El frustrado trasvase a Barcelona puso en jaque los cimientos de la política hidráulica socialista

El conflicto del agua ha experimentado cambios sustanciales a lo largo del año 2008. Lo más notable ha sido la solución del déficit de caudales para los abastecimientos (hogares, comercios, industrias, turismo, construcción y urbanizaciones) que sufría la cuenca del Segura desde hace diez años. Por vez primera hay recursos asignados suficientes para atender las demandas de la población del Sureste hasta el año 2020, según los cálculos de Isidoro Carrillo, responsable de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, gracias a las cuatro desalinizadoras de Alicante y San Pedro del Pinatar que proporcionan unos 80 hectómetros cúbicos anuales. El resto de los volúmenes necesarios, hasta llegar a los 235 hectómetros anuales, proceden del río Taibilla (38 hectómetros) y en gran medida de los del Tajo, advierten desde el Ministerio de Medio Ambiente. El punto de inflexión ha sido que, por vez primera, se han solicitado menos caudales del Tajo para usos no agrícolas.

Narbona por Espinosa

El objetivo principal que se marcó la ex ministra Cristina Narbona y su equipo, como era evitar el colapso del suministro a la población, se ha visto cumplido. La no continuidad de Narbona en el segundo Gobierno de Rodríguez Zapatero fue una sorpresa, aún cuando era evidente que ésta tenía más enemigos dentro de su partido que en las regiones del Levante gobernadas por el PP. Por citar algunos casos, la ex ministra no sintonizaba con José María Barreda, con el gobierno de Marcelino Iglesias y con la vicepresidenta Fernández de la Vega, que veía demasiados frentes abiertos.

La eliminación del Ministerio de Medio Ambiente, que ha quedado diluido dentro del superministerio de Elena Espinosa, cayó como un jarro de agua fría entre las organizaciones ecologistas. Ha sido un paso atrás de Rodríguez Zapatero, que ha creado otros ministerios con poca consistencia frente al desafío medioambiental. Espinosa ha inaugurado otra época y otro estilo. Es tan diferente del que ejercía Cristina Narbona que Espinosa aún no ha visitado la Región de Murcia desde que tomó posesión, probablemente para no comprometerse aquí con una política de agua que se desconoce por completo.

Después del episodio del frustrado trasvase del Ebro a Barcelona, se produjo en junio un apagón hidráulico absoluto. Como si el problema del agua hubiera dejado de existir debido al perfil bajísimo que intencionadamente impuso el Gobierno, en contraste con la frenética actividad que desplegaba Narbona. El debate entró en un terreno más sosegado al desaparecer gran parte de la carga de enfrentamiento político que existía entre los gobiernos de Murcia y de Madrid, lo cual se explica por las buenas relaciones que mantiene el consejero murciano Antonio Cerdá con el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, y con la propia ministra.

¿Hay giro trasvasista?

A partir de la publicación por este diario del proyecto, sin plazo, para derivar aguas del Tajo desde Cáceres a Murcia –que no niega Puxeu- se interpretó que el Ejecutivo de Zapatero había dado un giro a su política de agua y que ahora se volvía trasvasista. El PSOE nunca ha dejado de ser trasvasista, aunque haya discriminado algunas opciones (el Ebro no se toca). La propuesta, en mayo, de derivar caudales del Ebro para saciar la sed de Barcelona iba a romper toda la baraja y a desmoronar los pilares de la política hidráulica socialista de los últimos cuatro años. Animó de nuevo a las regiones de Murcia y Valencia (Valcárcel y Camps) a reivindicar las aguas del Ebro, mientras que los presidentes de Aragón y Cataluña nadaban en un mar de contradicciones. Trasvase del Ebro para Cataluña, pero no para las regiones del sur, se decía. El chasco del suministro con barcos se sumó a una situación explosiva entre partidarios y detractores del canal, la tubería o la cañería de marras… hasta que la campana sonó en el último minuto con unas lluvias providenciales que llenaron los pantanos catalanes.

Algunas claves del Tajo Medio

La propuesta del trasvase del Tajo Medio, desde Valdecañas, saltó a la palestra en plena celebración de la Expo del Agua, cuya Carta de Zaragoza recogió un cúmulo de lugares comunes de escasa efectividad y compromiso. El Tajo Medio se presenta como la pieza de un puzzle que contente a las comunidades autónomas implicadas. Los presidentes Valcárcel, Fernández Vara y José María Barreda (que quiere eliminar la hipoteca de los trasvases desde la cabecera del Tajo) pueden haber encontrado una base para hablar y aspirar a una paz hidráulica, si bien empiezan a surgir voces discrepantes en colectivos de Extremadura y en el Partido Popular de aquella Región. José Antonio Monago, presidente de los populares extremeños, exige que primero se demuestre que hay excedentes, ya que de lo contrario no apoya el proyecto. Por otra parte, los regantes murcianos y alicantinos del Trasvase Tajo-Segura han advertido de que no aceptarán un cambio del status quo sobre del agua que tienen asignada en la cabecera. Si les llega agua desde Cáceres, vale, pero no a cambio de la que reciben desde Cuenca y Guadalajara. Y luego está el precio.

Se puede pensar que conceptualmente el Tajo Medio no es otro trasvase, sino un segundo grifo más próximo a la desembocadura que sirva para completar los 600 hectómetros máximos anuales trasvasables que prevé la ley del Tajo-Segura. Oficialmente, el Ministerio dice que no hay nada planteado, mientras va dando carrete para comprobar si social y políticamente está o no maduro el proyecto. Josep Puxeu declara que no hay dogmatismos y que todo se puede plantear, incluido el Trasvase del Ródano a Cataluña, que cuenta con el compromiso parlamentario de Rodríguez Zapatero de que se estudie y analice. Así lo dijo en el debate de investidura. Si la ingeniería ha construido el túnel del Canal de la Mancha, qué no se puede hacer con una tubería. Al hilo del Ródano, el presidente Valcárcel ha encargado un estudio para que esa derivación, combinada con caudales del Ebro, llegue hasta la cuenca del Segura, según reveló en octubre.

