Siempre que nos alcanza una ola abrasadora de calor, o se nos queman los montes o se nos inflaman los \u00e1nimos. Como sucede en muchos fuegos forestales siempre hay alg\u00fan pir\u00f3mano insensato dispuesto a encender una mecha para desencadenar un incendio social. El episodio protagonizado por el alcalde y diputado regional andaluz, Juan Manuel S\u00e1nchez Gordillo, responsable del saqueo de dos supermercados, ha sido tan esperp\u00e9ntico y grave como los intentos muy poco afortunados de sus correligionarios de justificar lo que constituye inequ\u00edvocamente un delito. Solo en un clima social tan caldeado como el actual es posible comprender c\u00f3mo hay quienes tratan de justificar lo injustificable y olvidan que el cumplimiento de las leyes es uno de los fundamentos b\u00e1sicos del Estado de Derecho. Sobre esta idea central tambi\u00e9n se ha discutido esta semana a cuenta de la exclusi\u00f3n de los inmigrantes sin papeles de la sanidad p\u00fablica, salvo para los casos de urgencia y el tratamiento de enfermedades cr\u00f3nicas. Un n\u00famero cada vez m\u00e1s numeroso de m\u00e9dicos han declarado su intenci\u00f3n de objetar para seguir tratando a los inmigrantes en situaci\u00f3n irregular. Solo por razones de sostenibilidad del sistema nacional de salud se puede explicar esta decisi\u00f3n de cercenar el derecho a la salud de todo individuo, como sucede en otros pa\u00edses europeos, aunque desde el punto de vista de la salud p\u00fablica y el control de ciertas enfermedades sea hasta arriesgado dejar fuera de la asistencia m\u00e9dica a un importante colectivo de personas. Es, sin duda, una decisi\u00f3n discutible desde la perspectiva deontol\u00f3gica de los profesionales de la salud y tambi\u00e9n dudosa desde el punto de vista de su eficacia. El Gobierno central ha recordado, en buena l\u00f3gica, que corresponde a las autoridades sanitarias, y no a los m\u00e9dicos, decidir qui\u00e9n tiene derecho a las prestaciones de la sanidad p\u00fablica. Pero a falta de dos semanas para que entre en vigor la nueva normativa, el Ministerio de Sanidad improvisa cada d\u00eda las condiciones para el acceso de los inmigrantes a la tarjeta sanitaria, incumpliendo su obligaci\u00f3n de generar la seguridad jur\u00eddica que reclaman las organizaciones m\u00e9dicas. Probablemente le asista la raz\u00f3n al Ejecutivo, como ha recordado alg\u00fan colegio profesional, cuando niega la posibilidad de objeci\u00f3n en el cumplimiento del nuevo decreto, pero no deja de ser parad\u00f3jico que se traslade toda la responsabilidad \u00faltima al m\u00e9dico, que a la postre decidir\u00e1 si la atenci\u00f3n a un inmigrante sin papeles se ajusta al requisito de urgencia. Aunque es leg\u00edtimo oponerse a las leyes por v\u00edas judiciales y pol\u00edticas democr\u00e1ticas, \u00e9stas deben cumplirse y hacerse cumplir, aunque previamente, adem\u00e1s de legitimidad social, tienen que reunir s\u00f3lidos fundamentos jur\u00eddicos y carecer de lagunas para no dejar fuera de la ley a quienes quieren ejercer su profesi\u00f3n con las m\u00e1ximas garant\u00edas. Para no caer en la ley de la selva hay que hacer mucho m\u00e1s. Desde combatir ya en la escuela la cultura del fraude, tan asentada en nuestro pa\u00eds, a terminar con los llamamientos a la insumisi\u00f3n por dirigentes pol\u00edticos a derecha y a izquierda, con las normas de efectos retroactivos y con las amnist\u00edas fiscales para los incumplidores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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