Han sido numerosas las ocasiones en que, desde las p\u00e1ginas de \u2018La Verdad\u2019, se ha instado a los distintos Gobiernos regionales a impulsar medidas de reactivaci\u00f3n econ\u00f3mica por la v\u00eda de la simplificaci\u00f3n administrativa. Respaldados por informes regionales, nacionales e internacionales, los sectores productivos ven\u00edan reclamando poner coto a una burocracia que sent\u00edan en propia carne y que espantaba a muchos inversores hacia la Vega Baja alicantina y municipios lim\u00edtrofes de Albacete y Almer\u00eda. El decaimiento progresivo de nuestra industria ten\u00eda mucho que ver con esa desesperante tramitaci\u00f3n administrativa, que se sumaba a una alta fiscalidad. Otros territorios, en Espa\u00f1a y fuera, han demostrado que se puede avanzar hacia modelos de desarrollo sostenible, combinando el respeto al medio ambiente con la ausencia de trabas burocr\u00e1ticas y una supervisi\u00f3n estricta a posteriori de las actividades econ\u00f3micas. Si hoy la Regi\u00f3n est\u00e1 a la cola en competitividad tur\u00edstica no es solo por su d\u00e9bil sector privado. Influye la falta de infraestructuras de transporte, la hist\u00f3rica carencia de una pol\u00edtica tur\u00edstica sin titubeos y bien financiada, y la presencia de no pocos obst\u00e1culos burocr\u00e1ticos que hacen de la Regi\u00f3n un lugar poco atractivo para emprender negocios tur\u00edsticos. En su investidura, el presidente Pedro Antonio S\u00e1nchez se comprometi\u00f3 a abordar las reformas administrativas necesarias para dinamizar y crear empleo en la industria, el comercio y el turismo. La primera medida fue la rebaja de ciertos impuestos, alguno fundamental para las empresas familiares que son un pilar de nuestro tejido productivo. La segunda se producir\u00e1 en los pr\u00f3ximos d\u00edas con la aprobaci\u00f3n por el Gobierno de un decreto ley de simplificaci\u00f3n administrativa, que luego tendr\u00e1 que ser ratificado en la Asamblea. Como adelantamos hoy, los comercios minoristas tendr\u00e1n libertad de horarios y podr\u00e1n abrir diecis\u00e9is festivos al a\u00f1o. Se generalizar\u00e1 la declaraci\u00f3n responsable del empresario para la apertura de instalaciones industriales y energ\u00e9ticas. Tambi\u00e9n se eliminar\u00e1 el doble registro, tanto industrial como agrario, para la industrias agroalimentarias. Y adem\u00e1s se regularizar\u00e1n miles de alojamientos tur\u00edsticos alquilados por propietarios de viviendas, que ahora no necesitar\u00e1n constituirse en empresas para acometer esa actividad.<\/p>\n
A expensas de las mejoras que puedan introducirse en su tramitaci\u00f3n y de un an\u00e1lisis m\u00e1s detallado cuando est\u00e9 aprobado, el decreto ley de Pedro Antonio S\u00e1nchez va, a mi juicio, en la direcci\u00f3n correcta. El Gobierno regional no podr\u00e1 equilibrar las cuentas p\u00fablicas, ni revertir el elevado desempleo, si no trabaja a fondo con medidas de empuje econ\u00f3mico que haya consensuado con los agentes sociales. El decreto ley tiene tambi\u00e9n una lectura pol\u00edtica porque viene a plasmar un compromiso program\u00e1tico que fue explicitado en campa\u00f1a y luego en el discurso de investidura. S\u00e1nchez no recibi\u00f3 un cheque en blanco tras su triunfo electoral sino un encargo de gobierno en base a propuestas que tuvieron el mayor de los respaldos en las urnas por deseo expreso de los ciudadanos. Debe su designaci\u00f3n de candidato al presidente de su partido, pero ocupa la c\u00faspide del Ejecutivo por la voluntad de una mayor\u00eda de los votantes que confiaron en sus promesas. No puede olvidar, por tanto, a qui\u00e9n se debe por encima de todo, con qui\u00e9n ha contra\u00eddo compromisos y a qui\u00e9n representa hoy. Si ha tenido el acierto de desarrollar estas medidas que est\u00e1n orientadas al inter\u00e9s general, como presidente de todos los murcianos deber\u00eda actuar en consonancia en otros temas donde tambi\u00e9n es necesaria la defensa del bien com\u00fan regional. Esta semana, \u2018La Verdad\u2019 desvel\u00f3 que el Tribunal de Cuentas abri\u00f3 diligencias por posible responsabilidad contable en la desaladora de Escombreras, cuyo riesgo financiero para el erario supera a estas alturas los 500 millones de euros. El Interventor de la Comunidad inst\u00f3 en septiembre a la Consejer\u00eda de Hacienda a que nombrara un instructor e investigara esos indicios. El Gobierno, sin embargo, remiti\u00f3 el asunto al Tribunal de Cuentas como m\u00e1ximo \u00f3rgano fiscalizador, una decisi\u00f3n pol\u00edticamente aceptable si no fuera porque reiteradamente el Ejecutivo no hace lo que le recomienda la Intervenci\u00f3n. Ahora, una vez sabido que la Fiscal\u00eda y la Abogac\u00eda del Estado han ratificado en ese tribunal varios indicios no prescritos de malversaci\u00f3n y responsabilidad contable, tiene dif\u00edcil explicaci\u00f3n que el presidente regional no haya ordenado ya a los Servicios Jur\u00eddicos que se personen en la causa, al menos para saber cu\u00e1l es la amenaza para las arcas regionales. A la postre, de qu\u00e9 sirve ganar credibilidad por un lado si se pierde por otro. El Gobierno parte con la ventaja de que la oposici\u00f3n tampoco se lee un solo papel de la Intervenci\u00f3n, aunque no cesa de jugar con fuego. Todo esto es material inflamable para San Esteban porque afecta a miembros del PP que desempe\u00f1aron responsabilidades p\u00fablicas y que se exponen a responder con su patrimonio en caso de juicio y condena. Y cuando uno puede sufrir otro incendio y necesitar ayuda, estas cosas son todav\u00eda m\u00e1s complicadas. Pero lo que no cabe es pasar la factura de los platos rotos a la ciudadan\u00eda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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