Aquel verano de 2006, cuando mi entonces compa\u00f1era Cristina de la Hoz desconect\u00f3 la grabadora, Mariano Rajoy se liber\u00f3 de esa tensi\u00f3n que le produce responder a preguntas y la conversaci\u00f3n tras la entrevista en su despacho de G\u00e9nova pas\u00f3 de la actualidad pol\u00edtica al deporte y de ah\u00ed, no recuerdo por qu\u00e9, al relato de un desagradable episodio vivido por el hoy presidente del Gobierno cuando, a cuenta de la gesti\u00f3n del caso ‘Prestige’, fue increpado por un grupo de personas mientras paseaba por El Grove con su mujer. Ese suceso es uno m\u00e1s de los miles que han vivido los pol\u00edticos, de todos los partidos, desde el inicio de la democracia. Los han sufrido tambi\u00e9n Zapatero, Bono, Valc\u00e1rcel… e innumerables modestos concejales de todas las formaciones en peque\u00f1os y grandes municipios. Ninguno comparable a los acontecidos durante d\u00e9cadas en un Pa\u00eds Vasco amenazado por el terrorismo de ETA. Nada hay peor que vivir con el miedo a morir de un tiro en la nuca o por una bomba colocada bajo el coche. Lo saben bien las familias de numerosos pol\u00edticos, pero tambi\u00e9n de empresarios, periodistas, polic\u00edas… A ra\u00edz de la campa\u00f1a de escrache de la plataforma antidesahucios, el acoso a los representantes p\u00fablicos vuelve al primer plano. Hace lo correcto el PP al denunciarlo y tambi\u00e9n Rubalcaba al calificarlo de ‘presi\u00f3n injustificable’. La leg\u00edtima protesta, aunque sea pac\u00edfica, resulta inaceptable cuando se desplaza del espacio p\u00fablico a la esfera privada y deviene en acoso personal. Pero el acto reflejo no puede ser criminalizar a todos los grupos antidesahucios o convertir este asunto, por grave que sea, en el centro del debate, orillando la atenci\u00f3n sobre todo lo dem\u00e1s. Si fuera por la intensidad y extensi\u00f3n del grado de intimidaci\u00f3n, habr\u00eda razones para anteponer a otros colectivos en el escaparate p\u00fablico. Solo de enero a junio de 2012 se comunicaron en la Regi\u00f3n de Murcia 88 agresiones de m\u00e9dicos, de las cuales 35 se denunciaron en hospitales y 53 en centros de atenci\u00f3n primaria. Y en toda Espa\u00f1a, 3.352 docentes manifestaron durante el curso pasado que sufrieron situaciones de conflictividad y violencia en las aulas. Son muchos los colectivos y profesionales que se sienten hoy injustamente acosados, maltratados o insultados. Como todos los espa\u00f1oles, los pol\u00edticos tienen los cauces propios del Estado de Derecho para defender su honor y la integridad de ellos y sus familias. Si alguno se siente injuriado o intimidado, lo que debe hacer es denunciarlo en los tribunales y dejar a un lado el victimismo. Ahora, cuando ni Espa\u00f1a ni la Regi\u00f3n est\u00e1n precisamente en el punto \u00e1lgido de su imagen reputacional, los dirigentes pol\u00edticos no deben transmitir lamentos personales, sino liderazgo, fortaleza, templanza y capacidad para encajar la cr\u00edtica razonada. De lo contrario no generar\u00e1n confianza ni proyectar\u00e1n la sensaci\u00f3n de estar centrados y en condiciones de solucionar esta crisis.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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