La expulsi\u00f3n de la exalcaldesa de Pliego como diputada de la Asamblea, avalada por los servicios jur\u00eddicos de la C\u00e1mara y adoptada de forma un\u00e1nime por todos los partidos en la Comisi\u00f3n del Estatuto del Diputado, dej\u00f3 en segundo plano asuntos colaterales que me causan estupor y que revelan una particular forma de gestionar las asuntos p\u00fablicos en la Regi\u00f3n. El punto en com\u00fan es el dictamen presentado en la Asamblea por la exalcaldesa para evitar la p\u00e9rdida de su esca\u00f1o. Que se defendiese entra dentro de lo natural, pero lo sorprendente es que lo hiciera con un dictamen encargado por el Ayuntamiento de Pliego, a trav\u00e9s de su secretario, para un asunto que no es de competencia municipal, sino estrictamente personal de quien, en el momento de contratar ese informe, segu\u00eda en su puesto, pero ya estaba condenada por prevaricaci\u00f3n a nueve a\u00f1os de inhabilitaci\u00f3n. Solo veo dos explicaciones a ese uso institucional de la Corporaci\u00f3n: o una falta total de luces para ejercer cargos p\u00fablicos o una ausencia clamorosa de decoro c\u00edvico, ambas inhabilitantes desde el punto de vista pol\u00edtico. El susodicho dictamen, a la postre fallido, advert\u00eda de posibles acciones legales por prevaricaci\u00f3n contra la letrada y los diputados de la Asamblea Regional si se consumaba la expulsi\u00f3n de Toledo. Suena fuerte, pero fue as\u00ed. Lo m\u00e1s chirriante es que ese amenazador informe llevaba el aval de la Universidad de Murcia (UMU), con la firma del profesor ayudante Jos\u00e9 Mu\u00f1oz Clares. Tan discutible me parece que el Ayuntamiento de Pliego pagara el dictamen como que la Universidad de Murcia haya convertido en rutinario el cobro por servicios jur\u00eddicos de defensa frente a casos de corrupci\u00f3n, a trav\u00e9s de su Oficina de Transferencia de Resultados de Investigaci\u00f3n (OTRI), para asombro del mundo de la Justicia y parte de la comunidad docente universitaria. Uno de los objetivos de la OTRI es la formalizaci\u00f3n de contratos y convenios de prestaci\u00f3n de servicios en conocimiento y de investigaci\u00f3n bajo demanda, de los cuales un 10% del montante es para la UMU y el resto para el profesor contratado. No tengo nada que objetar al respecto. Al contrario, para las universidades p\u00fablicas debe ser una obligaci\u00f3n trasladar los resultados de sus investigaciones a la sociedad y conseguir v\u00edas propias de financiaci\u00f3n. Pero empieza a ser dif\u00edcilmente digerible, por muy legal que sea, constatar c\u00f3mo la UMU sigue recaudando, a trav\u00e9s de contratos con la OTRI, por servicios de asesor\u00eda y defensa que realiza el catedr\u00e1tico de Derecho Penal, Jaime Peris, a imputados como Mat\u00edas Carrillo, Higinio P\u00e9rez Mateos o Francisco Marqu\u00e9s, o el grupo del profesor Mu\u00f1oz Clares, quien ha representado a varios imputados por el caso \u2018Umbra\u2019 e interpuso una querella fallida por prevaricaci\u00f3n, en nombre del imputado Joaqu\u00edn Pe\u00f1alver, contra el fiscal Juan Pablo Lozano y el juez David Castillejos. El amenazante dictamen de Isabel Toledo a la Asamblea es el \u00faltimo ejemplo de esta dudosa aportaci\u00f3n social de la UMU. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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