Un alto cargo del Ministerio de Medio Ambiente me recordaba algo tan letal como políticamente incorrecto en los tiempos que corren: las confederaciones hidrográficas están en el punto de mira de los gobiernos autonómicos -son un claro objetivo a batir-, porque  a raíz del progresivo desmantelamiento competencial del Estado los organismos de cuenca permanecen como el principal instrumento de gestión y control territorial -de injerencia, dirían algunos- del Gobierno central en las autonomías.
Dentro del proceso de balcanización hidráulica que ha contagiado a todos los gobiernos regionales, el Ejecutivo de Valcárcel propugna un blindaje de necesidades, a falta de ríos que blindar. Ha entrado en una carrera para asumir el control de las aguas propias; que se resumen en una cuenca interna transferible pero seca -al sur del Puerto de la Cadena-; el agua desalinizada de las plantas propiedad de la Comunidad y del Ministerio que abastezcan sólo a la Región de Murcia -algo complicado debido a la pluri provincialidad de la Confederación y del Taibilla-; y en tercer lugar las aguas residuales depuradas.
Pero en el fondo se ventila una cuestión capital, como es impedir que sea la Confederación y a la postre el Ministerio quienes marquen el ritmo de desarrollo de la Región con el control del grifo. Este pretedendido desafecto hacia el Ministerio supone jugar con fuego, puesto que nuestra dependencia de los desembalses del Tajo, de los bancos de agua, y de lo que venga,  no puede quedarse huérfana de la tutela del Consejo de Ministros, a la vista de la negativa trasvasista de otras regiones. Sin agua, en nuestro caso no parece aconsejable perder al Estado como aliado y valedor del agua como bien público y como derecho constitucional.  Para los ‘amigos’ que tiene Valcárcel en otras regiones (y con un Rajoy que ya no se moja), parece preferible tener de ‘enemigo’ al Ministerio de turno.