Agua a bocajarro

El Ministerio y los gobiernos de Murcia y Valencia aceleran el PHN y estudian un canon por las desalinizadoras que se pague en toda España

Sobre la mesa hay varias piezas para armar el nuevo Plan Hidrológico Nacional. El Ministerio de Medio Ambiente quiere combinarlas sin darle protagonismo a la construcción de otro acueducto, una opción que pretende evitar viendo los errores del pasado. Al mismo tiempo, está demostrado su interés por consolidar la infraestructura del Tajo-Segura con una nueva regla de explotación, publicada ayer en el BOE, que marca otra dinámica con un rígido control del agua que se desembalsa desde la cabecera, tanto para los usos del Tajo como del Segura.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, junto con los consejeros de Agricultura de Murcia y de la Comunidad Valenciana, Antonio Cerdá y José Císcar, llevan varias semanas inmersos en la discusión del PHN. Quieren darle velocidad, pero no tienen clara la solución. El último encuentro lo tuvieron el pasado jueves en Madrid para tratar de avanzar en la siempre compleja planificación que se volverá a topar con el muro de las próximas elecciones, endurecido por el desafío soberanista de Cataluña.

LA UNION EUROPEA NO DA MÁS DINERO

Las dos comunidades autónomas que más se juegan con el agua opinan, como el Ministerio, que los estudios ya están hechos y que se trata de adaptarlos a la realidad. Esto significa hacer correcciones sobre el modelo anterior ­el PHN que aprobó Aznar en el año 2001-, de tal forma que ya no se considera necesario hablar de construir el Trasvase del Ebro, sino de comprar caudales a los usuarios de aquella cuenca aprovechando los bancos de agua. Los agricultores tarraconenses de la margen derecha del Ebro disponen de hasta 600 hectómetros cúbicos anuales, que no necesitan en su totalidad y que pueden ser adquiridos temporalmente mediante la cesión de derechos. Esta posibilidad, con la cual no se detraen más caudales del Ebro, ya se planteó en la etapa de Jaume Matas, pero con poco entusiasmo y nulo éxito. Ahora se trata de retomar la idea con un alcance, de momento, limitado. Por ejemplo, existe una canalización hasta Castellón, ya construida, que puede ser aprovechada. Después ya se vería hasta dónde llega el tubo y quienes lo pagan.

Otra alternativa en estudio es la recarga de la cabecera del Tajo con recursos del Duero, o metiendo en juego al Jarama o con un canal desde el embalse cacereño de Valdecañas. Son tres opciones sobradamente analizadas que pasan necesariamente por la ejecución de nuevas obras. Los dirigentes del PP, no obstante, tendrán que hacer un mayor esfuerzo de imaginación porque la Comisión Europea no está por la labor de subvencionar grandes infraestructuras hidráulicas en España después de todo el dinero que se ha destinado a la construcción de la red de desalinizadoras. Se observa como imposible que haya más ayudas europeas teniendo las fábricas de agua paradas tras haberse ejecutado una inversión de más de 2.000 millones de euros; un dispendio de fondos públicos por el que nadie parece dispuesto a responder políticamente.

LAS DESALINIZADORAS HACEN CONVERSOS

El déficit estructural del Segura sigue siendo el mismo y solo hay una solución para las desalinizadoras: hacerlas útiles. Sobre esto existe unanimidad; el problema es cómo se coloca en el mercado un agua más cara. Sobre la mesa del Ministerio está en estudio la aplicación de una tasa nacional que paguen todos los usuarios, desde Orense a Almería. Un canon simbólico que permita abaratar el precio final de cada metro cúbico de agua desalinizada; como si fuera el recibo de la luz o del gas. El Ministerio y los gobiernos autonómicos buscan la fórmula para poder llevarlo a la práctica.

Al consejero Antonio Cerdá no le duelen prendas admitir su pasado crítico con las desalinizadoras durante los gobiernos de Rodríguez Zapatero, pero considera que una vez construidas hay que rentabilizarlas; las del Ministerio y también la que promovió el Gobierno murciano en Escombreras. Aquí todos tienen un cadáver en el armario.

Las decisiones no se pueden demorar más y hay que empezar a cerrar acuerdos. La salida de Arias Cañete frenó el PHN y su sucesora, García Tejerina, necesitó un tiempo de adaptación. Le ha comunicado a Federico Ramos que se apoye en los consejeros de Murcia y de la Comunidad Valenciana. Los ‘populares’ no saben si llegarán a tiempo; más bien no, con la apretada agenda electoral. Al menos, esperan dejar el PHN preparado para la siguiente legislatura. Un punto en el que discrepan los agentes económicos y sociales de la Región, en especial el presidente de Croem y el de los regantes del Trasvase. Opinan que no se repetirá otro escenario político como el actual, con mayorías territoriales del PP, para abordar el Plan.

LA REGLA: ¿ORIENTATIVA O VINCULANTE?

El Memorándum del Tajo demuestra que se puede llegar a acuerdos territoriales sobre el agua; y también que tal pacto habría sido imposible con gobiernos de distinto color político. Hubo una confluencia ‘popular’ que permitió el acuerdo sobre el Trasvase, aunque el texto no concite el apoyo unánime en el interno de cada comunidad autónoma.

La ley aprobada en diciembre y el real decreto que fija el rendimiento del ‘motor’ del trasvase son dos normas que aseguran su continuidad, algo que merece destacarse si se considera que hace poco tiempo se planteó la caducidad del acueducto para el año 2015. La nueva regla de explotación pretende armonizar las transferencias y eliminar la inseguridad que existía hasta ahora. Más que inseguridad, se trataba de discrecionalidad, ya que el Ministerio, a través de la Comisión de Explotación, hacía a menudo de su capa un sayo a la hora de autorizar los desembalses.

Debe aclararse si la regla servirá de orientación o si funcionará de manera vinculante. Lo que no puede pretender nadie es que se aplique reserva sobre reserva. Es decir, después de aumentar a 400 hectómetros la línea roja no trasvasable, y de diseñar una curva de explotación que en la práctica es otro colchón de seguridad a favor de la cuenca del Tajo, no se pueden racanear los excedentes que se generen en la cabecera por presiones políticas o circunstancias ajenas.

En el nuevo diseño de explotación del acueducto ha tenido mucho que ver Francisco Cabezas, subdirector general de Planificación Hidrológica. Uno de sus objetivos es reducir las posibilidades, y las frecuencias, de que las reservas de Entrepeñas y Buendía bajen al nivel 3, en el que solo se pueden derivar 20 hectómetros por mes. En circunstancias hidrológicas normales puede ser coser y cantar, pero con la sequía resulta impredecible. El PHN, que ha vuelto a recobrar protagonismo, no puede volver a caer en una historia interminable.