Va en paralelo a la doctrina de la Nueva Cultura del Agua y a los dossieres que circularon no hace mucho por algunos despachos de la Comisión Europea para encomendarse al cielo. El programa electoral de Podemos, que ha irrumpido con fuerza en el mapa político colocando a la cartagenera Lola Sánchez en el Parlamento Europeo, sostiene que cada territorio debe apañarse con sus recursos propios, por lo que en teoría no deja opción a las transferencias de caudales. Indica que el consumo debe estar «limitado por la tasa de renovación natural dentro de la cuenca», lo cual dejaría el suministro urbano, industrial y agrícola a expensas de lo que llueva dentro de la demarcación del Segura, que es estructuralmente deficitaria. Las aportaciones naturales de la cuenca son extremadamente bajas en los recurrentes ciclos de sequía. Incluso en los periodos de normalidad hidrológica no se puede atender la demanda anual.

Podemos no aclara si su propuesta incluye las desalinizadoras, que hoy por hoy encarecen el precio para los usuarios. El programa contiene otros postulados que están en línea con la cultura actual, como la consideración del agua como un bien público, la gestión transparente, la penalización de los abusos, el ahorro, la calidad y la prioridad medioambiental.  Lo demás está bastante alejado de la realidad porque supondría eliminar gran parte de los regadíos, con una abrumadora pérdida de empleos y riqueza. La obviedad es que la Región pasaría sed con esta propuesta radical y trasnochada.

El PSOE se persona ante el fiscal por la desalinizadora

Los socialistas se han personado en las diligencias abiertas por la Fiscalía del TSJ para investigar la desalinizadora de Escombreras, promovida por el Gobierno regional. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una amplia documentación al hilo de la denuncia que fue formulada meses atrás sobre la gestión y funcionamiento del Ente Público del Agua y sus sociedades, por si algunos hechos pudieran ser constitutivos de delito. La portavoz socialista Begoña García Retegui y el diputado Joaquín López indican que han actuado en el ejercicio de sus responsabilidades para que se aclaren las operaciones del Ente Público del Agua.