José María Barreda declaró el martes, en la segunda sesión del debate sobre el estado de la región, que quería una reunión sin foto con María Dolores de Cospedal para negociar un nuevo texto, una oferta, que la secretaria general del PP no podría rechazar.

El jueves, el vicepresidente primero de las Cortes de Castilla-La Mancha declaró que el PSOEestán dispuesto a reducir sus exigencias, su maximalismo, contra el Tajo-Segura. Y ayer apareció el consejero de Presidencia para decir que podrían retirar la fecha de caducidad del Estatuto si se garantiza a su comunidad toda el agua que necesitan.

Parece una estrategia calculada para sacar del atolladero el texto, que va a cumplir un año en el dique seco del Congreso debido al veto político de la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. De Valcárcel y Camps por un lado y de Saura y Alarte por el otro. Todos son decisivos. Los presidentes porque frenan a Cospedal en el plano político y parlamentario (sus diputados van a votar en contra en el Congreso), y los secretarios socialistas porque ordenarán a sus parlamentarios votar también en contra de un texto que sea lesivo para el Segura.

¿El consejero de Presidencia de Castilla-La Mancha ha lanzado un globo sonda o un órdago en toda regla? Lo que sea se comprobará muy pronto. Puede ser un brindis al sol o la voluntad real de buscar un acuerdo entre Barreda y Cospedal. Con lo que hay en juego, esa negociación no debería limitarse sólo a estos actores ni ceñirse a la fecha de caducidad, ya que el texto está plagado de artículos y disposiciones contra el Tajo-Segura tan letales o más que la fecha del 2015.

Eso sin añadir el nuevo Plan de Cuenca del Tajo que -por desgracia o por fortuna, también se verá- está en manos del Ministerio de Medio Ambiente. Digamos, ahora, que más bien por fortuna…

Hay que replantearse muchas cosas. Muchos axiomas, categorías, tremendismos…