Primera Planagobierno – Primera Plana

España sale del bloqueo

Alberto Aguirre de Cárcer — Sun, 30 Oct 2016 06:54:01 +0000

En el llamado sexenio democrático o revolucionario (1868-1874), España vivió un destronamiento, un régimen provisional, una regencia, una monarquía democrática, una abdicación, una república federal, otra unitaria, varias guerras civiles simultáneas, un nuevo régimen provisional y, finalmente, la restauración de la dinastía destronada al inicio de ese convulso periodo. 2016 no llega ni de lejos a esas cotas de inestabilidad, pero no ha existido desde la Transición democrática otro año con semejante grado de interinidad. Después de más de trescientos días de Ejecutivo en funciones, dos llamadas a las urnas con sendas investiduras fallidas y varios pactos frustrados, Mariano Rajoy se convirtió ayer en presidente del Gobierno. Y curiosamente, después de todo, con el menor rechazo de nuestra reciente historia democrática porque el principal partido de la oposición, el PSOE, no votó ayer en contra de la investidura, sino que se abstuvo en su inmensa mayoría. Solo Pedro Sánchez, que dimitió horas antes, y quince diputados socialistas se mantuvieron fieles al ‘no es no’.

La investidura de Rajoy abre una legislatura de duración incierta, pero a buen seguro tormentosa, para un Gobierno sin un pacto de legislatura y en franca minoría ante una oposición muy fragmentada que saldrá a morder. Cualquier iniciativa legislativa deberá pactarla con más de un grupo de la oposición, que tendrá a merced al Ejecutivo en las votaciones parlamentarias, salvo en aquellos proyectos que implican gastos adicionales porque el Ejecutivo retiene en su mano el escudo de la ley de estabilidad presupuestaria. Esa debilidad parlamentaria supone, sin embargo, una oportunidad para desatascar reformas pendientes de calado, como el modelo de financiación autonómica, el pacto por la educación, el sistema público de pensiones y quién sabe si la reforma constitucional, el problema catalán, el ansiado pacto nacional del agua y la reforma del modelo energético. Más le vale a Rajoy elegir a ministros con talante negociador y habilidad política porque se avecinan tiempos de ineludibles pactos. No es el presidente muy dado a los cambios sobre la marcha. De hecho, ya mantuvo en su anterior equipo, hasta que la presión fue insoportable, a varios ministros (Wert, Mato, Soria..,) que no dieron la talla desde el primer minuto. A otros, los más cercanos (Fernández Díaz y Margallo), los sostuvo contra viento y marea hasta el final. Ahora que Rajoy tendrá que ganarse la estabilidad día a día, ya no podrá optar por otro gabinete de viejos amigos y colaboradores. La elección de sus ministros, que se conocerá el jueves, será el primer mensaje de esta nueva etapa de diálogo forzoso al que Rajoy se cuidó muy mucho ayer de poner límites. No puede olvidar, sin embargo, que le corresponde a él y a su partido tomar la iniciativa para procurar los acuerdos que garanticen la legislatura más estable y fructífera.

Pese a que todos los candidatos acudieron a las segundas elecciones con la promesa de que no habría unas terceras, el desbloqueo solo llegó con el ‘golpe de los coroneles’ socialistas liderado por Susana Díaz contra Pedro Sánchez. La batalla por el control del partido se cobró la cabeza del exsecretario general, que ayer, al anunciar que abandona su escaño, dejó claro que no renuncia a volver a coger el timón del PSOE en unas primarias. Su petición de que la gestora las convoque de inmediato revela sus intenciones. Cuanto más tiempo pase, fuera ya del hemiciclo, menos oportunidades tendrá. Tan claro como que Susana Díaz hará lo posible por retrasarlas al máximo.

