El archivo de la causa por cohecho que pend\u00eda sobre el consejero de Educaci\u00f3n, Pedro Antonio S\u00e1nchez, es una grata noticia. Especialmente para \u00e9l y su familia, como es l\u00f3gico, pero tambi\u00e9n deber\u00eda serlo para el conjunto de la sociedad, al verse despejada una sombra de sospecha sobre un pol\u00edtico de peso en la Regi\u00f3n. La Justicia ha resuelto por fin el caso y, adem\u00e1s, en t\u00e9rminos exculpatorios. No hubo delito. Escrib\u00ed hace pocas semanas que cre\u00eda en su honradez, pero, como no puede ser de otra forma, depositaba toda mi confianza en la labor de la Justicia, en la profesionalidad e imparcialidad de jueces y fiscales, objeto estos \u00faltimos de presiones inadmisibles por algunos de sus compa\u00f1eros de partido. El futuro inmediato de S\u00e1nchez no est\u00e1 del todo despejado porque existe una querella de la Fiscal\u00eda que a\u00fan est\u00e1 pendiente de ser admitida, o no, por el TSJ. La resoluci\u00f3n de ese primer caso, o lo que pueda venir ahora, no altera mi convicci\u00f3n de que ning\u00fan pol\u00edtico imputado, como opinan el 98% de los murcianos en las encuestas publicadas por \u2018La Verdad\u2019, debe ser designado para cargo p\u00fablico o ir en las listas electorales. La responsabilidad jur\u00eddica, donde rige el derecho individual a la presunci\u00f3n de inocencia, no debe confundirse con la responsabilidad pol\u00edtica, en virtud de la cual no es aceptable presentar a un candidato que, como presidente regional y por tanto representante p\u00fablico de todos los ciudadanos, pudiera verse obligado a declarar ante un juez porque ve indicios racionales de la posible comisi\u00f3n de un delito. El prestigio de las instituciones y la confianza en la limpieza de nuestra democracia, tan urgente hoy para el inter\u00e9s general, debe prevalecer sobre la situaci\u00f3n particular de cualquier persona. Una cuesti\u00f3n diferente es en qu\u00e9 momento un cargo p\u00fablico debe abandonar su puesto si es imputado. Sobre este punto existen discrepancias. Pensamos que debe ser, como norma general y si el presunto delito no es flagrante, con la apertura de juicio oral. La mejor prueba es lo que acaba de ocurrir con Pedro Antonio S\u00e1nchez y antes con otros dirigentes, como Jos\u00e9 Blanco o Enrique Ujald\u00f3n. As\u00ed opinan, sobre el papel, tanto el PP como el PSOE, aunque luego usan la doble vara de medir y recurren a la v\u00eda judicial para neutralizar o desgastar al adversario. Lo que unos hacen en Madrid, los otros lo aplican aqu\u00ed. El problema de fondo es que en el PP regional existi\u00f3 mucho liderazgo pol\u00edtico, pero escaso liderazgo \u00e9tico, acumul\u00e1ndose en veinte a\u00f1os imputaciones por doquier hasta niveles insoportables, con unas cuantas condenas y algunos cargos implicados en hasta tres causas. Y luego hay casos singulares, porque afectan al delegado del Gobierno, responsable pol\u00edtico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o un alcalde, como el de Murcia, que deb\u00eda haber meditado hace tiempo su renuncia. Y no porque estuviera imputado, sino por incumplir con su obligaci\u00f3n de asistir y presidir su Junta de Gobierno durante dos meses y medio. Una n\u00edtida y objetiva causa de despido en otros \u00e1mbitos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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