Alba, la ni\u00f1a que vino al mundo en Lorca el 11 de mayo de 2011, y Salvador Terrones, el padre que aquel fat\u00eddico d\u00eda qued\u00f3 viudo con dos peque\u00f1os milagrosamente rescatados de las ruinas, son la cara y la cruz de los terremotos de Lorca. ‘La Verdad’ saca hoy a la luz las historias de Alba y Salvador cuando est\u00e1 a punto de cumplirse el primer aniversario de los terremotos en una ciudad donde los devastadores efectos siguen muy visibles un a\u00f1o despu\u00e9s. La gravedad de los da\u00f1os puede explicarse en t\u00e9rminos geol\u00f3gicos, pero para comprender el porqu\u00e9 de la lenta recuperaci\u00f3n de Lorca hay que sopesar m\u00faltiples factores, desde geogr\u00e1ficos y jur\u00eddicos a econ\u00f3micos y pol\u00edticos. La tierra tembl\u00f3 en la antesala de unas elecciones auton\u00f3micas y en la ‘zona cero’ de la crisis, el sureste espa\u00f1ol, justo cuanto empezaba a agudizarse la falta de liquidez de las administraciones p\u00fablicas. Es dif\u00edcil imaginar un peor momento para encarar un desastre de semejante magnitud. Pese a esas dificultades de partida, la coordinaci\u00f3n de los servicios de emergencia y las medidas iniciales para garantizar la seguridad de los lorquinos y de sus viviendas se realizaron con una ejemplaridad que hoy nadie discute. Luego empezaron a aflorar muchos m\u00e1s da\u00f1os ocultos en toda la ciudad y se inici\u00f3 un lento proceso de vuelta a la normalidad, cuya gesti\u00f3n no puede calificarse de brillante. De hecho, la reconstrucci\u00f3n ni siquiera ha empezado. Lorca es una ciudad con 1.124 inmuebles demolidos, pero donde no se ven gr\u00faas, no hay un solo edificio en construcci\u00f3n y m\u00e1s de 1.200 familias a\u00fan no han podido volver a sus viviendas. Todo eso es algo que p\u00fablicamente cuesta admitir a muchos responsables pol\u00edticos, aunque nadie lo niega porque es incontestable. Con dos procesos electorales en los \u00faltimos doce meses, se han sucedido los decretos para subsanar errores, lagunas e ineficiencias y tambi\u00e9n, hasta en tres ocasiones, la designaci\u00f3n de comisionados del Gobierno central. Las cifras son elocuentes. De los 230 millones de ayudas p\u00fablicas prometidos han llegado cinco. Solo el Consorcio de Seguros inyect\u00f3 350 millones en concepto de indemnizaciones, una partida relevante pero que cubre solo una parte del problema. El futuro inmediato parece m\u00e1s esperanzador. El reciente decreto aprobado por el Gobierno central, con el apoyo del PSOE en el Parlamento, no es la panacea, pero contribuir\u00e1 a sortear trabas que imped\u00edan la reconstrucci\u00f3n de las viviendas demolidas y la rehabilitaci\u00f3n de las afectadas. Y lo que es igualmente importante, se crea una l\u00ednea del ICO que permitir\u00e1 una transferencia directa de los 230 millones, sin pasar por las administraciones, a la cuenta de los damnificados cuyos expedientes hayan sido tramitados. El decreto acaba con la sequ\u00eda financiera y da un bal\u00f3n de ox\u00edgeno al Ejecutivo regional, acusado, incluso por el anterior comisionado del Gobierno de Rajoy, de embalsar las ayudas. Si ese es el pecado del equipo de Valc\u00e1rcel, su m\u00e9rito ha sido trabajarse el nuevo decreto en sus actuales t\u00e9rminos. La obligaci\u00f3n del Gobierno auton\u00f3mico es ahora agilizar la tramitaci\u00f3n y seguir presionando en Madrid para adelantar la ejecuci\u00f3n del Plan Lorca, antes de que se cumpla el plazo de nueve meses fijado, y para asegurar una financiaci\u00f3n que no se quede corta. Lorca ya ha esperado demasiado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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