La guerra del PSOE tiene muy mal pronóstico. El pasado domingo, como si invocaran inconscientemente la primera frase de una canción de Georges Brassens (‘Morir por una idea es una idea excelente’), llegaron al Comité Federal del PSOE los postulantes del ‘qué parte del no no entiende’ dispuestos a defender su hoja de ruta ¿suicida?: acudir a terceras elecciones sin candidato, divididos y sin un proyecto aglutinador. Pero en Ferraz se toparon con un coro más numeroso de partidarios de la abstención para evitar una debacle electoral . Y así prevaleció finalmente otro verso de la canción de Brassens (‘Muramos por una idea, de acuerdo, pero que sea de muerte lenta’). Susto o muerte, ese era el dilema. Parece que prevaleció la primera opción, aunque según qué bando relate la historia no queda claro cuál de los dos caminos (el no o la abstención) podría conducir al partido socialista a su cadalso. En realidad, no importa tanto quién tuviera razón en esta encrucijada. Lo grave no era el dilema sino la evidencia de la profunda fractura interna en un partido con mil voces. No es un descosido, es un roto imparcheable, que precisa de un traje nuevo y de un líder que lo porte y lo exhiba con convicción. En esta guerra trufada de descalificaciones personales han olvidado hasta la reacción más instintiva en situaciones de peligro. Desde que los humanos se convirtieron en bípedos, agruparse es la mayor garantía para la supervivencia cuando no cabe la huida. Cerrar filas, lo llaman los políticos. Han optado, por el contrario, por desollarse en directo a la vista de todos. Convertido Ferraz en un trasunto del rancho de Waco emerge una pregunta: ¿si tanta desconfianza suscitan los unos en los otros, y viceversa, quién de fuera puede confiar hoy en ellos? Que sirvan de consuelo para los militantes socialistas las intervenciones en la sesión de investidura de posibles compañeros de viaje que no pudieron ser: Pablo Iglesias, otrora el mejor activo y hoy el mayor lastre de Podemos, y el diputado Gabriel Rufián (ERC), abochornante con su vomitivo derroche de bilis.

España necesita un PSOE sólido y unido, pero la respuesta a los problemas del país no puede esperar a la recomposición de los socialistas. La sociedad civil murciana demanda al nuevo Gobierno soluciones, y no más parches, para su déficit hidrológico, financiero y de infraestructuras. Son solo tres de una larga lista de reclamaciones de una Región muy dependiente de las decisiones adoptadas en Madrid. En medio de esta nueva legislatura tan compleja, los diputados murcianos van a tener que pelear mucho para introducir esas aspiraciones en la agenda política nacional. Ya pueden ponerse a trabajar desde hoy.

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El sentido común

Alberto Aguirre de Cárcer — Sun, 21 Dec 2014 07:03:29 +0000

Han corrido ríos de tinta en los últimos años sobre la influencia del ensayo ‘¡Indignaos¡’ de Stephane Hessel en las protestas sociales contra la crisis en Europa, pero aún está lejos del impacto que tuvo otro, redactado siglos antes por Thomas Paine. Fechado en 1776 y titulado ‘El Sentido Común’, ese corto escrito allanó el camino de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y contiene los mimbres ideológicos fundamentales para entender la relación entre el pueblo estadounidense y sus instituciones de gobierno. Según Paine, el gobierno es un mal necesario para garantizar la libertad y la seguridad de los ciudadanos. «La sociedad es el resultado de nuestras necesidades, y el gobierno el de nuestras iniquidades. El gobierno es como el vestido, la divisa de la inocencia perdida. Los palacios de los reyes están edificados sobre las ruinas del paraíso», decía ese escrito que George Washington hacía leer a sus soldados. En España hay muchos políticos con vocación de servicio público y que asumen que perpetuarse en el poder y en los aparatos de los partidos solo trae problemas a la sociedad a la que se deben. Lo pernicioso es que también hay otros muchos que pierden la noción de lo que son y de dónde vienen, entrando en un bucle delirante donde el mundo gira a su alrededor y la interpretación de la realidad se hace en clave personal. Los estadounidenses lo tuvieron claro y en 1951 enmendaron su Constitución para que los presidentes solo puedan ser reelegidos una vez. En su breve etapa de gobierno, la aportación más relevante de Garre ha sido precisamente limitar la duración de los mandatos presidenciales. Y es que cuando uno pasa la mayor parte de su vida en un palacio es difícil no acabar creyéndose un rey. Está en la naturaleza humana. Poner un techo temporal por ley, como se ha hecho en la Región, fue una decisión más que acertada. Ya puestos a mejorar la confianza ciudadana en el Gobierno, Garre debería haber dado pasos en la rendición de cuentas, como ha hecho con la ley de transparencia, una norma que en este caso servirá de poco si no impregna toda la acción del Ejecutivo. Que no se hayan dado a conocer, por ejemplo, las listas de espera de la sanidad es a día de hoy inexplicable y reprochable. En los últimos días, el Ejecutivo regional informó con celeridad y claridad de la dimisión del consejero Campos y de la compleja situación del aeropuerto de Corvera, pero debía haber solicitado ya una comparecencia ante la Asamblea para informar a la oposición y someterse a su control, sin esperar a que ésta, con toda legitimidad y razones de peso, reclame la presencia de Garre, responsable máximo de los éxitos y los fracasos de su Ejecutivo. La relación entre la sociedad y el gobierno atañe a ambas partes y, de momento, da la impresión de que solo si hubiese una nítida exigencia ciudadana se reformaría el Reglamento de la cámara regional para que la rendición de cuentas esté mejor reglada y sea más frecuente.

