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La academia de los ociosos

Alberto Aguirre de Cárcer — Sun, 10 Dec 2017 13:28:07 +0000

Nos espera un 2018 repleto de importantes debates sobre el modelo territorial que serán punto de partida para una reforma constitucional. Está por ver si sus protagonistas estarán a la altura de los desafíos que se pretenden superar

Es de esperar que la comisión creada en el Congreso de los Diputados para evaluar a partir de enero la reforma del modelo territorial no se convierta en la napolitana Academia de los Ociosos en la que ingresó Francisco de Quevedo. Aunque agrupados bajo un engañoso nombre (su lema era ‘no quedarse en la apatía’ y sus integrantes no eran perezosos desocupados sino poetas y literatos que apostaban por cultivar el espíritu), Quevedo y sus contertulios derivaban con facilidad en bizantinas discusiones sobre qué tipo de canciones cantaron las sirenas para atraer a Ulises o con qué pie tocó tierra Eneas cuando desembarcó en Italia. Ahora son malos tiempos para la lírica y lo deseable es que la apertura del melón del estado autonómico, de cara a una eventual reforma de la Constitución, no sirva a la postre para que cada partido saque su particular tajada de un debate necesario, siempre que conduzca a una mejora estructural del sistema autonómico y a los cambios precisos para dar respuesta a los problemas de un país que empieza a parecerse poco al de 1978. Los dos grandes partidos ya han avanzado la lista de comparecientes que desfilarán por el Congreso durante los próximos seis meses, sin que por el momento sepamos muy bien a qué va a conducir todo un proceso que no debería utilizarse para satisfacer o apaciguar a los separatistas. Las dificultades para llegar a un consenso son elevadas porque de partida las posiciones son muy distantes. Por un lado, frente a la impasibilidad del PP de Rajoy nos encontramos la alternativa federalista del PSOE de Sánchez, que no se termina ni de concretar ni de entenderse. Y luego en los extremos aparecen Podemos, que apuesta por tirar la casa en lugar de reformarla, y los nacionalistas, renuentes a cualquier acuerdo por su falta de interés político en un proyecto común. Pero las dificultades de inicio no deberían poner freno a una revisión ineludible, habida cuenta de la grave crisis institucional que ha vivido España en los últimos siete años. Mucho más complicado era el entorno político y social de los años previos a la redacción y aprobación de la Constitución. Pero lo que entonces parecía imposible se hizo realidad por la talla política de los actores implicados, la existencia de una verdadera voluntad de cambio democrático y, desde luego, la participación activa de una ciudadanía que se sentía protagonista de la transición a la democracia. Ninguna de esas tres premisas previas se dan ahora. Da igual, la situación obliga.

Más allá de la sempiterna necesidad de dar contenido y competencias territoriales al Senado, habría que buscar soluciones de fondo para algunos males que han lastrado la competitividad política, económica y social del país. Algunas de esas taras, como la fractura del sistema educativo en 17 diferentes, han contribuido al debilitamiento de España como proyecto, aunque ya tienen difícil remedio dado que no cabe, ni sería deseable, una involución de competencias autonómicas. Existen mecanismos de coordinación real para lograr la cohesión y la equidad o de garantías para aplicar políticas de Estado, por ejemplo en materia de agua. Durante años, los técnicos de las comunidades autónomas han aportado soluciones a retos comunes en el seno de organismos como el Consejo Interterritorial de Salud o el Consejo de Política Fiscal y Financiera, soluciones que a la hora de la verdad han sido orilladas por los dirigentes políticos de distinto signo en beneficio de posiciones partidistas o territoriales. Me temo pues que no es tanto la falta de nuevas herramientas, sino de voluntad política, lo que impedirá avances sustanciales en las posibles reformas territorial y constitucional.

