Llama la atención que José Bono, presidente del Congreso de los Diputados y la tercera autoridad del Estado, se haya posicionado de esta forma tan abierta a favor de la eliminación del Trasvase Tajo-Segura. Al menos, debería guardar las formas, aunque sólo sea por su papel de árbitro en la Cámara Baja, donde se debatirá el próximo otoño la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

No puede resultar extraño que José Bono piense de esta forma si se tiene en cuenta que ha gobernado durante muchos años la comunidad de Castilla-La Mancha. Lo extraño es que durante los gobiernos socialistas, y en el máximo apogeo de poder territorial de Bono, éste no haya actuado contra dicho trasvase para eliminarlo como ahora intenta hacer José María Barreda. Aunque lo de la ‘eliminación’ es relativo.

Los gobernantes de Castilla-La Mancha defienden lo que consideran justo y creen que hay que echar el tabacho a este acueducto, después de 30 años de funcionamiento. Es una posición respetable y siempre conviene ponerse en la piel del otro para entender su postura. Aunque también hay que tener cierto sentido de Estado para buscar una solución que atienda todas las necesidades. El acueducto Tajo-Segura, hoy por hoy, compete al Ministerio de Medio Ambiente y al Gobierbno central.

Más de uno se llevaría una sorpresa si se examinan las demandas futuras de la cuenca del Tajo. No son tantas y, como dice, Barreda, hay agua para todos. (El añade: pero no para todo). Las declaraciones de José Bono habrá que entenderlas dentro del contexto y la celebración del Día de Castilla-La Mancha. Me quedo con la llamada de Barreda para conseguir, si es posible y de una vez por todas, un Pacto Nacional del Agua.

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Desde Las Pedroñeras, en la nacional 301

El agua centró el mensaje institucional en el Día de Castilla-La Mancha que tuvo lugar el sábado en Las Pedroñeras (Cuenca), donde el anterior presidente de esta comunidad y titular del Congreso de los Diputados, José Bono, alabó la gestión de José María Barreda en su lucha contra el acueducto Tajo-Segura. «Te has cargado el trasvase», proclamó Bono, quien señaló a Barreda como vencedor de la guerra territorial y política entablada en los últimos años para ponerle fecha de caducidad al acueducto. Según éste, no habría que esperar a que el Congreso apruebe la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en lo que afecta a la reclamación del agua.

El presidente del Congreso, que cerró el turno de oradores, justificó la victoria de Barreda en que había logrado que el agua de la cabecera del Tajo llegara también a Las Tablas de Daimiel, a la llanura manchega y a municipios de esta comunidad. Destacó que no se podía tachar de insolidaria a La Mancha y criticó a otras regiones que se niegan a ceder agua. Recalcó que el acueducto Tajo-Segura se construyó, por imposición, durante la dictadura de Franco, sin que nadie pudiera protestar.

Barreda, por su parte, insistió en la necesidad de que se alcance un Pacto de Estado sobre agua para acabar con los conflictos territoriales. Subrayó, como viene haciendo en los últimos meses, que debe haber agua para todos, pero no agua para todo.
Castilla-La Mancha dispone desde hace más de quince años de recursos de la cabecera del Tajo para atender las necesidades de Las Tablas de Daimiel. Un parque nacional que se encuentra en un progresivo deterioro debido a la falta de lluvias y a que se han esquilmado los recursos del Acuífero 23 a través de miles de pozos. Este síntoma se diagnosticó en la etapa de Felipe González.

Se mandó un SOS para trabajar en su recuperación, pero 20 años después Las Tablas siguen en peligro. El último envío de la cabecera del Tajo para auxiliar a Daimiel se autorizó el verano pasado, pero sólo llegó el 20% del agua de los 20 hectómetros cúbicos autorizados. La mayor parte se quedó por el camino debido principalmente a la sequedad del terreno y a las filtraciones.
El Gobierno central y la legislación tienen claro que las necesidades medioambientales son prioritarias a los regadíos.
En cuanto a la llanura manchega, el Ministerio de Medio Ambiente inició hace dos años las obras para construir un trasvase desde el acueducto Tajo-Segura –cerca de la cabecera– hasta Ciudad Real, para transportar un volumen máximo de 50 hectómetros al año. Esta conducción pasa junto a los límites de Las Tablas de Daimiel, pero el destino de esas aguas es el abastecimiento a la población, y no el parque nacional. El Gobierno castellano manchego se niega a llamarlo trasvase, pese a ser una transferencia de la cuenca del Tajo a la del Guadiana. Esta obra fue aprobada por decreto en el año 1995.
En el próximo curso político recobrará protagonismo el Estatuto de Castilla-La Mancha, que propone eliminar el acueducto Tajo-Segura en 2015. El Congreso de los Diputados que preside José Bono anunció días atrás que el debate de este texto comenzará a partir de octubre.

El Gobierno de Zapatero tendrá que intervenir decididamente a través del Grupo Parlamentario Socialista, ya que la eliminación de este acueducto choca de entrada con varias consideraciones: la necesidad de garantizar el abastecimiento a la población de Murcia y Alicante; la promesa de la vicepresidenta primera Fernández de la Vega de que las reglas de explotación de este trasvase no se modificarán en esta legislatura; y en tercer lugar la tesitura en la que se encuentra el Ejecutivo de Zapatero de dar una solución al déficit del Segura.

Como quiera que se ha enterrado de nuevo el trasvase del Ebro –el viernes se derogará la conexión a Barcelona–, el Ministerio debe buscar otras fórmulas antes de cerrar el grifo del Tajo para los cultivos del Sureste. Asegurar la producción de alimentos se considera en estos momentos un objetivo vital para los países desarrollados.
El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura ha advertido de que luchará «con uñas y dientes» para mantener funcionando este trasvase.