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La ley y la selva

LV — Sun, 12 Aug 2012 07:47:15 +0000

Siempre que nos alcanza una ola abrasadora de calor, o se nos queman los montes o se nos inflaman los ánimos. Como sucede en muchos fuegos forestales siempre hay algún pirómano insensato dispuesto a encender una mecha para desencadenar un incendio social. El episodio protagonizado por el alcalde y diputado regional andaluz, Juan Manuel Sánchez Gordillo, responsable del saqueo de dos supermercados, ha sido tan esperpéntico y grave como los intentos muy poco afortunados de sus correligionarios de justificar lo que constituye inequívocamente un delito. Solo en un clima social tan caldeado como el actual es posible comprender cómo hay quienes tratan de justificar lo injustificable y olvidan que el cumplimiento de las leyes es uno de los fundamentos básicos del Estado de Derecho. Sobre esta idea central también se ha discutido esta semana a cuenta de la exclusión de los inmigrantes sin papeles de la sanidad pública, salvo para los casos de urgencia y el tratamiento de enfermedades crónicas. Un número cada vez más numeroso de médicos han declarado su intención de objetar para seguir tratando a los inmigrantes en situación irregular. Solo por razones de sostenibilidad del sistema nacional de salud se puede explicar esta decisión de cercenar el derecho a la salud de todo individuo, como sucede en otros países europeos, aunque desde el punto de vista de la salud pública y el control de ciertas enfermedades sea hasta arriesgado dejar fuera de la asistencia médica a un importante colectivo de personas. Es, sin duda, una decisión discutible desde la perspectiva deontológica de los profesionales de la salud y también dudosa desde el punto de vista de su eficacia. El Gobierno central ha recordado, en buena lógica, que corresponde a las autoridades sanitarias, y no a los médicos, decidir quién tiene derecho a las prestaciones de la sanidad pública. Pero a falta de dos semanas para que entre en vigor la nueva normativa, el Ministerio de Sanidad improvisa cada día las condiciones para el acceso de los inmigrantes a la tarjeta sanitaria, incumpliendo su obligación de generar la seguridad jurídica que reclaman las organizaciones médicas. Probablemente le asista la razón al Ejecutivo, como ha recordado algún colegio profesional, cuando niega la posibilidad de objeción en el cumplimiento del nuevo decreto, pero no deja de ser paradójico que se traslade toda la responsabilidad última al médico, que a la postre decidirá si la atención a un inmigrante sin papeles se ajusta al requisito de urgencia. Aunque es legítimo oponerse a las leyes por vías judiciales y políticas democráticas, éstas deben cumplirse y hacerse cumplir, aunque previamente, además de legitimidad social, tienen que reunir sólidos fundamentos jurídicos y carecer de lagunas para no dejar fuera de la ley a quienes quieren ejercer su profesión con las máximas garantías. Para no caer en la ley de la selva hay que hacer mucho más. Desde combatir ya en la escuela la cultura del fraude, tan asentada en nuestro país, a terminar con los llamamientos a la insumisión por dirigentes políticos a derecha y a izquierda, con las normas de efectos retroactivos y con las amnistías fiscales para los incumplidores.