De ahí que sería bueno que antes, o al menos paralelamente, hubiera un acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, cuya entrada en vigor está pendiente desde hace tres años. Parece que espoleado por las críticas de los barones de su partido y del PSOE por la aprobación del cupo vasco, Rajoy ha dado órdenes a Montoro para que entre en materia, a lo que ha respondido el ministro con una convocatoria para el próximo 28 de diciembre, día de los Inocentes, de los técnicos autonómicos. Para entonces ya habrá nuevo Gobierno en Cataluña. Teóricamente, el panorama se habrá despejado. O quizá no, en función del nuevo signo político de la Generalitat.

Lo cierto es que la Región de Murcia se juega mucho en ese envite y no le conviene en absoluto que la nueva financiación se posponga sine die. El comité de sabios dirigido por Ángel de la Fuente, el IVIE, Fedea… apuntan con claridad que somos, junto a la Comunidad Valenciana, el territorio autonómico más perjudicado por el actual modelo. Hace solo unos días, el mapa de la financiación autonómica elaborado por la Universidad de Barcelona ha vuelto a confirmar lo ya sabido: los mecanismos de compensación financiera introducidos en el modelo vigente penalizan a la Región. La necesidad de revertir esa situación es más acuciante porque, además, el Gobierno de López Miras ha tomado la decisión política de eliminar a partir del 1 de enero el impuesto de sucesiones y donaciones, de acuerdo con Ciudadanos y asumiendo una reclamación de los empresarios de Croem y otras organizaciones sociales. Por el momento, el Ejecutivo murciano lo apuesta todo a la dinamización de la economía y el consumo, hasta el punto de que prevé un incremento de 174 millones en sus ingresos por la vía de los impuestos estatales. Una mejora en las arcas regionales que no deja de ser relevante, pero que en definitiva sigue dejando un margen muy estrecho para inversiones productivas de calado porque un altísimo porcentaje de las cuentas públicas es absorbido por el mantenimiento de la educación, la sanidad y otros servicios básicos esenciales. Nos espera un 2018 repleto de importantes debates territoriales. Lo que está por ver es si sus protagonistas van a estar a la altura de los desafíos que se pretenden superar.

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Ventanas de oportunidad

Alberto Aguirre de Cárcer — Sun, 22 Oct 2017 13:02:58 +0000

Uno de los rasgos esenciales de la calidad de las democracias es la expectativa real de alternancia en el gobierno. Cuando los ciudadanos tienen ante sí proyectos políticos alternativos con fuerte respaldo electoral se refuerza el control al Ejecutivo, hay más posibilidades de trenzar consensos de amplia base social y siempre son menores las tentaciones acomodaticias o arbitrarias de quien detenta el poder. Por la voluntad expresada en las urnas, el PP lleva gobernando en la Región de Murcia con una amplia mayoría electoral desde hace veintidós años, sin que su principal oponente haya logrado constituirse en alternativa real durante dos décadas. Algún mérito habrán cosechado los populares para que haya ocurrido así. Pero visto que el PSOE queda reiteradamente a gran distancia en apoyo electoral cabe concluir que buena parte de la fortaleza del PP murciano se cimenta en la enquistada debilidad de los socialistas. Ni siquiera pudieron crecer a costa de la caída de los populares en las últimas elecciones porque los votos migraron hacia Ciudadanos y Podemos les arañó apoyos por su izquierda. Quien ha sido su líder en los últimos años, Rafael González Tovar, no consiguió mejorar las expectativas electorales de su partido y aunque soñó con alcanzar San Esteban al frente de un tripartito, en plena crisis por la imputación del expresidente Sánchez, nunca tuvo posibilidades reales de convertirse en presidente regional. Tovar deja a su partido en una posición fortalecida en el terreno municipal, con 26 alcaldes gracias a la política de pactos, con los deberes hechos en materia de democracia interna y con cierta cohesión interna en una formación donde las viejas familias han terminado por diluirse.

