El siniestro cortejo hacia la libertad de terroristas sanguinarios, violadores en serie y crueles asesinos de adolescentes provoca un lacerante latigazo a la moral de una sociedad que, paralelamente, contempla la desverg\u00fcenza de pol\u00edticos como Carlos Fabra, que logran eludir la prisi\u00f3n haciendo uso de todos los vericuetos legales a su alcance. Si estaba anestesiado el nervio \u00e9tico de la ciudadan\u00eda, ahora ha despertado con un rapto de indignaci\u00f3n con esta sucesi\u00f3n de excarcelaciones de matarifes de ni\u00f1os y de caraduras de cuello blanco que evitan el presidio. Boquiabiertos asistimos a un fracaso may\u00fasculo de la Justicia, que ata\u00f1e a quienes vienen legislando en esta materia desde hace d\u00e9cadas. Tuvieron que pasar 22 a\u00f1os, de 1973 a 1995, para alumbrar un C\u00f3digo Penal que inclu\u00eda el cumplimiento efectivo de las penas en ciertos supuestos, pese a que ETA ejecutaba con monstruosa voracidad en los 80 y 90. En lugar de endurecer la normativa penal para adecuarla a la extraordinaria gravedad de la brutalidad etarra, el Gobierno de Gonz\u00e1lez hab\u00eda optado por defender el Estado de derecho desde las alcantarillas, con la execrable creaci\u00f3n de los GAL. Solo a causa del clamor social por las ni\u00f1as de Alc\u00e0sser y Anabel Segura lleg\u00f3 un C\u00f3digo Penal, nacido para acabar con la escandalosa brecha entre la pena fijada en sentencia y la que se cumpl\u00eda. Es cierto que la Constituci\u00f3n indica que la privaci\u00f3n de libertad debe estar orientada a la reinserci\u00f3n. Sin embargo, nada obligaba a mantener la reducci\u00f3n de un d\u00eda de pena por cada dos de trabajo en prisi\u00f3n, fijada en 1938, y otros beneficios penitenciarios de los que sacaron provecho quienes acumulaban m\u00faltiples delitos de sangre. No se quiso, o no se pudo, hallar una v\u00eda legal para que matar a 70 personas no saliera igual que matar a una, a efectos de a\u00f1os entre rejas. La posible soluci\u00f3n cuaj\u00f3 tarde y mal. Con un cambio de criterio jurisprudencial, de aplicaci\u00f3n retroactiva, la ‘doctrina Parot’ del Supremo intent\u00f3 impedir lo que observamos con estupor por decisi\u00f3n del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esa masiva puesta en libertad de soci\u00f3patas que en muchos casos no se han arrepentido o pedido perd\u00f3n por sus delitos cometidos antes de 1995. Algunos a\u00fan tienen tendencias criminales, seg\u00fan informes forenses, como se recuerda en los plat\u00f3s donde se rentabilizan el morbo y el miedo. Con ETA ya derrotada, ahora viene la prisi\u00f3n perpetua revisable. El Gobierno promete que el nuevo C\u00f3digo Penal combatir\u00e1 los delitos ligados a la corrupci\u00f3n, como la financiaci\u00f3n ilegal de los partidos, la gesti\u00f3n desleal del patrimonio de terceros y la malversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos. Veremos en qu\u00e9 queda. Hoy, la credibilidad del ministro Gallard\u00f3n est\u00e1 tocada, tras incumplir su programa sobre la elecci\u00f3n de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y preservar el sistema de reparto por cuotas de peso pol\u00edtico, con la aquiescencia de casi todo el arco parlamentario. Echando la vista atr\u00e1s, ya no sorprende tanto escepticismo ciudadano.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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