les conducía al desastre. Políticamente, el asunto empieza a ponerse interesante.

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En las antiguas misas de coronación papal, el maestro de ceremonias pronunciaba en tres ocasiones la frase ‘Sic transit gloria mundi’ (Así pasa la gloria del mundo) mientras en un brasero ardía fugazmente un fragmento de estopa. Una liturgia que ilustraba al sucesor de Pedro la fragilidad del poder humano y lo efímero de nuestra existencia. Ya antes, cuando los generales de la antigua Roma que volvían victoriosos desfilaban por la ciudad, un esclavo del séquito les susurraba a cada paso ‘Memento mori’ para recordarles que eran mortales y no dioses que puedan hacer un uso del poder que sea arbitrario o contrario a lo dictado en las leyes. Hasta esta misma semana nadie aparentemente musitaba en las filas independentistas de Puigdemont sobre la irrefutable evidencia de que en un Estado de Derecho es imposible investir como presidente de Cataluña a un prófugo de la justicia. Fue el propio Puigdemont, admitiendo descarnadamente su derrota política en mensajes privados enviados a un colaborador, el que en contra de su voluntad ha abierto los ojos a sus pretorianos ante lo que a todas luces es una infructuosa huida hacia adelante en busca de impunidad personal. «Esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado», escribía el expresident, abocado tarde o temprano a prisión por orden judicial como consecuencia de un presunto delito de rebelión. No hay otro desenlace previsible para esta efímera república virtual catalana que duró lo que un trozo de lino sobre unas brasas. Y sin embargo persiste un bloqueo institucional en el Parlament para hastío de la resquebrajada sociedad catalana y del resto de España, ahíta de cansera por el omnipresente ‘procés’. Los Presupuestos del Estado, la negociación del modelo de financiación autonómica, el pacto nacional por el agua, el de educación, la reforma de las pensiones… La aritmética parlamentaria ya pone cuesta arriba trenzar acuerdos para avanzar en reformas, pero para colmo de males hasta el más mínimo paso adelante parece bloqueado por la ausencia de un Gobierno catalán legalmente constituido que ponga fin a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. España es un clamor: Carles, escucha lo que ahora balbucean los tuyos y déjalo ya. ‘Sic transit gloria mundi’, mindundi.

Viento de cola

Los resultados de las últimas elecciones autonómicas fueron el particular ‘Memento mori’ del PP regional. Recuerda que eres mortal, dijeron los votantes murcianos a una organización política que acumulaba veinte años de aplastantes victorias y parecía imbatible. Lejos de tomar convenientemente nota, entró en una espiral de errores políticos que acentuó su inestabilidad y vulnerabilidad ante una oposición que no deja de poner en evidencia su debilidad en la Asamblea regional. La aprobación de las enmiendas a la ley del Mar Menor demuestra la impotencia del partido mayoritario en una Cámara legislativa donde solo ha llevado tres proyectos de ley en el último año para evitar el vapuleo de sus rivales. Para espantar el fantasma del fin de ciclo que aterroriza en sus filas, los populares se aferran al viento de cola que impulsa la economía y al desbloqueo de las infraestructuras de transporte que ha emprendido Rajoy. La situación dista mucho de ser idílica, pero por primera vez en muchos años el Gobierno regional puede sacar pecho del dinamismo económico. En un año de récord en turismo extranjero, que benefició a todo el arco mediterráneo, la Región de Murcia fue la comunidad autónoma cuyo PIB creció más en 2017, junto a la Comunidad Valenciana y Baleares. Cierto es que estamos lejos en muchos parámetros (nivel de renta, empleo…) de la media nacional, pero es innegable el repunte de una economía murciana que crece con un patrón mucho más sólido que antes de la crisis. No todos los huevos, afortunadamente, están ya depositados en una única cesta. La mayor parte del mérito procede de las empresas, que han sabido buscar y afianzar los mercados exteriores, y de los trabajadores, que con sus sacrificios salariales dotaron de competitividad a sus empleadores. El acierto del equipo económico del Gobierno regional consistió en desplegar adecuadamente las velas y en asumir como ineludible la necesidad de avanzar en la simplificación administrativa, una tarea en la que sí han encontrado el apoyo de Ciudadanos, como sucedió igualmente con la aprobación de los Presupuestos regionales. La cuestión es si el PP regional sabrá aprovechar los vientos favorables para hacer todos los deberes económicos pendientes, que son muchos, empezando por facilitar que la recuperación, en términos de renta y empleo, llegue a las economías de los hogares más castigados por la crisis.

Una ley integral del Mar Menor

Los últimos análisis muestran una sensible mejoría en la turbidez del agua respecto al año pasado por estas fechas, lo que indica que el control de los vertidos de nitratos agrícolas es la estrategia adecuada. Pensar, sin embargo, que el Mar Menor hoy está a salvo sería caer en una imprudencia catastrófica porque el daño medioambiental persiste y ha sido mayúsculo. Convertidas en ley el conjunto de medidas urgentes, toca velar por su cumplimiento y ponerse a trabajar en una ley integral que, con el mayor consenso posible, blinde a la laguna contra todas las amenazas que comprometen su futuro. Va a ser muy difícil en año preelectoral, pero es un mandato social ineludible para nuestros representantes públicos.

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