El 77% de los delegados del congreso regional aprobaron ayer su informe de gestión. Sin embargo, el PSRM es hoy un partido desmovilizado a fuerza de tanto traspiés en las urnas. Revertir esa situación de cara a las elecciones de 2019 será uno de los retos del alcalde alhameño Diego Conesa. No es tarea fácil. El PSOE es difícil de pastorear. Y más cuando los resultados no acompañan y no hay un liderazgo interno arrollador. El nuevo secretario general se impuso con una estrecha victoria en las primarias, lo que le obligará a romper con el pasado sin menospreciar el respaldo obtenido por su rival María González Veracruz, especialmente en Murcia, Cartagena y Lorca. Ese desafío ya lo ha sentido Conesa en sus carnes durante la confección de la nueva dirección, donde se ha rodeado de un núcleo duro compuesto por Joaquín López y dos jóvenes con muchas ganas, pero corta trayectoria, como son Francisco Lucas y Jordi Arce. No obstante, a Diego Conesa y Joaquín López se les abre una ventana de oportunidad de cara a las urnas. Sobre todo porque su principal adversario, Podemos, parece desinflarse a nivel nacional desde que firmó el ‘pacto de los botellines’ con IU y abandonó el discurso de la transversalidad. A los líderes regionales de Podemos, que fueron la sorpresa del nuevo panorama político, les va a costar superar los desatinos de la dirección de Pablo Iglesias en relación al órdago del independentismo catalán. En su búsqueda de una equidistancia imposible, cegados por su obsesión por desbancar a Rajoy, se han quedado en tierra de nadie, dando oxígeno a los nacionalistas con su inverosímil propuesta de diálogo para llevar a cabo un referéndum pactado y legal en Cataluña, lo que implica el reconocimiento de un derecho de autodeterminación que seguiría siendo inconstitucional con nuestro actual ordenamiento jurídico.

Toda su combativa lucha contra la corrupción ha quedado de alguna forma contaminada por su condescendencia con quienes, en este gravísimo desafío al Estado de Derecho, han cometido flagrantes ilegalidades que están en manos de jueces y fiscales. El sectarismo les ha hecho olvidar que no hay ilegalidad admisible aun cuando existan legítimas motivaciones ideológicas. Que duda cabe que el posicionamiento territorial de Podemos no empaña el trabajo individual de sus representantes murcianos, pero sea injusto o no es muy probable que todo esto les pase factura en una región con profundo sentimiento de españolidad.

Lo que hoy juega en contra de Podemos sopla a favor del PSOE, que ha actuado con responsabilidad ante la crisis política más grave vivida desde el 23F por este golpe antidemocrático del independentismo catalán. «Tenemos profundas diferencias con el PP, pero sobre la integridad territorial de España, ninguna», dijo ayer, acertadamente, Pedro Sánchez en Cartagena. Los socialistas murcianos abren una nueva etapa donde gozan de otra oportunidad para definir su proyecto y volver a ser un partido de mayorías en la Región de Murcia, como lo fueron durante muchos años tras la Transición.

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Impolítica

Alberto Aguirre de Cárcer — Sun, 08 Oct 2017 09:35:24 +0000

Hace solo unos meses murió Kenneth Arrow, el economista más joven en recibir el premio Nobel y uno de los más influyentes del siglo XX. Estudioso de la teoría de la elección social, Arrow formuló en 1951 una paradoja que lleva su nombre. Conocida también como el ‘teorema de imposibilidad’, venía a demostrar la inexistencia de mecanismos democráticos de decisión colectiva que sean perfectos, de tal modo que nadie puede arrogarse el derecho a pensar que representa en solitario la voluntad popular o que es su fiel intérprete. Esa limitación está detrás de las tensiones en las sociedades democráticas entre dos cualidades superpuestas que conceden las urnas a los gobernantes electos: la legitimidad y la confianza. La primera es una cualidad jurídica, que obtiene de forma directa y absoluta quien logra más votos. Por el contrario, la confianza es más compleja, relativa y debe ganarse cada día. Es, según Arrow, una ‘institución invisible’ que permite ahorrarse mecanismos de verificación y prueba.

