La capacidad de desalinización instalada en la cuenca del Segura supera los 300 hectómetros cúbicos. La Mancomunidad de Canales del Taibilla tiene a su cargo 96 hectómetros nominales en cuatro plantas. La producción máxima no llega a 80 y la real fue el año pasado de 43. Corresponden a Acuamed las mayores instalaciones: Torrevieja, con 80 hectómetros ampliables a 120 y todavía en obras; Águilas, con 60 hectómetros y en fase de pruebas (carece de energía eléctrica suficiente) y Valdelentisco, con 57 hectómetros ampliables a 70.
Acuamed sostiene que tanto Canales del Taibilla como la Confederación Hidrográfica del Segura deben cumplir los convenios que firmaron para consumir y gestionar, según cada caso, los caudales de estas tres plantas. Eso significa que la población consumiría hasta 150 hectómetros de agua desalinizada al año como máximo, lo cual haría aumentar el recibo del agua casi por tres. Además, la Mancomunidad dispone de otros 50 hectómetros de media anual del río Taibilla, que le sale ‘gratis’. Con ambas fuentes de suministro no haría falta prácticamente el Trasvase del Tajo para atender a la población. El Taibilla tiene ahora asignados 150 hectómetros anuales máximos en origen, en los embalses de Entrepeñas y Buendía, y si se enchufa toda la desalinización, no necesitaría más de 20. Suponiendo que sean 50, que es la cifra que algunos manejan, el trasvase quedaría igualmente tocado.
Sin el Taibilla, los regantes del Trasvase perderían a su principal aliado ante el Gobierno central. Los cultivos tienen una dotación máxima anual de 450 hectómetros en origen del Tajo, y no quieren el agua de las desalinizadoras que resulta tres y cuatro veces más cara y que deben tratar posteriormente para enriquecerla. Comprarían caudales de Torrevieja solo en casos puntuales, lo cual ocasionará un problema la Confederación, que debe ‘endosar’ esos volúmenes a los regantes del Trasvase, según el convenio.
El problema de Acuamed es que tiene que vender toda el agua que sea posible de sus desalinizadoras, pero el Taibilla no la quiere ni la necesita, pese a los convenios firmados en 2006. Si obligan a la Mancomunidad a beber desalada, el Trasvase del Tajo irá a la baja. Y si se privatiza, los nuevos propietarios perderían el derecho a recibir esos caudales de la cabecera.