De todos los delitos que un dirigente pol\u00edtico puede cometer hay pocos tan nauseabundos como la compra de un voto bajo la promesa de una oferta de trabajo. Es un delito contra la democracia en el que arteramente se conculca un derecho fundamental de nuestra Constituci\u00f3n y se trafica con otro. Por esas pr\u00e1cticas ha sido juzgado y condenado el alcalde de Fortuna, Mat\u00edas Carrillo, a una pena de doce a\u00f1os de inhabilitaci\u00f3n. La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia no es firme y de hecho va a ser recurrida ante el Tribunal Supremo por el alcalde, que argumenta ser v\u00edctima de una sentencia pol\u00edtica. Lo sorprendente no radica en que acuda ante una instancia judicial superior, sobre todo si se considera inocente, sino que pretenda hacerlo sin renunciar a la alcald\u00eda con el peregrino argumento de que le han elegido los votantes y no los jueces. Ignoro si Carrillo ha comprado votos, como sostiene la Audiencia Provincial, pero de lo que no tengo dudas es de que las urnas no legitiman comportamientos que son considerados delictivos por un tribunal. La reacci\u00f3n del presidente Valc\u00e1rcel no fue acertada cuando afirm\u00f3 hace unos d\u00edas que \u00abtoda persona, tambi\u00e9n los cargos p\u00fablicos, tienen derecho a la presunci\u00f3n de inocencia\u00bb y que el PP esperar\u00e1 a ver el final del proceso, es decir, al pronunciamiento del Supremo. Valc\u00e1rcel yerra porque a quien ha sido condenado no se le puede presumir la inocencia. Eso es un imposible metaf\u00edsico. Otra cuesti\u00f3n es que la sentencia sea recurrible porque no es firme y a\u00fan no es momento de ejecutar sus consecuencias punitivas. Si hay condena ya no se puede presumir la inocencia porque hay una culpabilidad probada, en tanto que un tribunal superior no la revoque. As\u00ed funcionan las cosas en el derecho procesal y no de otra forma. Carrillo podr\u00e1 seguir siendo alcalde hasta que el Supremo revise el fallo porque jur\u00eddicamente tiene esa posibilidad. Le asisten los mecanismos garantistas de ley de enjuiciamiento criminal y, por lo que se ve, tiene el respaldo del PP de la Regi\u00f3n de Murcia, al que no le parece importar cambiar de criterio sobre en qu\u00e9 momento procesal hay que depurar responsabilidades pol\u00edticas. Es dif\u00edcil de entender c\u00f3mo se puede decir que Rubalcaba est\u00e1 inhabilitado para ser candidato, porque la c\u00fapula policial ser\u00e1 juzgada por un delito de colaboraci\u00f3n con banda armada, y mantener a la vez un discurso condescendiente con quien es condenado a doce a\u00f1os de inhabilitaci\u00f3n. La magnitud de esos delitos, en un caso a\u00fan presunto, es obviamente distinta, pero los principios que rigen la \u00e9tica pol\u00edtica deber\u00edan ser inalterables. De ah\u00ed que tambi\u00e9n me parezca rechazable que Rubalcaba minimice el presunto chivatazo del bar Fais\u00e1n con el argumento de que es una an\u00e9cdota en la lucha sin cuartel contra ETA y me abochorna que vayan a rendir cuentas los mandos policiales mientras que al jefe pol\u00edtico de estos se le asciende a ministro de Interior. Pero esa es mi opini\u00f3n personal, no el fallo de un tribunal. El caso de Francisco Camps, que se sentar\u00e1 como presidente de la Generalitat en el banquillo por cohecho impropio, es la demostraci\u00f3n palpable del da\u00f1o que puede generar a las instituciones y a un partido pol\u00edtico el no aplicar a tiempo, de forma coherente y contundente, unos s\u00f3lidos principios \u00e9ticos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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