Especialmente desde la explosión de la crisis en 2007, la disociación entre la legitimidad y la confianza se ha convertido en un problema central en las sociedades occidentales. El caso de la Región de Murcia es paradigmático. El PP gana elecciones con mayoría absoluta, o rozándola, desde hace 22 años. Cada cuatro años ha obtenido la legitimidad de las urnas, incluso cuando reiteradamente los sondeos de opinión pública reflejaban una desconfianza creciente en su acción de gobierno. Una de sus principales vías de agua en materia de credibilidad procedía de los bandazos, anuncios incumplidos y frenazos en los proyectos estratégicos, como el AVE y el aeropuerto. Con Camarillas como símbolo de esa aguda crisis de confianza, no hay murciano que no recele en materia de infraestructuras ferroviarias. Incluso ahora que está adjudicado por Adif a una empresa el primer tramo para soterrar las vías en Murcia, y comprometidos en el seno de una sociedad estatal plazos y financiación para su conclusión hasta Barriomar, los vecinos de los barrios afectados no terminan de creérselo. La desconfianza en sí misma no es un problema. Al contrario, es una virtud cívica. Contribuye a que el poder político cumpla sus compromisos y persiga el bien común. El problema surge cuando se lleva a límites irracionales que bloquean la construcción de un proyecto colectivo y solo conducen a generar más frustración social.

La Plataforma Pro Soterramiento ha conseguido en estos últimos años importantes victorias para su causa, que debería ser la de todos. Por su presión e iniciativa se cambió el orden de las fases de soterramiento, se amplió una de ellas hasta El Carmen y finalmente se han reducido a dos. Si se lleva a término el proyecto como está previsto por Adif habrá sido fundamentalmente por la pacífica y persistente acción de esta plataforma de vecinos. Teóricamente les habría llegado el momento de administrar sus éxitos, pero llegados a este punto entran en colisión con su posición contraria a la entrada provisional en superficie del AVE que han mantenido de inicio. Primero lo intentaron por vía jurídica, denunciando la falta de una declaración de impacto ambiental. Y ahora, con mucho más éxito y apoyo, con la campaña de protestas del ‘muro’, que tiene una base totalmente real (los vecinos tendrán durante al menos dos años una pantalla cerca de las viviendas para protegerlos del ruido y la catenaria, pero sin poder atravesar las vías por Santiago el Mayor, salvo por una prometida pasarela) y una parte de épica y agitación política, alentada por quienes hacen su agosto con eficaces discursos emocionales de ricos y pobres, los de abajo y los de arriba… Para rizar el rizo, en la protesta se han infiltrado, ocasionalmente pero con efectos devastadores, centenares de radicales que aprovechan la coyuntura para practicar el vandalismo con los bienes públicos. Nunca ha estado más cerca la llegada del AVE y el inicio del soterramiento y, sin embargo, a causa de los sabotajes de los violentos, los dos proyectos pueden saltar por los aires si no se encauzan con racionalidad y voluntad de acuerdo por parte de todos. La posibilidad de que huya la empresa contratada para iniciar los trabajos es absolutamente real. Todo pende de un hilo. Ahora hay recursos públicos y un proyecto de ingeniería en curso, pero persiste un problema social que se minusvaloró y descuidó, una pugna política en busca de votos y un movimiento vecinal donde las posiciones más maximalistas han desbordado a las más pragmáticas.

