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Choque de trenes en la Asamblea

Alberto Aguirre de Cárcer — Tue, 12 Jul 2016 23:15:36 +0000

Hoy arranca el debate sobre el estado de la Región y mi duda es cuán bronco será el choque dialéctico entre gobierno y oposición. Que abandone toda esperanza quien espere autocrítica en el Ejecutivo o algún reconocimiento de la otra parte. El acuerdo que permitió modificar los Presupuestos, por un pacto entre PP y PSOE, fue puntual y por la presión de los alcaldes socialistas, que se hubieran visto perjudicados. Todo apunta a un duelo entre el triunfalismo de unos y el catastrofismo de otros, en línea con los últimos tiempos.

Crecido por los resultados electorales del PP, el Ejecutivo aún no se ha bajado de la nube del 26J. Anda tan pasado de revoluciones en su carrusel de fotoanuncios y gestos, jugando todos para el delantero PAS, que ni se percata de sus errores. Está bien que se abran más tramos de la Costera Norte de Murcia si ya pueden utilizarse, pero a cuento de qué ese corte de cinta con una obra inacabada y esa nota de Presidencia dando por terminado el cinturón si falta el paso por la autovía con su correspondiente viaducto. Y cómo es posible que una genetista tan rigurosa como la consejera Guillén acierte al calificar de «hecho histórico» la pionera aplicación de células madre mesenquimales fucolisadas en La Arrixaca, y a continuación se exceda al asegurar que «permitirá hacer frente a importantes retos asistenciales», tratándose aún de un ensayo clínico en fase I/II para comprobar la seguridad de la terapia, con un solo paciente y pendiente de publicación científica.

Si se repiten los últimos debates en la Asamblea, el protagonismo lo coparán Sánchez y Urralburu, dado que la oratoria parlamentaria es el punto débil de González Tovar y del portavoz naranja Miguel Sánchez. Los portavoces de la oposición llegan con pobre balance en las urnas y sin haber hecho un ejercicio realista de autocrítica, especialmente Podemos, que dice que cambiará lo que mejor le ha funcionado aquí (la comunicación), quizá para no tener que asumir que fue un error histórico su pérdida de transversalidad y vocación de partido mayoritario por el acuerdo con IU. Si el principal reproche va a ser que el Gobierno está fuera de la realidad, visto el veredicto de las urnas la oposición tendrá que hacérselo mirar. Guste o no, el 26J dejó claro que la denuncia de la corrupción es un discurso político amortizado que ya pasó toda factura posible a los populares. Ciudadanos empieza a notarlo en sus apoyos electorales porque era su principal baza en la Región, si no la única. Mucho mejor deberá hacerlo la oposición para doblegar al PP regional, al que se le ve con más organización y motivación en el terreno de juego. Y aunque la sobreexcitación les lleva a cometer errores, también cosechan aciertos y son más previsibles. Si PSOE y Ciudadanos no introducen un revulsivo en sus liderazgos, lo tienen crudo a medio plazo frente a un PP muy movilizado que roza el culto a la personalidad con PAS. Aunque desde fuera tanta adulación sonroja, parece que les funciona.