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El Estado fallido

LV — Sun, 05 Aug 2012 07:31:11 +0000

Cuando lo urgente se impone sobre lo importante y se echa tierra sobre las raíces de los problemas, lo único que puede ganarse es tiempo. Una vez más, en la cumbre autonómica celebrada esta semana para fijar objetivos de deuda y déficit, se ha hecho tristemente palpable la falta de cohesión, la ineficacia y la insostenibilidad de un modelo territorial que está poniendo en serios aprietos la gobernanza del país, justo cuando más necesaria resulta la unidad de acción política. La insolidaridad de los nacionalistas, los intereses partidistas de algunas comunidades y una cierta torpeza por parte del Gobierno central, al demonizar en exceso el papel de las autonomías para luego pedirles colaboración, dibujan un panorama desalentador de cara a lo que está por venir en los próximos meses. Si la conferencia de presidentes autonómicos que ha convocado Rajoy para septiembre cosecha el mismo resultado que las precedentes (una impostada fotografía de unidad y poco más), nos encontraremos de nuevo ante la evidencia del rácano liderazgo político existente para sustanciar las reformas de fondo. Hace ya muchos años que los consejos interterritoriales creados para garantizar la cohesión, la solidaridad y la equidad de los españoles se convirtieron en escenario para la confrontación partidista. En paralelo se alentó ingenuamente la voracidad competencial de las comunidades, permitiendo que los Estatutos autonómicos rebasaran los límites razonables que fueron fijados en la Constitución del 78 para asegurar la vertebración del país. De esa forma llegamos al blindaje de los ríos y de las inversiones estatales, entre otras bochornosas ocurrencias, durante el mandato de un expresidente que dudaba del concepto de nación y se dedicaba a la extensión de derechos sin pensar si eran sostenibles económica y políticamente. Entretanto, las comunidades de distinto signo político fueron engordando sus estructuras, creando empresas públicas y todo tipo de organismos de dudosa utilidad, que sirvieron para dar cobijo a los afines y para multiplicar la plantilla de empleados públicos hasta límites hoy inaguantables. El resultado final de este proceso es un Estado de arquitectura fallida, que se superpone ineficientemente en diversos ámbitos competenciales y que no tiene límites a la hora de consumir recursos públicos. Los momentos de crisis no suelen ser los más adecuados para encarar las grandes reformas, pero no queda otra que abordar la que atañe al modelo autonómico si queremos recuperar la confianza y la credibilidad de España. Y eso solo es factible con un pacto entre los grandes partidos de gobierno, como sucedió durante la Transición. A tenor de lo visto en los últimos tiempos, esto va a ser harto difícil. Mientras el PP se envuelve en la bandera de España y se llena la boca de grandes palabras, el PSOE intenta reinventar su discurso y lo único que se le ocurre en su congreso de Sevilla es impugnar los acuerdos con la Santa Sede. Vivimos una época marcada por la más cruel de las crisis económicas, pero los problemas de fondo son de mucho mayor calado. Es una lástima que estos tiempos coincidan con la generación de dirigentes políticos más gris de nuestra democracia.