Los dirigentes políticos locales no están precisamente ayudando a una solución colectiva. Algunos diputados del PP deberían ocupar su tiempo en cualquier cosa menos en inflamar los ánimos en las redes sociales. Y el alcalde, dedicar buena parte del suyo, por ejemplo, a visitar Santiago el Mayor, incluso ahora que sufre inaceptables escraches en su domicilio. La oposición tampoco debería olvidar que el AVE es un proyecto estratégico de Región, no del PP, como tampoco fue del PSOE, cuando gobernaba en Madrid. Y que el soterramiento es un proyecto de ciudad que parcialmente es financiado con los impuestos de los yeclanos, que tienen el AVE a tiro de piedra en Villena, o de los cartageneros, que tienen derecho a que se agilice la llegada de la alta velocidad a la principal ciudad turística de la Región. Dejar el AVE en Beniel hasta el final del soterramiento es una propuesta insólita a estas alturas si viene de los grupos municipales de Murcia. Tanto cortoplacismo entraña riesgos para quienes, en una defensa sin matices de las protestas, han llegado a respaldar los cortes de tráfico ferroviario y a cuestionar a las fuerzas de seguridad con una ligereza impropia de representantes institucionales. Hoy gobierna Rajoy, pero el año próximo quién sabe. La oposición tiene la obligación de hacer un estricto control al gobierno popular. No faltan motivos para la crítica. Pero contribuir a una estigmatización compulsiva y permanente de quien hoy gobierna, o gestiona empresas estatales como Adif, es caer en la impolítica, cuyos efectos son difíciles de revertir y recaerán en los futuros gobernantes electos, sean cuales sean. Tensionada y dividida, la Región de Murcia está evidenciando que tiene muchos y más profundos problemas que la carencia de infraestructuras ferroviarias. Estas semanas está demostrando que es incapaz de tomar, y mantener, una decisión colectiva sustentada en un amplio acuerdo político y social. Solo aquí la llegada del AVE podía derivar en un grave conflicto.

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'Sorpasso' institucional

Alberto Aguirre de Cárcer — Fri, 10 Jun 2016 10:30:19 +0000

A un acto institucional como el Día de la Región no se le puede pedir grandes emociones, pero el de ayer, pese a sus buenas intenciones, volvió a pecar de plano, salvo por la intervención del alcalde Ballesta, que le echó cuajo intelectual y emotividad, las breves pero intensas palabras de Pedro Cano, en nombre de los excelsos premiados, y un par de vídeos bien orientados y realizados para la ocasión. El presidente Sánchez, que en ocasiones parecía perdido y ausente en el mundo ‘teleprompter’, no tuvo su noche más brillante, mientras que la presidenta de la Asamblea, Rosa Peñalver, se ‘sorpassó’ con un discurso político en defensa de la Cámara regional que sonó gratuito y fuera de lugar. Todo acabó con la magnífica Orquesta Regional y Ruth Lorenzo cantando ‘Bailando bajo la lluvia’ en el día más tórrido del año. Pese al calorazo, que superó como ‘trending topic’ en los corrillos a la encuesta del CIS, lo mejor estuvo en las calles.

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Desahucios

Alberto Aguirre de Cárcer — Sun, 11 Nov 2012 08:33:44 +0000

Más de 185.000 personas han perdido sus casas desde el inicio de la crisis en 2008, pero solo cuando dos en Granada y Baracaldo han perdido también sus vidas, precipitándose al vacío desde sus viviendas, en los últimos veinte días, se ha visualizado la reacción urgente y decidida que cabía esperar ante el drama de los desahucios. La escalofriante imagen de un cuerpo inanimado, cubierto con un plástico en mitad de la calle, ha despertado con una dolorosa bofetada de su letargo a quienes tienen la responsabilidad de frenar esta tragedia denunciada inicialmente por colectivos sociales, pero a la que se han sumado los jueces en los últimos meses en medio de un auténtico clamor en el conjunto del país. El problema de los desahucios toca tanto la fibra sensible y los valores humanos que, sumidos en la indignación, podemos llegar al absurdo de pensar que nos encontramos ante un conflicto entre una ciudadanía angelical y una clase política y financiera diabólica. La diversidad de casos de impagos es tan amplia que caer en juicios sumarísimos globales es inapropiado para un drama que se originó en aquellos tiempos de bonanza y burbuja inmobiliaria cuando desde todos los sectores sociales, fundamentalmente desde el político, se propugnaba que los españoles debían gozar de créditos hipotecarios a bajo interés. Dicho eso, lo cierto es que el colectivo más vulnerable y débil era y es quien, alentado por unos y otros, se decidió a comprar esa vivienda, necesaria o soñada, bajo una normativa hipotecaria obsoleta y que deja desprotegido al comprador frente a ciertas cláusulas abusivas, como apunta la abogada del Tribunal de Justicia europeo. Desde marzo, dos meses después de constituirse, el Gobierno de Rajoy intentó abordar la sangría de los desahucios con un código de buenas prácticas al que se adherirían los bancos. Se buscaba una fórmula que armonizasen los derechos de las entidades financieras, sometidas a tasas de morosidad que amenazan su propia solvencia, con la defensa de los colectivos más castigados por la crisis. La medida, bienintencionada pero no vinculante, ha tenido a la postre una eficacia casi nula. Como informamos hoy, pese a que se registran cada día 14 ejecuciones hipotecarias en los juzgados de la Región, solo una familia logró este año beneficiarse de ese código de buenas prácticas al exigirse condiciones muy concretas de extrema pobreza. Si se han producido una veintena de casos de dación en pago fue por acuerdos puntuales negociados, al margen de ese código, entre los afectados y las entidades financieras. Ahora, el Gobierno central quiere buscar soluciones más eficaces y consensuadas con el PSOE. Se anuncia ya una moratoria temporal de dos años para los desahucios que afecten a las familias con mayor riesgo de exclusión, como paso previo a una reforma que no tendría efecto retroactivo ni tampoco para los procesos de ejecución en marcha. Los dos grandes partidos políticos tienen ante sí un reto complicado aunque ineludible porque los impagos y los desahucios seguirán durante el tiempo que reste de profunda crisis. A ello debe sumarse una revisión de la ley hipotecaria para garantizar el adecuado equilibrio entre quien presta el dinero y el deudor. Habrá que hacerlo rápido y ‘en caliente’, pero esperemos que finalmente bien.

