La apelaci\u00f3n del Gobierno de Rajoy al cumplimiento de la ley como respuesta al desaf\u00edo independentista de Catalu\u00f1a no solo es la posici\u00f3n m\u00e1s acertada. Es la \u00fanica posible porque cualquier cesi\u00f3n a una consulta que no tiene cabida en la Constituci\u00f3n dejar\u00eda fuera de la legalidad al propio Ejecutivo que representa a todos los espa\u00f1oles. Es evidente que existe un problema de hondo calado en Catalu\u00f1a. Habr\u00eda que estar ciego para desde\u00f1ar el amplio respaldo social a las tesis independentistas que se hizo de nuevo visible durante la \u00faltima Diada. Tambi\u00e9n es cada vez m\u00e1s evidente que la soluci\u00f3n solo podr\u00e1 alcanzarse por la v\u00eda del di\u00e1logo y la negociaci\u00f3n pol\u00edtica, aunque \u00e9sta deber\u00e1 estar supeditada al cumplimiento de la legalidad. Primero la ley, luego el di\u00e1logo. La consulta del 9 de noviembre no es m\u00e1s que un chantaje a la desesperada promovido por Artur Mas ante la que solo cabe responder con la firmeza del estado de derecho. Una vez superada esa fecha, y analizadas las fichas que muevan los partidos soberanistas (muy probablemente unas elecciones anticipadas de car\u00e1cter plebiscitario), podr\u00eda despejarse un escenario de negociaci\u00f3n donde podr\u00edan debatirse todas las posiciones, desde la reforma constitucional para avanzar hacia el federalismo, la llamada ‘tercera v\u00eda’ que ofrezca un estatus especial a Catalu\u00f1a o sencillamente unas mejoras de su financiaci\u00f3n y de su autogobierno. La \u00fanica certidumbre a d\u00eda de hoy es que Mas y sus socios transitan por el camino equivocado. Ya no solo porque conduce a la ruina a varias generaciones de catalanes, una opini\u00f3n que puede ser discutible, sino porque la senda elegida tiene un insalvable obst\u00e1culo legal, lo que constituye una certeza incontrovertible. Ese di\u00e1logo, que no puede prosperar mientras perdure la amenaza de la consulta, deber\u00e1 por el contrario avanzar con celeridad pasada la fecha de marras para solventar una situaci\u00f3n que, adem\u00e1s, est\u00e1 siendo un escollo determinante para otros importantes problemas territoriales que ata\u00f1en al conjunto del pa\u00eds. Ni el nuevo modelo de financiaci\u00f3n auton\u00f3mica ni un Plan Hidrol\u00f3gico Nacional podr\u00e1n cuajar con garant\u00edas pol\u00edticas en este contexto. Lo uno y lo otro es urgente para todos. Muy especialmente para la Regi\u00f3n de Murcia. La firmeza en la defensa de la legalidad que, con acierto, exhibe hoy Rajoy debe transformarse en celeridad, flexibilidad y negociaci\u00f3n para solventar todos nuestros males territoriales. Y eso ser\u00e1 mucho m\u00e1s complicado de gestionar porque el peso de la iniciativa y la proactividad recaer\u00e1n entonces en el Ejecutivo central. Es posible que estemos en el arranque de lo que puede ser un largo ciclo de sequ\u00eda en el Sureste y lo acometido en relaci\u00f3n al Trasvase del Tajo no despeja ni de lejos todas las incertidumbres. Hoy, la liquidez de las arcas de la Comunidad no est\u00e1 tan amenazada, pero la deuda p\u00fablica sobrepasa los 6.300 millones de euros. Catalu\u00f1a es una de nuestras grandes heridas, pero ciertamente no es la \u00fanica que exige un r\u00e1pido remedio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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