Dec\u00eda Manuel Aza\u00f1a que \u00absi cada espa\u00f1ol hablara de lo que sabe y solo de lo que sabe, se har\u00eda un gran silencio nacional que podr\u00edamos aprovechar para estudiar\u00bb. Lo dijo mucho antes de que irrumpieran las tertulias de televisi\u00f3n y radio, pero es que nos viene de lejos ese desparpajo y arrojo para hablar, en una misma sentada y sentando c\u00e1tedra, del C\u00f3digo Penal, del ADN de Atapuerca o de la prima de riesgo. Todo ello con un rasgo muy nuestro que subrayaba Ortega: \u00abEn Espa\u00f1a, de cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa\u00bb. Basta poco para que los \u00e1nimos se recalienten y los debates acaben a garrotazos goyescos en forma de improperios y desligitimaciones mutuas. Pero se est\u00e1 con la libertad de expresi\u00f3n o no se est\u00e1. Y gracias a que est\u00e1 blindada en la Constituci\u00f3n se oye con fuerza el clamor de la ciudadan\u00eda ante atropellos may\u00fasculos, como la abortada subida del 11% en el recibo de la luz. Salvo los ‘agujeros negros’ de la galaxia, no hay nada m\u00e1s opaco e inextricable que nuestro modelo energ\u00e9tico, desde las subastas que fijan el precio del kilovatio a ese rompecabezas mensual al que llamamos factura de la luz. La inmensa mayor\u00eda desconocemos c\u00f3mo diablos funciona el sistema de regulaci\u00f3n de precios, pero no se nos escapa, porque lo notamos en el bolsillo, que nuestros recibos subieron tres veces en los \u00faltimos nueve meses. No seremos sabios, pero tampoco majaderos. Como el sablazo era tan escandaloso, y hay elecciones a la vista, el ‘tarifazo’ fue anulado por el ministro Soria, cuyas explicaciones p\u00fablicas me traen a la memoria otras palabras de Aza\u00f1a: \u00abNo me importa que un pol\u00edtico no sepa hablar, lo que me preocupa es que no sepa de lo que habla\u00bb. El Gobierno debe ahora improvisar un nuevo modelo para establecer los precios, que aprobar\u00e1 por decreto. Lo desconcertante es que este cambio no estaba previsto en la reforma del sector el\u00e9ctrico, cuyas enmiendas se debatieron el jueves en el Parlamento. Es verdad que el Gobierno cumple con su responsabilidad al abordar el problema del d\u00e9ficit tarifario, que se inicia en 2002 cuando el exvicepresidente Rato estableci\u00f3 que la luz no pod\u00eda subir m\u00e1s que el IPC. Como los costes de generaci\u00f3n de electricidad crec\u00edan muy por encima del precio que pagamos, se fue acumulando una deuda con el sector, tampoco resuelta por los Gobiernos del PSOE, que llega ya a 30.000 millones. El problema es que la ley de Soria parece otro parche de dudosa eficacia, que elimina adem\u00e1s las primas a la fotovoltaica, un cambio de reglas de juego que perjudica a miles de inversores murcianos. Se puede estar a favor o en contra de esta reforma, pero es imposible las dos cosas a la vez, como pretende el PP murciano, que la apoya en el Congreso de los Diputados mientras el Gobierno regional pretende tumbarla en el Constitucional por el trato a la fotovoltaica. Tambi\u00e9n ah\u00ed hay un d\u00e9ficit. De coherencia pol\u00edtica. Subsanarlo exige una pronta y convincente explicaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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