{"id":1271,"date":"2019-06-09T17:13:59","date_gmt":"2019-06-09T15:13:59","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.laverdad.es\/primeraplana\/?p=1271"},"modified":"2019-06-09T17:13:59","modified_gmt":"2019-06-09T15:13:59","slug":"verguenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.laverdad.es\/primeraplana\/2019\/06\/09\/verguenza\/","title":{"rendered":"Verg\u00fcenza"},"content":{"rendered":"

La instrucci\u00f3n del caso judicial m\u00e1s relevante en t\u00e9rminos pol\u00edticos acaba con el m\u00e1s bochornoso de los rid\u00edculos para la Administraci\u00f3n de la Justicia. Y a\u00fan habr\u00e1 quien se extra\u00f1e del desafecto de los ciudadanos con sus pol\u00edticos y jueces<\/strong><\/p>\n

En numerosas ocasiones, ‘La Verdad’ ha denunciado la falta de compromiso de los partidos pol\u00edticos con la penosa situaci\u00f3n de la Justicia en la Regi\u00f3n, y ha respaldado la independencia y la autonom\u00eda de jueces y fiscales, especialmente vulnerables durante la instrucci\u00f3n de los casos de presunta corrupci\u00f3n pol\u00edtica. Ese desd\u00e9n y desinter\u00e9s hacia la Administraci\u00f3n de Justicia, cuyas competencias siguen en manos del Gobierno central, quedaron de nuevo patentes en las \u00faltimas campa\u00f1as electorales. Ahora, como en el futuro, nosotros seguiremos reclamando tanto las reformas judiciales como los medios materiales y humanos que precisan nuestros juzgados. Pero ese apoyo es, y ser\u00e1, plenamente compatible con la exigencia a todos nuestros profesionales de la Justicia del compromiso, diligencia y responsabilidad que comporta el ejercicio de su importante funci\u00f3n constitucional. Por eso hoy es ineludible expresar nuestro estupor ante el escandaloso final de la investigaci\u00f3n del caso de la desaladora de Escombreras. Como ya hab\u00eda ocurrido con anterioridad en el ‘caso Pasarelas’, que afectaba al mism\u00edsimo expresidente Pedro Antonio S\u00e1nchez, la superaci\u00f3n del plazo legal para poder ampliar la investigaci\u00f3n ha conducido a la nulidad de todas las actuaciones efectuadas por la juez con posterioridad a los primeros seis meses desde que se levant\u00f3 el secreto del sumario. Esta vez, el fiscal solicit\u00f3 en tiempo la declaraci\u00f3n de causa compleja, pero la juez no la decret\u00f3 hasta pasado un mes despu\u00e9s de vencido el plazo. Por descuido, por olvido o por error, la magistrada no practic\u00f3 una sencilla pero cr\u00edtica diligencia, lo que ahora deja sin efecto parte de la investigaci\u00f3n del m\u00e1s importante caso abierto en la Regi\u00f3n en las \u00faltimas d\u00e9cadas desde el punto de vista pol\u00edtico. Una presunta malversaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos con un potencial riesgo financiero para la Comunidad de 600 millones. Objeto de una comisi\u00f3n de investigaci\u00f3n en la Asamblea Regional, el caso ‘La Sal’ era la ‘madre’ de todos los sumarios. Ni m\u00e1s ni menos que la investigaci\u00f3n que iba a poner a prueba la capacidad de nuestros jueces y fiscales ante un caso que era pura trilita pol\u00edtica porque alcanzaba a los m\u00e1s altos niveles de poder del partido en el Gobierno. Antonio Cerd\u00e1, el consejero de Agricultura del PP durante muchos a\u00f1os, es el principal investigado en la causa, pero la Fiscal\u00eda y las acusaciones particulares se dispon\u00edan a solicitar a la juez que tomase declaraci\u00f3n como imputado al expresidente Ram\u00f3n Luis Valc\u00e1rcel, en cuanto perdiera en las pr\u00f3ximas semanas su aforamiento como eurodiputado. Tampoco los exalcaldes Pilar Barreiro y Miguel \u00c1ngel C\u00e1mara tendr\u00e1n ya que declarar la pr\u00f3xima semana en calidad de testigos, como estaba previsto. Finito. Caso cerrado. Se ir\u00e1 a juicio con las pruebas practicadas durante los primeros seis meses. La instrucci\u00f3n m\u00e1s relevante acaba con el m\u00e1s bochornoso de los rid\u00edculos para la Justicia de la Regi\u00f3n. Las sentencias, exculpatorias o condenatorias, deben ser aceptadas, pero es dif\u00edcil asumir que un posible delito pueda quedar impune por la inacci\u00f3n de una juez, que siempre hab\u00eda parecido ser consciente de la relevancia social y pol\u00edtica del caso que ten\u00eda entre manos. Luego habr\u00e1 quien se extra\u00f1e del desafecto y de la desconfianza de los ciudadanos en sus pol\u00edticos y en el sistema judicial.<\/p>\n

El estrepitoso error viene con nombre y apellidos, pero tiene un origen pol\u00edtico: la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del ministro de Justicia, Rafael Catal\u00e1, en el Gobierno de Rajoy. Para agilizar el esclarecimiento de los presuntos casos de corrupci\u00f3n (y acabar con lo que llamaban ‘penas de telediario’ que erosionaban al PP) se reform\u00f3 el art\u00edculo 324 para limitar la instrucci\u00f3n a seis meses, ampliables a 18 meses mediante la declaraci\u00f3n de causa compleja por parte del juez. Se redujo dr\u00e1sticamente el tiempo para investigar, pero los medios humanos y materiales segu\u00edan siendo los mismos en unos juzgados sobresaturados de casos y faltos de personal. Estas son las funestas consecuencias de una reforma, cuyos intentos de enmienda fueron bloqueados en el \u00faltimo a\u00f1o y medio por PP y Cs.<\/p>\n

Parad\u00f3jicamente, la Audiencia Provincial, que ha decretado la nulidad de las actuaciones por la superaci\u00f3n del plazo legal, a ra\u00edz del recurso de uno de los investigados, hab\u00eda adoptado en 2017 un acuerdo jurisdiccional, apoyado por todos los magistrados, que avalaba la actuaci\u00f3n de la juez: se pod\u00eda decretar la complejidad pasado el plazo de seis meses si alguna de las partes del proceso lo hubiera solicitado antes. Sin embargo, ese criterio qued\u00f3 anulado por el Supremo en abril, lo que ha obligado a la Audiencia a desdecirse y aplicar con efecto retroactivo un principio doctrinal que no estaba vigente cuando la juez decret\u00f3 la complejidad de la causa. El presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, debe tomar nota de lo ocurrido. Una cosa es el respeto a la independencia de un juez y otra es mirar hacia otro lado cuando se produce un error de este calibre por el mal funcionamiento de la Administraci\u00f3n de Justicia. Alguien deber\u00eda asumir la responsabilidad de aclarar por qu\u00e9 ha sucedido y ocuparse de que no vuelva a ocurrir. La misma suerte correr\u00e1 la investigaci\u00f3n sobre el auditorio de Ceheg\u00edn, con el a\u00f1adido de que en ese caso se superaron todos los plazos sin que el instructor hiciera una sola diligencia. Otra verg\u00fcenza m\u00e1s.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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