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La ley y la selva

LV — Sun, 12 Aug 2012 07:47:15 +0000

Siempre que nos alcanza una ola abrasadora de calor, o se nos queman los montes o se nos inflaman los ánimos. Como sucede en muchos fuegos forestales siempre hay algún pirómano insensato dispuesto a encender una mecha para desencadenar un incendio social. El episodio protagonizado por el alcalde y diputado regional andaluz, Juan Manuel Sánchez Gordillo, responsable del saqueo de dos supermercados, ha sido tan esperpéntico y grave como los intentos muy poco afortunados de sus correligionarios de justificar lo que constituye inequívocamente un delito. Solo en un clima social tan caldeado como el actual es posible comprender cómo hay quienes tratan de justificar lo injustificable y olvidan que el cumplimiento de las leyes es uno de los fundamentos básicos del Estado de Derecho. Sobre esta idea central también se ha discutido esta semana a cuenta de la exclusión de los inmigrantes sin papeles de la sanidad pública, salvo para los casos de urgencia y el tratamiento de enfermedades crónicas. Un número cada vez más numeroso de médicos han declarado su intención de objetar para seguir tratando a los inmigrantes en situación irregular. Solo por razones de sostenibilidad del sistema nacional de salud se puede explicar esta decisión de cercenar el derecho a la salud de todo individuo, como sucede en otros países europeos, aunque desde el punto de vista de la salud pública y el control de ciertas enfermedades sea hasta arriesgado dejar fuera de la asistencia médica a un importante colectivo de personas. Es, sin duda, una decisión discutible desde la perspectiva deontológica de los profesionales de la salud y también dudosa desde el punto de vista de su eficacia. El Gobierno central ha recordado, en buena lógica, que corresponde a las autoridades sanitarias, y no a los médicos, decidir quién tiene derecho a las prestaciones de la sanidad pública. Pero a falta de dos semanas para que entre en vigor la nueva normativa, el Ministerio de Sanidad improvisa cada día las condiciones para el acceso de los inmigrantes a la tarjeta sanitaria, incumpliendo su obligación de generar la seguridad jurídica que reclaman las organizaciones médicas. Probablemente le asista la razón al Ejecutivo, como ha recordado algún colegio profesional, cuando niega la posibilidad de objeción en el cumplimiento del nuevo decreto, pero no deja de ser paradójico que se traslade toda la responsabilidad última al médico, que a la postre decidirá si la atención a un inmigrante sin papeles se ajusta al requisito de urgencia. Aunque es legítimo oponerse a las leyes por vías judiciales y políticas democráticas, éstas deben cumplirse y hacerse cumplir, aunque previamente, además de legitimidad social, tienen que reunir sólidos fundamentos jurídicos y carecer de lagunas para no dejar fuera de la ley a quienes quieren ejercer su profesión con las máximas garantías. Para no caer en la ley de la selva hay que hacer mucho más. Desde combatir ya en la escuela la cultura del fraude, tan asentada en nuestro país, a terminar con los llamamientos a la insumisión por dirigentes políticos a derecha y a izquierda, con las normas de efectos retroactivos y con las amnistías fiscales para los incumplidores.

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El Estado fallido

LV — Sun, 05 Aug 2012 07:31:11 +0000

Cuando lo urgente se impone sobre lo importante y se echa tierra sobre las raíces de los problemas, lo único que puede ganarse es tiempo. Una vez más, en la cumbre autonómica celebrada esta semana para fijar objetivos de deuda y déficit, se ha hecho tristemente palpable la falta de cohesión, la ineficacia y la insostenibilidad de un modelo territorial que está poniendo en serios aprietos la gobernanza del país, justo cuando más necesaria resulta la unidad de acción política. La insolidaridad de los nacionalistas, los intereses partidistas de algunas comunidades y una cierta torpeza por parte del Gobierno central, al demonizar en exceso el papel de las autonomías para luego pedirles colaboración, dibujan un panorama desalentador de cara a lo que está por venir en los próximos meses. Si la conferencia de presidentes autonómicos que ha convocado Rajoy para septiembre cosecha el mismo resultado que las precedentes (una impostada fotografía de unidad y poco más), nos encontraremos de nuevo ante la evidencia del rácano liderazgo político existente para sustanciar las reformas de fondo. Hace ya muchos años que los consejos interterritoriales creados para garantizar la cohesión, la solidaridad y la equidad de los españoles se convirtieron en escenario para la confrontación partidista. En paralelo se alentó ingenuamente la voracidad competencial de las comunidades, permitiendo que los Estatutos autonómicos rebasaran los límites razonables que fueron fijados en la Constitución del 78 para asegurar la vertebración del país. De esa forma llegamos al blindaje de los ríos y de las inversiones estatales, entre otras bochornosas ocurrencias, durante el mandato de un expresidente que dudaba del concepto de nación y se dedicaba a la extensión de derechos sin pensar si eran sostenibles económica y políticamente. Entretanto, las comunidades de distinto signo político fueron engordando sus estructuras, creando empresas públicas y todo tipo de organismos de dudosa utilidad, que sirvieron para dar cobijo a los afines y para multiplicar la plantilla de empleados públicos hasta límites hoy inaguantables. El resultado final de este proceso es un Estado de arquitectura fallida, que se superpone ineficientemente en diversos ámbitos competenciales y que no tiene límites a la hora de consumir recursos públicos. Los momentos de crisis no suelen ser los más adecuados para encarar las grandes reformas, pero no queda otra que abordar la que atañe al modelo autonómico si queremos recuperar la confianza y la credibilidad de España. Y eso solo es factible con un pacto entre los grandes partidos de gobierno, como sucedió durante la Transición. A tenor de lo visto en los últimos tiempos, esto va a ser harto difícil. Mientras el PP se envuelve en la bandera de España y se llena la boca de grandes palabras, el PSOE intenta reinventar su discurso y lo único que se le ocurre en su congreso de Sevilla es impugnar los acuerdos con la Santa Sede. Vivimos una época marcada por la más cruel de las crisis económicas, pero los problemas de fondo son de mucho mayor calado. Es una lástima que estos tiempos coincidan con la generación de dirigentes políticos más gris de nuestra democracia.

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