Odio los artículos populistas, la provocación y el linchamiento. Por eso no he escrito nada, hasta hoy, de las inquietantes consecuencias que está teniendo en nuestro país la derogación parcial de la doctrina Parot. Creo que a nuestra generación nos marcó terriblemente el triple crimen de Alcàsser. Recuerdo aquel gélido invierno en el que estudiaba en Madrid y las compañeras de residencia hacíamos cola para buscar en el periódico algún indicio de esperanza para esas pobres jóvenes. 75 días después de su desaparición asistimos estupefactas al lamentable resultado. Tres niñas asesinadas y violadas a sangre fría y uno de los autores materiales del crimen, Anglés, desaparecido.

 La liberación el pasado viernes de Miguel Ricart nos ha devuelto a todos a aquel invierno. 

 A día de hoy desconocemos el diálogo interno que bulle en la cabeza de Ricart y sus planes de futuro ¿Qué habrá hecho durante este primer fin de semana en libertad?¿Encontrará empleo en la España de la crisis? ¿Podrá vivir como un ciudadano anónimo? Podrían ser preguntas retóricas pero no lo son. No tengo todas las respuestas por muy evidentes que parezcan. Por supuesto, me resulta imposible pensar algo positivo de un individuo así y de la mayoría de los presos liberados que han violado y matado de forma sumaria y eficaz a otro ser humano; o los perturbados por patologías incurables. Sobre todo, porque la palabra arrepentimiento no figura en su vocabulario.

El antiguo Código Penal establecía un máximo de cumplimiento de 30 años de encarcelación. Años que se podían descontar por buen comportamiento y que se quitaban no del total de la condena, sino de esos 30 años establecidos como tope. La doctrina Parot corrigió eso. En las rebajas sí se tendría en cuenta el total de la condena. Pero en julio de 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sentenció que esta norma violaba los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos y nos impide aplicarla a los detenidos antes del año 2006.

 A los jueces no les queda otra que aplicar la ley pero ¿Nada se puede hacer contra la liberación de aquellos presos cuyos informes psicológicos son claramente desfavorables? ¿Cómo puede existir en la Justicia española tal falta de previsión?

Interior ha activado un dispositivo de seguridad para controlar a violadores y asesinos excarcelados que ya se aplica a Juan Manuel Valentín Tejero, el responsable de la violación y muerte de Olga Sangrador pero desde Europa se nos prohíbe también las pulseras electrónicas para controlarles, aunque esto sí se aplique para otros detenidos bajo la tutela de las instituciones penitenciarias de nuestro país.

La sentencia del TEDH ha puesto en la calle ya a 30 delincuentes, tales como el conocido violador del ascensor y el loco del chándal; en este macabro listado figuran cinco asesinos, entre ellos, los policías autores de la Matanza de Nigrán, una historia que tiene una terrible similitud con “A sangre fría” de Truman Capote: secuestro de toda una familia con la finalidad de robar y dejar un sembrado de cadáveres tras el conato. Varias decenas de etarras, una grapo, un miembro de los GAL y al menos una decena de violadores y asesinos podrían salir a la calle en los próximos días. 

Detesto la ira de las palabras que leo en los muros de Facebook ante noticias como esta pero entiendo al ciudadano, a los familiares de las víctimas y la terrible indefensión, de miedo en una palabra, que generan estas liberaciones. Son una manada de pájaros negros, el peligro que nos acecha como en la película de Hitchcock. Y nada podemos hacer, salvo permanecer “A sangre fría”.