El Estatuto de Barreda-Cospedal

Antes que tomar decisiones sobre el Tajo Medio hay sobre la mesa otros retos. La reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha entró en el Congreso a mediados de octubre y ha puesto a los grupos parlamentarios ante el desafío de pactar unas enmiendas que den satisfacción al interés general de España sin mutilar las reivindicaciones de los castellano manchegos. Es la cuadratura del círculo porque se trata de un texto de máximos sobre el agua y la caducidad del Trasvase Tajo-Segura. Una caducidad que en el terreno práctico es inviable, a menos que se quiera dejar sin suministro de agua a 2,5 millones de residentes en el Sureste.

Castilla-La Mancha ha logrado uno de sus principales objetivos políticos, como es poner sobre la mesa de operaciones el Trasvase Tajo-Segura y hacer valer sus planteamientos ante el resto de España. Salga lo que salga del Congreso, este trasvase ya no será el mismo. Paralelamente, el proceso de revisión de los planes de cuenca está en todo su apogeo. Será aprobados a lo largo del año que viene y, en el caso del Tajo, no presagia nada bueno para los intereses de la cuenca del Segura. El documento base apuesta por revisar las reglas de explotación del acueducto y duplicar en varios puntos el caudal ecológico, entre ellos Aranjuez, en cumplimiento estricto de la Directiva Marco de Aguas. Eso significa 200 hectómetros cúbicos menos de excedentes en la cabecera cada año. Si se suman las demandas futuras de Madrid, así como los 50 hectómetros que se derivarán a Ciudad Real a través del nuevo acueducto que se está construyendo, sólo hay que echar cuentas para comprobar que apenas quedarán ‘sobrantes’ para Murcia y Alicante.

Baja la exigencia del Ebro

Por otro lado, el plan de cuenca del Segura considera que los desembalses del Tajo, hasta llegar al máximo anual de 600 hectómetros, son imprescindibles para atender las necesidades del Sureste. La colisión es inevitable y dependerá del Ministerio cómo se encaja cada plan. La defensa del Trasvase Tajo-Segura ha propiciado que el PP y PSOE murcianos hayan cerrado filas con un pacto entre Valcárcel y Pedro Saura que ha obviado las discrepancias de antaño. Los populares murcianos han bajado mucho el tono de su reivindicación del Trasvase del Ebro a la espera de que el Ministerio de Espinosa muestre sus cartas. Las mismas que le enseñó la ministra a Valcárcel cuando mantuvieron su primera reunión, de la cual salió encantado el mandatario murciano.

Valcárcel ha tenido que emplearse a fondo con su compañera de partido y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, debido al pacto de ésta con Barreda contra el Trasvase, que cayó como una bomba entre los populares murcianos. Cospedal ha suavizado su discurso en los últimos meses en su intento de nadar entre dos aguas.

¿Dónde está el derroche?

El año ha puesto fin a uno de los tabúes que pesaban sobre la gestión del agua en la cuenca del Segura: Los consumos totales de los abastecimientos (familias, empresas, industrias, turismo, ladrillo y golf) han sido en el último decenio un 8% inferiores a los que se calcularon para el primer horizonte del Plan de Cuenca del Segura. En el Ministerio (Confederación y Mancomunidad) se preguntan dónde está ese derroche denunciado desde otras regiones y colectivos.

Sea cual sea la solución que se proponga, es imperativo evitar que crezca el grado de insostenibilidad que atenaza a la cuenca del Segura. El último informe del Observatorio de la Sostenibilidad apunta que el índice de consumo es del 185% si se comparan las aportaciones propias con las demandas totales. Más que estrés, existe una agonía hídrica que se ha acentuado en el último año de sequía con las aportaciones superficiales más bajas de la historia: 130 hectómetros cúbicos propios frente a unas necesidades de 2.000 hectómetros.

La falta de caudales para los regadíos y los rigores de cuatro años de atroz sequía se han solventado con los decretos de sequía y la apertura de pozos de emergencia a lo largo y ancho de toda la cuenca. La Confederación que preside José Salvador Fuentes Zorita ha extraído –directamente o a través de encomiendas- unos 400 hectómetros en este periodo. Los regantes del Trasvase sólo han recibido dos riegos de socorro del Tajo debido a la mala situación de las reservas de la cabecera, que ha sufrido la escasez con el mismo rigor. La compra de derechos de agua a Estremera y Aranjuez ha contribuido a capear la situación.

1.500 millones de inversión

Los regantes están entrando en la cesta del agua desalinizada, que sólo comprarán cuando no tengan otros recursos a mano. El programa de desalinización superará los 300 hectómetros cúbicos en la cuenca del Segura en los dos próximos años. Hasta ahora hay 80 disponibles, con el rechazo de muchos municipios que han visto cómo la última subida de las tarifas de agua potable fue del 27%. El incremento ha sido del 100% en cuatro años.
El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha comprometido una inversión de 1.073 millones de euros para siete desalinizadora y sus canalizaciones. A esto hay que sumar otros 300 millones para optimizar el agua del Tajo para los abastecimientos, a través de una nueva red de canalizaciones y el mini trasvase del Altiplano. Sumando otros proyectos, son más de 1.500 millones de euros. Una pasada de millones.