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El crédito de Rajoy

LV — Sun, 15 Jul 2012 17:42:46 +0000

España ya no tiene libertad para decidir. Lo dijo Rajoy el pasado miércoles cuando presentó como inevitables los durísimos sacrificios que se avecinan. Con ello ponía de manifiesto la situación de grave emergencia del país y que nuestra política económica está supeditada a las condiciones fijadas por la UE en el memorándum firmado para nuestro rescate financiero. Antes del Consejo Europeo, y aún ahora a la luz de la evolución de la prima de riesgo y de los intereses del bono español, nuestro país está en claro riesgo de ‘default’. Ese es el término financiero que tiene al Gobierno preso de los nervios porque significa la imposibilidad de hacer frente al pago de los vencimientos de deuda y aboca a una situación de quiebra, con la consiguiente incapacidad para pagar las nóminas del sector público y prestar los servicios básicos. Solo este año las comunidades autónomas deben abonar 15.000 millones para saldar los intereses de lo que deben. Algunas de ellas, como la Comunitat Valenciana, frisan ya la bancarrota por el desplome de los ingresos.
La subida del IVA, el recorte del subsidio del desempleo y la eliminación de la paga extra de Navidad a los funcionarios son parte de ese doloroso peaje, que incluye además la cesión de soberanía con una intervención del Banco Central Europeo de nuestra economía. La frase pronunciada por Rajoy tiene también aires de capitulación en quien no ha logrado, en estos seis meses, recuperar la credibilidad y la confianza en España ante quienes nos insuflan financiación desde el exterior y ahora nos reclaman ajustes draconianos, aún a costa de hundirnos en la recesión y el empobrecimiento, para garantizarse que recuperarán lo que nos prestaron. El presidente está recogiendo los frutos de la herencia recibida, una pesada mochila donde cabe la pésima gestión económica del anterior Gobierno socialista, pero también las de las comunidades autónomas, con las del PP a la cabeza, la de ciertas entidades financieras y la del Banco de España. Y también su propia estrategia de oposición, esperando irresponsablemente la caída de Zapatero como una fruta madura. Sin embargo, no todo es producto del pasado. También empieza a pesar la gestión realizada desde La Moncloa, donde solo brilla la puesta en marcha del plan de pago a proveedores y la decisión política de activar reformas estructurales bajo criterios de austeridad. En estos meses, Rajoy ya acumula unos cuantos errores de bulto, y no solo de comunicación, entre los que destaca el haber retrasado las medidas de fondo e incluso los Presupuestos del Estado hasta después de las elecciones andaluzas. Tampoco fue acertado enfrentarse a la UE autofijando un límite de déficit para España antes de negociarlo con los socios, jactarse de que él es quien presiona a Europa y no al revés, negar la existencia de un rescate o la subida del IVA para finalmente tener que aceptar la realidad de ambas cosas, rehuir las comparecencias públicas para verse forzado finalmente a rendir cuentas en el Parlamento, empeñarse en un rescate directo a los bancos que los tratados europeos impiden, dilatar la reforma de la administración… Rajoy tiene la legitimación y la mayoría necesaria para sacar al país de esta ruina si acierta con sus decisiones. Pero no debe olvidar que el crédito recibido en las urnas no es ilimitado y también puede ir a la quiebra.

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La Corona y el nuevo Gobierno

LV — Sun, 18 Dec 2011 09:16:32 +0000

La legislatura arrancó esta semana en el Congreso de los Diputados con una defensa cerrada de la Corona, que atraviesa su trance más grave por la investigación judicial de los negocios privados del Duque de Palma. En las oportunas palabras de nuestros políticos había un sincero respaldo al Rey y a la vez un cierto poso de mala conciencia. No hay duda de que la principal responsabilidad de esta crisis recae en la conducta «poco ejemplar» del propio Iñaki Urdangarin, cuya actuación debe ser investigada por los tribunales hasta sus últimas consecuencias. Pero es evidente que ni los legisladores ni el Gobierno salientes han sabido cumplir acertadamente con la obligación en toda monarquía parlamentaria de proteger la figura del Jefe del Estado de sus propias limitaciones y errores, y propiciar una percepción social positiva de su contribución a la estabilidad y el desarrollo de España. Así lo hizo el Gobierno de Tony Blair cuando la Familia Real británica, hundida en los índices de popularidad, se disponía a gestionar de la peor manera posible la muerte de Lady Di. Por razones diferentes, España padece una situación semejante a la que vivió el Reino Unido. Basta con ver el último barómetro del CIS de octubre y comprobar cómo, por primera vez, la confianza en la Monarquía no llega al aprobado después de muchos años en los que la institución recibía una buena valoración de los españoles. En un país como el nuestro, sin monárquicos ni republicanos acérrimos, la Corona sólo tiene sentido si la ciudadanía aprecia su utilidad, lo que depende de la ejemplaridad de los miembros de la Familia Real pero también del espacio institucional y los cometidos que le marque el Gobierno de turno. La Corona tiene un valor simbólico que ha demostrado ser, además, un bien democrático fundamental en momentos clave desde la Transición hasta nuestros días. Y no sólo me refiero al papel del Rey durante el 23-F. Aludo también a la gran función estabilizadora que desempeñó Don Juan Carlos en los momentos más difíciles de la sociedad española, cuando golpeaba con furia el terrorismo o las sucesivas crisis económicas. Tampoco es casual que la influencia de España en el mundo alcanzara su punto álgido cuando los distintos Gobiernos supieron utilizar el prestigio internacional del Rey para fortalecer su política exterior, una estrategia que multiplicó el peso de nuestro país en los grandes ámbitos de decisión supranacionales y favoreció la internacionalización de nuestras empresas. En los últimos años, por el contrario, las visitas de Estado a España se redujeron al mínimo, mientras que la agenda exterior del Rey y del Príncipe, una cuestión que también compete al Gobierno, se debilitó hasta niveles tan intrascendentes que fomentaron una injusta imagen de ociosidad de una Familia Real convertida en carne de cañón para las revistas del ‘corazón’. Por cierto, también tenemos gran culpa los medios de comunicación, desde luego unos muchísimo más que otros, en esa banalización y pérdida de estima en la Corona. Mariano Rajoy tiene como principal objetivo superar la crisis económica, aunque no debe olvidar que será su responsabilidad recuperar la confianza en la Monarquía y en otros pilares institucionales del Estado. No será fácil, pero será una obligación ineludible como presidente del Gobierno.

