Acoso en las aulas

Alberto Aguirre de Cárcer — Sun, 21 Feb 2016 06:33:29 +0000

El acoso en las aulas es un viejo problema social cuya gravedad se ha disparado en los últimos años. Y es que al hostigamiento en clase se suma ahora al ciberacoso a través de las redes sociales o los teléfonos móviles. La agonía ya no cesa al salir de la escuela, como ocurría antaño, sino que en muchos casos está permanentemente latente en la Red. Basta con que el menor conecte su ordenador o active el ‘whatsapp’ en el móvil para que los ataques personales persistan a cualquier hora del día. Un informe de ‘Save the Children’ del que daba cuenta esta semana ‘La Verdad’, basado en una encuesta a miles de estudiantes de 12 a 14 años, sitúa a los alumnos de la Región a la cabeza en España en acoso ocasional y frecuente, con tasas del 11% y el 2,8%, respectivamente. Por otro lado, un 6% de los alumnos murcianos manifiestan sentirse víctimas de ciberacoso. Son cifras preocupantes que la sociedad y sus responsables políticos deberían situar en la agenda de temas prioritarios. No son chiquilladas, es violencia en la escuela, en la calle y en las redes sociales. Algunos de estos dramas soterrados en nuestros colegios e institutos terminan en tragedias irreparables. Y la mayoría desencadena desequilibrios psíquicos durante una etapa fundamental para la formación de los menores. Desgraciadamente, no es inhabitual que estas experiencias traumáticas dejen un huella que se manifiesta en inseguridad durante la edad adulta y en la predisposición a crear un sentimiento permanente de víctima en todos los órdenes de la vida. Pero la ‘ley del silencio’ que impera en los menores agrava la erradicación de un fenómeno que se produce de forma invisible.

El nuevo decreto de convivencia en las aulas que ha redactado la Consejería de Educación no acabará probablemente con este fenómeno, pero es un buen paso más para combatirlo. La normativa, de obligado cumplimiento en todos los centros, sancionará con la expulsión a los alumnos que graben o difundan burlas a otros. La sanción por insultar a un compañero será similar si se hace de palabra o por cualquier otro medio. No menos relevante es el respaldo que tendrán los directores de los centros para decidir las sanciones y medidas educativas, en función de la gravedad de los hechos. También destaca el refuerzo de la mediación como medida preventiva y la introducción de servicios a la comunidad escolar como medida reeducadora. Habrá que hacer mucho más. Es necesario implementar nuevos programas de prevención y detección temprana, tal y como se puso de manifiesto en la Asamblea cuando Ciudadanos presentó una enmienda, rechazada por PP y Podemos, para implantar específicamente el modelo finlandés. Desconozco si ese plan daría resultado en las aulas murcianas, pero sería bueno que cualquiera que pudiera aplicarse en la Región estuviera sólidamente avalado por técnicos de la Consejería y por expertos externos de reconocida experiencia en este campo.

Nuestro modelo educativo precisa, en su conjunto, de una profunda auditoría. Pese a la mejora de algunos indicadores en los últimos años, las tasas de abandono y absentismo, unido a los resultados en las pruebas de evaluación de la calidad de la enseñanza, revelan la acuciante necesidad de una revisión de todos los aspectos críticos de nuestro sistema de enseñanza. El acoso escolar no surge de forma espontánea sino que brota de un caldo de cultivo que debe examinarse con minuciosidad. Sería bueno que ese pacto educativo que está siempre en boca de los partidos políticos (esta misma semana lo propuso el presidente Pedro Antonio Sánchez en el Foro La Verdad-Banco Sabadell) pudiera culminarse con el acuerdo de todas las formaciones. La educación es un campo abonado para los posicionamientos ideológicos, pero no debería ser imposible un consenso sobre aspectos básicos donde conviene actuar con urgencia y con el asesoramiento de profesionales que conocen bien la realidad del mundo educativo. El Gobierno regional está obligado a tomar la iniciativa y pasar de las palabras a los hechos. Esta semana han sido las cifras de acoso lo que nos ha llenado de inquietud, pero mañana pueden ser las de abandono o las de fracaso escolar.

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Sobre el acoso

Alberto Aguirre de Cárcer — Sun, 07 Apr 2013 07:38:11 +0000

Aquel verano de 2006, cuando mi entonces compañera Cristina de la Hoz desconectó la grabadora, Mariano Rajoy se liberó de esa tensión que le produce responder a preguntas y la conversación tras la entrevista en su despacho de Génova pasó de la actualidad política al deporte y de ahí, no recuerdo por qué, al relato de un desagradable episodio vivido por el hoy presidente del Gobierno cuando, a cuenta de la gestión del caso ‘Prestige’, fue increpado por un grupo de personas mientras paseaba por El Grove con su mujer. Ese suceso es uno más de los miles que han vivido los políticos, de todos los partidos, desde el inicio de la democracia. Los han sufrido también Zapatero, Bono, Valcárcel… e innumerables modestos concejales de todas las formaciones en pequeños y grandes municipios. Ninguno comparable a los acontecidos durante décadas en un País Vasco amenazado por el terrorismo de ETA. Nada hay peor que vivir con el miedo a morir de un tiro en la nuca o por una bomba colocada bajo el coche. Lo saben bien las familias de numerosos políticos, pero también de empresarios, periodistas, policías… A raíz de la campaña de escrache de la plataforma antidesahucios, el acoso a los representantes públicos vuelve al primer plano. Hace lo correcto el PP al denunciarlo y también Rubalcaba al calificarlo de ‘presión injustificable’. La legítima protesta, aunque sea pacífica, resulta inaceptable cuando se desplaza del espacio público a la esfera privada y deviene en acoso personal. Pero el acto reflejo no puede ser criminalizar a todos los grupos antidesahucios o convertir este asunto, por grave que sea, en el centro del debate, orillando la atención sobre todo lo demás. Si fuera por la intensidad y extensión del grado de intimidación, habría razones para anteponer a otros colectivos en el escaparate público. Solo de enero a junio de 2012 se comunicaron en la Región de Murcia 88 agresiones de médicos, de las cuales 35 se denunciaron en hospitales y 53 en centros de atención primaria. Y en toda España, 3.352 docentes manifestaron durante el curso pasado que sufrieron situaciones de conflictividad y violencia en las aulas. Son muchos los colectivos y profesionales que se sienten hoy injustamente acosados, maltratados o insultados. Como todos los españoles, los políticos tienen los cauces propios del Estado de Derecho para defender su honor y la integridad de ellos y sus familias. Si alguno se siente injuriado o intimidado, lo que debe hacer es denunciarlo en los tribunales y dejar a un lado el victimismo. Ahora, cuando ni España ni la Región están precisamente en el punto álgido de su imagen reputacional, los dirigentes políticos no deben transmitir lamentos personales, sino liderazgo, fortaleza, templanza y capacidad para encajar la crítica razonada. De lo contrario no generarán confianza ni proyectarán la sensación de estar centrados y en condiciones de solucionar esta crisis.

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