{"id":806,"date":"2015-10-25T07:32:38","date_gmt":"2015-10-25T06:32:38","guid":{"rendered":"http:\/\/blogs.laverdad.es\/primeraplana\/?p=806"},"modified":"2015-10-25T07:32:38","modified_gmt":"2015-10-25T06:32:38","slug":"y-todo-a-media-luz","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.laverdad.es\/primeraplana\/2015\/10\/25\/y-todo-a-media-luz\/","title":{"rendered":"Y todo a media luz"},"content":{"rendered":"<p><strong>Los aciertos del Ejecutivo de Pedro Antonio S\u00e1nchez en otros terrenos se ven empa\u00f1ados por una pobre gesti\u00f3n en materia de transparencia y participaci\u00f3n ciudadana. Una parte del problema fue heredada. Otra no<br \/>\n<\/strong><br \/>\nLa inmensa mayor\u00eda de los pol\u00edticos y gestores p\u00fablicos de nuestro pa\u00eds no est\u00e1n bajo el escrutinio de la Justicia, pero la concatenaci\u00f3n de casos de corrupci\u00f3n en todo el territorio ha instaurado una sensaci\u00f3n generalizada de saqueo o despilfarro de lo p\u00fablico que, por un lado, ha erosionado la confianza en los cargos electos y, por otro, ha depositado una inmerecida carga de sospecha en todos los niveles de la Administraci\u00f3n, atenazados ahora en la toma de decisiones por temor a verse envueltos en procesos judiciales. Como cortafuego de corruptelas y garant\u00eda del buen uso de los recursos p\u00fablicos, las sociedades m\u00e1s democr\u00e1ticas y desarrolladas se han afanado en aplicar los principios del buen gobierno, basados en la transparencia y la participaci\u00f3n. Solo muy recientemente estas pr\u00e1cticas de rendici\u00f3n de cuentas, fundamentales para aumentar el escrutinio de lo p\u00fablico y restaurar la confianza, llegaron a Espa\u00f1a, si bien con un concepto restrictivo de lo que se considera informaci\u00f3n de inter\u00e9s p\u00fablico y con una alta dependencia del poder pol\u00edtico.<\/p>\n<p>Tras a\u00f1os consecutivos en los puestos de cola en los \u2018ranking\u2019 auton\u00f3micos de la ONG \u2018Transparencia Internacional\u2019, el Gobierno de Garre hizo bandera de estos principios y aprob\u00f3 una ley en diciembre de 2014 todav\u00eda m\u00e1s ambiciosa que la nacional. Pero se hizo demasiado deprisa, como alguna otra, sin un an\u00e1lisis exhaustivo y sin prever la capacidad de cumplimiento. Ni el Consejo Jur\u00eddico ni la Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos (AEPD) informaron previamente sobre una norma llena de aristas legales y que exig\u00eda antes de su aprobaci\u00f3n una planificaci\u00f3n detallada de recursos humanos y materiales, as\u00ed como mucha pedagog\u00eda en el seno de la administraci\u00f3n p\u00fablica. La pol\u00e9mica por la publicaci\u00f3n, con nombres y apellidos, de la relaci\u00f3n de puestos de trabajo de los funcionarios de la administraci\u00f3n general, sin periodo de alegaci\u00f3n ni consulta previa a la AEPD, ha puesto en evidencia que la ley regional aprobada en diciembre de 2014 ha desbordado a quienes desde entonces deb\u00edan estar trabajando para su plena puesta en vigor en junio de este a\u00f1o. En una detallada informaci\u00f3n que hoy publicamos queda claro el alto grado de incumplimiento de una ley trascendental, que contempla un duro repertorio de sanciones y que tambi\u00e9n es de obligado cumplimiento, por ejemplo, para las universidades p\u00fablicas. La lista de deficiencias es larga. Muchas se derivan de su compleja aplicaci\u00f3n burocr\u00e1tica, pero otras no tienen un pase porque solo se pueden explicar por decisiones alejadas del principio de transparencia. La informaci\u00f3n podr\u00e1 acabar siendo exhaustiva en el Portal de Transparencia (hoy todav\u00eda una pir\u00e1mide laber\u00edntica), pero de nada servir\u00e1 si en los asuntos de mayor calado hay opacidad. Solo un ejemplo: a finales del mes pasado, el Gobierno aprob\u00f3 remitir toda la informaci\u00f3n relativa a la desaladora de Escombreras al Tribunal de Cuentas, en base a un informe de la Consejer\u00eda de Hacienda. Ese documento de indudable inter\u00e9s p\u00fablico ni est\u00e1 ni se le espera, aunque la ley obliga al Gobierno regional. Los aciertos del Ejecutivo de Pedro Antonio S\u00e1nchez en otros terrenos se ven empa\u00f1ados por la pobre gesti\u00f3n en transparencia y participaci\u00f3n. Una parte es heredada. Otra no. Y este es un tema de fondo que deber\u00eda asumir en primera persona porque fue parte troncal de su discurso de la nueva pol\u00edtica y de la nueva etapa.<\/p>\n<p>Lo peor que podr\u00eda ocurrir es que los incipientes pasos en la direcci\u00f3n correcta provocaran, por errores o falta de recursos, un efecto de rechazo en quienes, previamente bien informados, deben colaborar en todos los \u00e1mbitos de la administraci\u00f3n p\u00fablica para dar respuesta al derecho a saber de los ciudadanos sobre el uso de los recursos recaudados con sus impuestos. Otras comunidades aut\u00f3nomas est\u00e1n trabajando con diligencia. El Gobierno regional cuenta con un Consejo de la Transparencia, plural y bien preparado, que debe contar con todo el apoyo material y toda la autonom\u00eda precisa para llevar a buen puerto este esfuerzo colectivo imprescindible para la regeneraci\u00f3n de la vida p\u00fablica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los aciertos del Ejecutivo de Pedro Antonio S\u00e1nchez en otros terrenos se ven empa\u00f1ados por una pobre gesti\u00f3n en materia de transparencia y participaci\u00f3n ciudadana. Una parte del problema fue heredada. 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