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Mucho por hacer

Alberto Aguirre de Cárcer — Sun, 26 Jun 2011 09:36:00 +0000

Es cierto que la mayor parte de la recuperación de la actividad económica y del empleo dependerá del desenlace de las titubeantes reformas laboral y financiera que lidera el Gobierno central. Mientras perduren las causas de fondo que lastran la competitividad de nuestra economía, la bruma de la desconfianza seguirá atenazando a un país permanentemente vigilado por las instituciones financieras internacionales. Dicho eso, no es menos cierto que los Gobiernos autonómicos, sin tener capacidad normativa en materia de empleo, disponen de herramientas suficientes para dinamizar la economía, modelar su tejido productivo y elevar la competitividad de su capital humano. Gusten más o menos los distintos consejeros, el nuevo Ejecutivo de Valcárcel se adapta a lo que exige la adversa coyuntura: menos estructura y menos gasto público para sortear la tempestad con una tripulación experimentada y con conocimientos técnicos. Pronto deberemos escrutar si además de cumplir con las exigencias del control del déficit público, los consejeros que ocupan los puestos clave tienen la capacidad para acelerar los proyectos estratégicos de la Región, mantener la calidad de los servicios públicos y captar inversiones productivas que generen puestos de trabajo. Que el empresario murciano García Carrión anunciase hace pocos días que invertirá 80 millones para incrementar la producción de zumos en Huelva, porque la zona ofrecía terrenos a buen precio y existe un paraguas administrativo propicio, es ilustrativo de que las cosas son susceptibles de mejora en el Gobierno regional para salir fortalecidos y lo más pronto posible de la crisis. Los ayuntamientos de las grandes ciudadades también deben y pueden contribuir pese a la asfixiante situación de sus arcas. Cartagena es un ejemplo de dinamismo y de visión de futuro. Cómo es posible, por el contrario, que Murcia, la séptima ciudad de España por población, no tenga aún un recinto ferial propio ni un palacio de congresos competitivo. Difícilmente se podrán atraer visitantes y generar negocio si la rehabilitación del Teatro Romea se eterniza y el Auditorio Víctor Villegas tiene un uso exclusivamente cultural. No debería asumirse tampoco que la afluencia a eventos de interés internacional, como el festival SOS 4.8, esté limitado por la disponibilidad de plazas hoteleras de la ciudad. La gestión del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Murcia tienen obviamente también sus luces, de igual manera que la del consistorio de Cartagena presenta puntos débiles. De hecho, todas ellas fueron refrendadas mayoritariamente por los votantes, lo cual no significa, como trato de apuntar, que el margen de mejora no sea amplio. Los retos que se avecinan no son solo para quienes gobiernan. Que no haya expectativa de alternancia ni una oposición fuerte que controle a quien gestiona no es bueno ni siquiera para quienes ocupan el poder. Los socialistas murcianos tienen mucho trabajo interno por hacer. Les llevará tiempo, pero no pueden dormirse porque la Región necesita un liderazgo claro en la oposición y que se visualice si el PSRM respalda o no, y de qué forma, los proyectos regionales que están en marcha. La clave del éxito futuro, y no solo en política, radica en cómo se administran las derrotas de hoy.

