Cuestión de límites

Alberto Aguirre de Cárcer — Sun, 30 Dec 2012 08:28:09 +0000

Hasta hace solo cincuenta años, los biólogos creían que las células humanas podían multiplicarse indefinidamente. Se pensaba que no tenían edad porque no envejecían. Pero ese dogma se vino abajo cuando un investigador llamado Leonard Hayflick demostró que las células humanas se dividen un número limitado de veces, aproximadamente 50, y luego entran en una fase de senectud que desemboca en su muerte. Con el tiempo se averiguó que las células envejecen y terminan muriendo al desgastarse los extremos de sus cromosomas en cada división. Solo las células sexuales y las cancerosas son ‘inmortales’. En un tubo de ensayo podrían vivir eternamente. Y todo porque una proteína llamada telomerasa se mantiene activa en ellas y las hace inmunes al desgaste. En la política no existe un ‘límite de Hayflick’. Ni en los regímenes totalitarios ni en las sociedades democráticas los políticos, aunque envejecen como los demás mortales, tienen fecha de caducidad. En las dictaduras, generalmente por la fuerza de las armas y el terror; en las democracias, por la voluntad popular libremente expresada en las urnas. En países como EE UU, España, Italia o Francia son numerosos los ejemplos de longevidad política. Probablemente porque en etapas de dificultad y desorientación, la experiencia es un activo para jugar sobre seguro. La juventud tiene sus ventajas. Insufla ánimos, ideas y sobre todo hambre de balón. En los partidos políticos, los debates sobre veteranía y renovación levantan ampollas, aunque de cara a la galería se intenta transmitir normalidad. En realidad, los cambios de liderazgo generan siempre inquietud porque suscitan incertidumbre electoral y desembocan en nuevos equilibrios en el control del aparato partidista, la llave del poder del que dependen el futuro de muchos militantes, afiliados y simpatizantes. Tras cinco victorias consecutivas, Valcárcel viene expresando en los últimos tiempos el deseo de cerrar su etapa en la presidencia de la Comunidad y continuar su labor política en el Parlamento Europeo, lo cual tiene toda su lógica porque veinte años en el mismo cargo, como él mismo ha dicho, son efectivamente muchos. Ahora, a través de una encuesta, hemos sabido que seis de cada diez murcianos ven bien esa posibilidad, lo que puede suscitar todo tipo de interpretaciones porque las motivaciones de cada encuestado pueden ser diversas. A tenor de la ventaja en las últimas elecciones y datos de recientes sondeos, Valcárcel dispondría aparentemente de suficiente ‘telomerasa política’ para digerir el desgaste de la acción de gobierno y encarar otro proceso electoral. Dado que en España no hay limitación de mandatos para cargos electos, la decisión última le corresponde al presidente regional. Ese día, tarde o temprano, llegará y Valcárcel deberá dilucidar si finalmente hace, o no, lo que él ha anticipado con casi dos años de antelación. No es un asunto políticamente menor, aunque es el menos urgente de cuantos tiene que afrontar y existen otros muchos que son ciertamente más importantes para la ciudadanía. El primero, sin duda, la generación de empleo para poner coto a las espeluznantes cifras de paro, ese cáncer social que no cesa de mulitiplicarse descontroladamente.

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Insolidaridad

Alberto Aguirre de Cárcer — Sun, 16 Sep 2012 07:48:34 +0000

España sería un polvorín social si no existiera la solidaridad intergeneracional. En este país machacado por el paro, con miles de familias con todos sus miembros sin trabajo, los abuelos tiran sin dudar de su pensión para contribuir a superar el trance de sus vástagos. Una de cada cinco abuelas cuida de forma regular a sus nietos y el 42% de los padres septuagenarios conviven con sus hijos. Nos salvamos del caos porque persiste esa malla de seguridad trenzada con lazos de sangre. Fuera del ámbito familiar, la cohesión se diluye. En Francia, la sociedad se frota aún los ojos con indignación tras saber que la primera fortuna del país, Bernard Arnault, el propietario de Möet & Chandon y Louis Vuitton, ha decidido pedir la nacionalidad belga por la subida de impuestos a los más ricos decretada por el presidente Hollande. Ese gesto de insolidaridad no es muy diferente al que impulsa el presidente Artur Mas, con la agravante diferencia de que quiere arrastrar al conjunto de los catalanes en su irresponsable huida hacia la independencia. Existe, eso es verdad, un amplio espectro de la sociedad catalana con sentimientos soberanistas, pero en buena parte han sido propiciados por una clase política que abandonó el catalanismo integrador para poner en ebullición el caldo de cultivo del victimismo y del hecho diferencial, con la torpe ayuda de algunos dirigentes nacionales que ya han pasado a la historia. Lo más vergonzante de esta espita abierta en Cataluña es que dinamita la solidaridad y la corresponsabilidad interterritorial justo cuando es más necesaria. Y todo para enmascarar con una gran humareda el desgaste por una gestión y unas políticas que hace solo unos meses hicieron manifestarse a miles de catalanes frente ante los hospitales donde Mas acometió los ajustes más duros. La estrategia es meridiana: propagar que la causa de la asfixia financiera no fue la gestión del manirroto gobierno tripartito ni la del actual convergente, sino la injusta financiación estatal que recibe Cataluña. Artur Mas chantajea con la secesión para forzar un Pacto Fiscal como el vasco, calculando que, si el órdago no surte efecto, al menos la agitación del descontento general le puede servir para ganar las próximas elecciones. De hecho, todo huele a que se adelantará la llamada a las urnas, siendo la manifestación del domingo el primer movimiento de ficha en el tablero electoral. Y como Rajoy y Rubalcaba tampoco son nuevos en esto, han reaccionado con tibieza para no echar más gasolina y porque intuyen la jugada de CiU. El problema para todos, incluido Artur Mas, es que cuando se apela a los sentimientos para movilizar a miles de personas, luego resulta muy difícil controlar las banderas que uno levanta. Pero eso no parece preocuparle a quien quiere crear estructuras propias de un Estado y al mismo tiempo recibir, sin adquirir compromisos, dinero estatal del Fondo de Liquidez Autonómico. Afortunadamente, la fórmula de los hispanobonos, que implicaría una mutualización del riesgo para el conjunto de las autonomías (eso no es solidario, sino temerario), fue descartada por un fondo que obliga a rendir cuentas por separado de los esfuerzos para reducir el déficit y de la marcha de las cuentas públicas, lo que abochorna al nacionalismo catalán, prisionero de un sueño delirante que está abocado al fracaso en la Europa actual.

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