Alberto Ruiz Gallard\u00f3n ha conseguido el m\u00e1s dif\u00edcil todav\u00eda como ministro de Justicia al poner de acuerdo, en su contra, a todas las asociaciones de jueces, fiscales y abogados con una ley de tasas judiciales que, en palabras pronunciadas en Murcia por el propio presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, es \u00abdif\u00edcilmente explicable\u00bb. Es cierto que padecemos un exceso de litigiosidad que ralentiza la acci\u00f3n de la Justicia y sobrecarga de trabajo a los tribunales hasta l\u00edmites insospechados. Tambi\u00e9n lo es que, para encarar este problema, muchos pa\u00edses eligen la v\u00eda de las tasas y del impulso de los mecanismos de mediaci\u00f3n. Pero cuando todos en el mundo de la Justicia, sin excepci\u00f3n, consideran \u00abdesproporcionadas\u00bb las cuant\u00edas fijadas habr\u00e1 que concluir que el ministro traspasa el umbral de lo razonable. Con tasas que van de los 100 a los 1.200 euros, nos encontramos ante el riesgo real de provocar una discriminaci\u00f3n, por criterios econ\u00f3micos, en el acceso a la juridiscci\u00f3n civil, social y contencioso-administrativa. Pagar 1.200 euros por un recurso de casaci\u00f3n, cuando la mitad de los murcianos viven con menos de mil euros al mes, es injustificable a todas luces porque puede quebrarse la tutela judicial efectiva, uno de los pilares del Estado de Derecho. La desproporci\u00f3n nos conduce tambi\u00e9n al disparate si para recurrir una multa de 100 euros por una infracci\u00f3n de tr\u00e1fico hay que pagar primero 200. Tampoco avanzamos en la buena direcci\u00f3n si a todos los obst\u00e1culos que sufren las v\u00edctimas de la violencia de g\u00e9nero le sumamos la obligaci\u00f3n de pagar entre 300 y 812 euros, seg\u00fan los casos, para plantear demandas de separaci\u00f3n o divorcio. En su frenes\u00ed reformista, Gallard\u00f3n impuls\u00f3 por procedimiento de urgencia una ley que tuvo que suspenderse el d\u00eda de su entrada en vigor por falta de justificantes de pago en los tribunales. Esa es la prueba palpable de que el ministro va demasiado deprisa, y quiz\u00e1 muy lejos, con una ley no suficientemente meditada que puede abocarnos a un estado de indefensi\u00f3n en lugar de a una modernizaci\u00f3n y mejora de la Justicia. La imposici\u00f3n de tasas de semejantes proporciones tendr\u00eda efectos perversos si en lugar de promover soluciones extrajudiciales, como pretende, beneficia por ejemplo a los morosos, que ahora ser\u00e1n m\u00e1s renuentes a pagar a sabiendas de que quienes le reclaman una deuda deben pagar primero para intentar recuperar lo que es suyo. Mala iniciativa ha puesto en marcha el ministro si se agiliza la Administraci\u00f3n, que no la Justicia, a costa de favorecer los impagos. Las encuestas siempre se\u00f1alaron al exalcalde y expresidente de Madrid como el pol\u00edtico mejor valorado del PP por esa vitola de moderado en lo ideol\u00f3gico que se ajusta al perfil del llamado centro reformista. Pero esa imagen p\u00fablica comienza a deteriorarse a velocidad de v\u00e9rtigo, entre otras cosas, por su tendencia natural a la desmesura cuando se lanza, siempre de cabeza, a un proyecto. El \u00edmpetu es un activo en pol\u00edtica, pero solo cuando va precedido de reflexi\u00f3n y di\u00e1logo con todas las partes implicadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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