M\u00e1s de 185.000 personas han perdido sus casas desde el inicio de la crisis en 2008, pero solo cuando dos en Granada y Baracaldo han perdido tambi\u00e9n sus vidas, precipit\u00e1ndose al vac\u00edo desde sus viviendas, en los \u00faltimos veinte d\u00edas, se ha visualizado la reacci\u00f3n urgente y decidida que cab\u00eda esperar ante el drama de los desahucios. La escalofriante imagen de un cuerpo inanimado, cubierto con un pl\u00e1stico en mitad de la calle, ha despertado con una dolorosa bofetada de su letargo a quienes tienen la responsabilidad de frenar esta tragedia denunciada inicialmente por colectivos sociales, pero a la que se han sumado los jueces en los \u00faltimos meses en medio de un aut\u00e9ntico clamor en el conjunto del pa\u00eds. El problema de los desahucios toca tanto la fibra sensible y los valores humanos que, sumidos en la indignaci\u00f3n, podemos llegar al absurdo de pensar que nos encontramos ante un conflicto entre una ciudadan\u00eda angelical y una clase pol\u00edtica y financiera diab\u00f3lica. La diversidad de casos de impagos es tan amplia que caer en juicios sumar\u00edsimos globales es inapropiado para un drama que se origin\u00f3 en aquellos tiempos de bonanza y burbuja inmobiliaria cuando desde todos los sectores sociales, fundamentalmente desde el pol\u00edtico, se propugnaba que los espa\u00f1oles deb\u00edan gozar de cr\u00e9ditos hipotecarios a bajo inter\u00e9s. Dicho eso, lo cierto es que el colectivo m\u00e1s vulnerable y d\u00e9bil era y es quien, alentado por unos y otros, se decidi\u00f3 a comprar esa vivienda, necesaria o so\u00f1ada, bajo una normativa hipotecaria obsoleta y que deja desprotegido al comprador frente a ciertas cl\u00e1usulas abusivas, como apunta la abogada del Tribunal de Justicia europeo. Desde marzo, dos meses despu\u00e9s de constituirse, el Gobierno de Rajoy intent\u00f3 abordar la sangr\u00eda de los desahucios con un c\u00f3digo de buenas pr\u00e1cticas al que se adherir\u00edan los bancos. Se buscaba una f\u00f3rmula que armonizasen los derechos de las entidades financieras, sometidas a tasas de morosidad que amenazan su propia solvencia, con la defensa de los colectivos m\u00e1s castigados por la crisis. La medida, bienintencionada pero no vinculante, ha tenido a la postre una eficacia casi nula. Como informamos hoy, pese a que se registran cada d\u00eda 14 ejecuciones hipotecarias en los juzgados de la Regi\u00f3n, solo una familia logr\u00f3 este a\u00f1o beneficiarse de ese c\u00f3digo de buenas pr\u00e1cticas al exigirse condiciones muy concretas de extrema pobreza. Si se han producido una veintena de casos de daci\u00f3n en pago fue por acuerdos puntuales negociados, al margen de ese c\u00f3digo, entre los afectados y las entidades financieras. Ahora, el Gobierno central quiere buscar soluciones m\u00e1s eficaces y consensuadas con el PSOE. Se anuncia ya una moratoria temporal de dos a\u00f1os para los desahucios que afecten a las familias con mayor riesgo de exclusi\u00f3n, como paso previo a una reforma que no tendr\u00eda efecto retroactivo ni tampoco para los procesos de ejecuci\u00f3n en marcha. Los dos grandes partidos pol\u00edticos tienen ante s\u00ed un reto complicado aunque ineludible porque los impagos y los desahucios seguir\u00e1n durante el tiempo que reste de profunda crisis. A ello debe sumarse una revisi\u00f3n de la ley hipotecaria para garantizar el adecuado equilibrio entre quien presta el dinero y el deudor. Habr\u00e1 que hacerlo r\u00e1pido y ‘en caliente’, pero esperemos que finalmente bien.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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