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El 'síndrome de la silla vacía'

Alberto Aguirre de Cárcer — Sun, 14 Oct 2012 07:18:56 +0000

La última convención del partido republicano de EE UU pasará a la historia por la imagen de Clint Eastwood dialogando con una silla vacía que quería representar a un Obama ausente ante los graves problemas del país. De alguna manera, esa metáfora política debió hacer mella en el presidente. Poco después perdió su primer debate con Romney porque, según los medios norteamericanos, estuvo desganado, incómodo, ausente en definitiva. El ‘síndrome de la silla vacía’, nombre que usan los psicólogos para definir esa tristeza de la primera cena de Navidad a la que no acude un familiar desaparecido, es un término aplicado en comunicación política para ciertas circunstancias de la pugna partidista. Por ejemplo, las que acontecieron en las elecciones presidenciales argentinas de 1989 cuando Carlos Menem se ausentó de un debate televisado con su oponente Eduardo Angeloz, que se quedó solo ante las cámaras. Angeloz inició inmediatamente una ofensiva con anuncios en los que se veía una silla vacía y en los que se exigía al candidato Menem que no se escondiera. El equipo de Menem respondió reproduciendo aquella silla vacía junto a muchas más para simbolizar la soledad de Angeloz y de todo lo que él representaba. A Menem le salió bien y ganó en las urnas. Algo similar sucede en la política regional. La oposición quiere explotar el filón de las obligadas estancias de Valcárcel en Bruselas para afearle que esté en otros menesteres cuando la Región está como está por la crisis. Y el PP contraatacará subrayando el frágil liderazgo de González Tovar, sin silla en la Asamblea y a quienes le cuestionan los suyos en cada cónclave. Nada nuevo bajo el sol de esa dialéctica partidista que pervive como un bucle eterno, como se vio tras la presentación del Plan Estratégico regional. El informe y el tono del vicepresidente Bernal tuvieron la virtud de mostrar la realidad sin ambages, pero eso tiene su coste en política, más aún cuando inadvertidamente puede dejar regusto a enmienda a la totalidad de lo realizado por los últimos ejecutivos del PP regional en materia económica. Al PSRM no le pasó por alto y aprovechó el diagnóstico del propio vicepresidente para avalar su discurso. Bernal atesora vítola de buen gestor y ha refrendado con creces su apelativo de ‘Doctor No’, pero aún debe demostrar que no es un certero forense sino el médico de urgencias que precisa la economía regional para recobrar su pulso. Y aunque pocos dudan de su pericia técnica, es sabido que el ‘arte de la política’ no es su fuerte, lo que inquieta en un partido habituado a la habilidad de Valcárcel. Más ahora que las encuestas que manejan los populares en la Región reflejan que los recortes pasan factura, aunque no en beneficio del PSRM, sino de IU, UPyD y sobre todo de la abstención. No hay nervios entre los populares porque descansan sobre un colchón de 40 puntos de diferencia, aunque saben que hoy nada está ganado de antemano. Ahí está la Comunidad Valenciana, donde los sondeos apuntan a un posible tripartito de izquierdas que desbancaría al PP. Si el plan de Valcárcel se cumple, Bernal ocupará su silla en 2014. Y lo lógico sería que, si lo hace bien, sea el candidato en 2015. Falta mucho tiempo para eso, pero a algunos dirigentes del PP, los más políticos, les embarga estos días una súbita melancolía navideña.

