Una mujer había llamado al 112 porque unos jóvenes estaban en el tejado de su casa, dando mazazos. Al llegar la policía, los intrusos se habían marchado a la carrera, abandonando sus herramientas.
Pronto se comprobó, inspeccionando la propiedad, que detrás de una puerta blindada había una plantación de marihuana, en plena producción, con un complicado y caro sistema de riego y de calefacción. Los chapuceros pretendían llevarse el producto, por el tejado de la vieja vivienda.
La huertana, que había requerido a la policía, explicó que ella vivía en la planta baja y que el piso superior era utilizado por su nieto, al que describía como un chico dulce y emprendedor. Decía que el muchacho se tiraba horas y horas encerrado, cuidando de su negocio y sin hacerle daño a nadie.
La mujer quedó advertida de que el muchacho había hecho un enganche ilegal a su contador de luz y que se iba a dar parte a la compañía eléctrica. El chiringuito fue desmontado, en un primer momento sin detenciones, ya que la abuela no sabía donde estaba el emprendedor.
A las pocas semanas la mujer pidió hablar de nuevo con la policía local que había intervenido en el servicio, junto a policía nacional. Le había llegado una factura de la compañía eléctrica que ascendía a 80.000 euros. Aún siendo pensionista y con su marido con alzheimer, ella quería pagar la deuda. Se le ayudo a hacer una petición a la compañía para que le fraccionara el pago.
A las pocas semanas la compañía eléctrica le proponía pagar esa cantidad en tres meses y se despedía en su carta, esperando haberle sido útil y agradeciéndole su fidelización a la compañía.
¿Si un mini huerto ha consumido 80.000 euros  en unos meses, a cuánto asciende la defraudación eléctrica de los agricultores domésticos del barrio del Espíritu Santo, por ejemplo?
El negocio de la marihuana necesita de la defraudación de fluido eléctrico para ser rentable en España. Una defraudación que pagamos entre todos y que hace que suba, cada vez más, nuestra recibo de la luz.