Con las víctimas del terrorismo

Alberto Aguirre de Cárcer — Sun, 15 May 2016 05:27:06 +0000

Resulta difícil de entender cómo colectivos especialmente castigados parecen condenados al olvido cuando, además de lo que dicta la ética cívica, existen leyes en vigor que obligan a otorgarles una especial atención. El caso de las víctimas del terrorismo en la Región de Murcia es sangrante. Como adelantó ‘La Verdad’ hace unos días, más de 150 personas que han sufrido las secuelas de atentados esperan desde hace siete años las ayudas prometidas en una ley regional aprobada por unanimidad en 2009. La Comunidad tardó tres años en desarrollar el reglamento de esa norma, donde se establecía el procedimiento para acogerse a las indemnizaciones y prestaciones que aún no han llegado. Según cálculos de la asociación que agrupa a estas víctimas (Avite), el importe de las ayudas pendientes ronda los dos millones de euros.
Reconozco que me cuesta permanecer frío con este asunto. Durante años tuve que cubrir informativamente la barbarie terrorista de ETA. He presenciado los resultados de su irracional furia homicida minutos después de cometerse varios atentados y, como miles de personas en España, tuve que mirar los bajos de mi coche durante un tiempo. Muchísimo más dura era la situación de mis compañeros y amigos en el País Vasco, donde la presión y las amenazas eran asfixiantes. Uno de los directivos de nuestro grupo editorial fue asesinado por dos etarras en San Sebastián de siete disparos por la espalda. En la lucha democrática contra el terrorismo nada hay comparable al dolor sufrido por las víctimas y sus familiares. Policías, guardias civiles, políticos, empresarios, jueces, periodistas… Son 19 los asesinados, 36 los heridos y 119 los familiares afectados en la Región por los asesinos de ETA y del Grapo. Con todos hay contraída una deuda moral y política. Ni la crueldad que destrozó sus vidas puede caer en la desmemoria ni sus responsables quedar impunes. Y, por supuesto, si existe una ley regional de ayudas habrá que recordar, las veces que haga falta, que aún sigue en el limbo.
Dos millones de euros es una cifra importante, pero es solo dos veces más de lo que pagó el Ayuntamiento de Cartagena en 2009 por la escultura que homenajea a las víctimas del terrorismo en la explanada principal del puerto. ‘El Zulo’, la monumental figura en bronce del escultor Víctor Ochoa, costó 730.000 euros. Fue creada por Ochoa, a instancias del PP en época de José María Aznar, y se expuso temporalmente en el Retiro de Madrid y en la plaza mayor de Salamanca. Pero a la gigantesca pieza de 2.500 kilos, y cuatro metros de alto por cinco de largo, había que darle un destino definitivo. Alguna administración pública debía hacerse cargo de la obra y de su parte peliaguda, su gruesa factura. Fue entonces cuando la exalcaldesa Pilar Barreiro le echó una mano a su partido en Madrid y se ofreció a pagarla y acogerla en Cartagena. Quiso que estuviera instalada en el muelle, lo que finalmente se produjo, por la intermediación del presidente Valcárcel, pese a las reticencias iniciales de la Autoridad Portuaria por sus dudas sobre la idoneidad de la ubicación. Todo aconteció el mismo año en que se aprobó esa ley para las víctimas, una ley que permanece tan inmóvil como la escultura de Cartagena.
No tiene un pase, como denunció Avite, que Ramón Luis Valcárcel y Alberto Garre no recibieran personalmente a sus representantes a lo largo de estos años. Cualquier excusa es indefendible. Las arcas públicas han estado muy maltrechas por la crisis, pero la sensibilidad social se tiene o no se tiene. Y el tiempo se saca de donde sea. Finalmente, en noviembre pasado, miembros de Avite se entrevistaron con Pedro Antonio Sánchez, que se comprometió a realizar un plan de viabilidad económica para abonar las ayudas. También han encontrado el respaldo del PSOE, a través del diputado Joaquín López, que presentó dos mociones instando al Gobierno regional a que cumpla la ley. Gracias a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, respaldados por una política antiterrorista acertada de PP y PSOE, hoy ETA está derrotada. Para la mayoría, el terrorismo es ya historia. No así para las miles de víctimas de su violencia en toda España. Que no caigan en el olvido.

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Con las víctimas de ETA

Alberto Aguirre de Cárcer — Sun, 23 Oct 2011 08:05:32 +0000

El cese definitivo de la violencia anunciado por ETA, derrotada por la firmeza democrática, podría tornarse en un triunfo para quienes asesinaron, acosaron y extorsionaron durante el último medio siglo al conjunto de la sociedad española si la banda terrorista consigue algún tipo de impunidad al final del proceso que ahora se abre. La fórmula ‘paz por presos’ planteada en el comunicado etarra se topa de bruces con la ineludible obligación moral contraída con las víctimas de la barbarie terrorista y con su derecho irrenunciable a la justicia. No habría mayor ignominia si el cierre que todos deseamos de este capítulo macabro de nuestra historia concluye con medidas de gracia para los pistoleros encarcelados y sin el perdón público a las víctimas, el reconocimiento del daño causado, el esclarecimiento pendiente de numerosos crímenes terroristas y el resarcimiento individual y colectivo a quienes directamente han sufrido el mal en sus propias carnes. La celebración por el final de la violencia etarra no puede conducir a una precipitada e irreflexiva respuesta de las fuerzas democráticas que nos haga orillar una vez más a las víctimas, cuya dignidad nos obliga a situarlas en el centro de esta nueva encrucijada. Tampoco podemos olvidar que quienes mataban por la espalda con un tiro en la nuca son los mismos que ahora, en un vomitivo párrafo de su comunicado y ocultos bajo capuchas, nos dicen que «es tiempo de responsabilidad y valentía, es tiempo de mirar al futuro con esperanza». Si ETA deja de matar es solo como consecuencia de su extrema debilidad frente a la solidez del Estado de Derecho y de su pragmático convencimiento de que quizá puedan conseguir sus mismos fines totalitarios por los cauces de la política. ETA se sabe derrotada y así se desprende de un comunicado que huele a rendición, aunque se vanagloria de su historia y ni se entrega ni renuncia a sus fines. El Gobierno que salga elegido de las urnas el próximo 20-N será quien tenga la responsabilidad de forzar los pasos definitivos (su disolución y entrega de las armas) sin pagar precios políticos. Y como recuerda la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundúa, sin convertir en «desecho de la historia a los inocentes que vivieron el infierno del acoso, la muerte social, la indiferencia, la extorsión económica, la huida de sus casas o los brutales atentados». La banda lleva mucho tiempo prolongando su agonía y si ha elegido este momento para anunciar que deja de matar es por el rédito electoral que puede suponer para su brazo político, la izquierda abertzale. Difícil va a ser que, una vez más, un comunicado de ETA no contamine y marque la agenda de una campaña electoral, con el innegable riesgo de que la clase política se vea tentada de utilizar la nueva situación en beneficio propio o en perjuicio del adversario. En líneas generales, el comportamiento de los líderes nacionales ha sido prudente y sensato hasta ahora. Es cuanto menos se puede exigir por respeto a las víctimas, más de cuarenta en la Región, que asisten desde el dolor a los acontecimientos sobre el futuro del terrorismo. Hoy algunas de ellas hablan en ‘La Verdad’, que recoge y amplifica sus voces para no sumar a su terrible desgracia una injusta condena al silencio en este periodo crítico para todo el país.

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