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La Región y su circunstancia

Alberto Aguirre de Cárcer — Sun, 17 Jun 2012 07:44:31 +0000

Ahora que los agentes sociales y partidos políticos empiezan a negociar, bajo el impulso del Gobierno regional, la búsqueda de un pacto para reformular el modelo productivo y relanzar la economía, conviene no olvidar lo que ya apuntó Ortega y Gasset cuando hablaba del ‘yo y mi circunstancia’. Somos lo que el medio nos permite ser, y no lo que se nos aparece en nuestros mejores sueños. Tienen razón quienes defienden que la Región de Murcia nunca podría ser un ‘silicon valley’ de las tecnologías de la información y que conviene priorizar aquello en lo que acumulamos experiencia, saber hacer y una cotas de competitividad que rozan la excelencia. Apostar por el sector agroalimentario y por el desarrollo de tecnologías relacionadas con la gestión del agua es una decisión plena de sentido común. De hecho es lo que lleva haciendo la Región, con éxito, desde hace cientos de años. Los automóviles del futuro nos seguirán viniendo de Alemania. Lo que hay que asegurarse es que allí siga llegando la fruta y la verdura de Murcia, lo que solo será posible si se incentiva la innovación tecnológica, los modelos de gestión competitivos y nos liberamos de una vez del lastre de los déficits endémicos de comunicaciones y recursos hídricos. Con un indubitable potencial como polo energético gracias a Escombreras, la Región tiene horas de sol suficientes para ser además un territorio puntero en energías limpias. Y si somos lo que el medio nos permite ser, no debe haber tampoco ninguna duda sobre el potencial del turismo, más aún cuando prácticamente todo está por hacer en un campo donde se necesitan más inversiones públicas y profesionales del sector y menos voluntarismo político. Y en este punto conviene de nuevo hacer caso a Ortega cuando decía que «ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral». Lo que trataba de reflejar el filósofo español son las consecuencias funestas de nuestra incapacidad para pensar más allá de la ideología de cada cual, limitando las oportunidades de consensos y puntos de partida comunes. Ese es uno de los desafíos que tienen los políticos, empresarios, sindicatos y otros agentes sociales que van a sentarse para debatir haciá dónde y cómo debe caminar la Región en los próximos años. La experiencia de la última década a nivel municipal indica que es mejor tomar la iniciativa política y planificar a que lo hagan otros por ti. Si Cartagena es hoy una ciudad con un gran desarrollo turístico es porque quienes desempeñaban responsabilidades políticas tenían también una idea de ciudad y la llevaron a cabo. En Murcia, con todos sus avances, la impresión es que no existió ni modelo ni planificación, sino un desarrollo a partir de las ideas inconexas que traía cada promotor de turno. De cara a lo que está por venir en la Región siempre será mejor marcarse un camino que dejar que otros te asignen la senda. Está bien ser reivindicativo, pero más importante es ser resolutivo en la gestión y eficaz en la regulación para despejar caminos y no competir con el sector privado, a veces embarcándolo en aventuras que conducen a despeñaderos o a la nada, como ocurre en Alicante con la Ciudad de la Luz o aquí con ese delirio llamado Contentpolis.

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