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Valcárcel no quiere experimentos

Alberto Aguirre de Cárcer — Sat, 25 Jun 2011 11:39:00 +0000

Habrá que esperar hasta después del verano para atisbar si Valcárcel acierta con la configuración de su nuevo Ejecutivo, que está marcado por otra vuelta de tuerca en materia de austeridad, con la reducción de dos consejerías, y por la continuidad en los perfiles, con la única incorporación del decano del Colegio de Ingenieros, Antonio Sevilla. Avalado por los resultados en las urnas, Valcárcel no ha querido hacer experimentos, ni someterse a criterios de paridad o territorialidad, en un contexto muy adverso por el deterioro de la actividad económica y la evolución del desempleo. Con ese incierto panorama ha optado por la estabilidad, la experiencia y más peso técnico que político.
Los problemas de la Región no son un secreto. Junto a la crisis y el paro, dos males que con distinto nivel de intensidad son comunes a todo el país, el nuevo Gobierno nace con las rémoras de una financiación menguante y el desafío de la reconstrucción de Lorca. Por el desplome de ingresos a causa de la crisis económica, el Ejecutivo regional ha perdido su autonomía financiera y cada vez es más dependiente de las transferencias del Estado. En paralelo, el margen para reducir gasto público comienza a agotarse, si se quiere preservar los servicios públicos básicos, como la sanidad y la educación, sin subir los impuestos. Valcárcel no parece tener otro camino que seguir avanzando por la senda del control del déficit público, apostando por incentivar la actividad económica con la búsqueda de inversiones en territorio murciano. Salvador Marín, hasta ahora consejero de Universidades, Empresas e Investigación, es un economista al que se le reconoce, además de solvencia técnica y gran capacidad de trabajo, una habilidad especial para buscar soluciones imaginativas. Falta le hará porque, para colmo de males, la factura de la reconstrucción de Lorca duplica las estimaciones iniciales y en los días posteriores al terremoto, cuando la prioridad era la colaboración institucional en plena campaña electoral, no se quiso apretar en las negociaciones con el Gobierno central para el reparto financiero del coste de la rehabilitación. Tarde o temprano este problema llegará a la mesa de Marín, que tendrá que demostrar si será capaz de imponer coordinación y disciplina presupuestaria al resto de Consejerías, una de las vías de agua del anterior gabinete y fuente de tensiones que amenazaban a su cohesión. Marín y el consejero José Ballesta, que llega a un departamento que conoce bien por su larga trayectoria universitaria, tendrán que seguir buscando y propiciando inversiones privadas, tarea a la que contribuyó Pedro Alberto Cruz a través del proyecto Paramount. Por su parte, Cruz tiene ante sí el reto de situar, con un presupuesto limitado, el turismo como la principal prioridad de su Consejería, ya que es uno de los pocos sectores que crecerá en el país y donde más largo recorrido tiene por delante la Región de Murcia.
La incógnita es el nuevo consejero de Obras Públicas, Antonio Sevilla. No por su cualificación técnica, sino por su inexperiencia en materia de gestión en la administración pública y porque coge las riendas de una consejería que hoy tiene un escuálido presupuesto. Algunos proyectos ya están definidos o muy avanzados, como el aeropuerto de Corvera, pero por delante tiene otros que van a exigir tanta pericia política como técnica debido al concurso de Madrid y Bruselas, como el macropuerto del Gorguel, el cumplimiento de los plazos del AVE y el Corredor Mediterráneo, de vital importacia para el transporte de mercancías. Ahí será clave el papel de Salvador Marín como responsable de los grandes proyectos de inversión. Sin duda, el mayor reto es para la consejera Angeles Palacios, que asumirá un altísimo porcentaje del presupuesto regional al frente de la superconsejería de Sanidad y Política Social, pero también una importante deuda con los proveedores sanitarios, un gasto farmacéutico en cotas aún muy elevadas y un sistema de dependencia infrafinanciado.

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