Con Aragón amotinado, los dirigentes nacionales del Partido Popular han tenido que plegar velas a toda prisa y retirar una enmienda a los Presupuestos Generales del Estados que proponía habilitar 600 millones de euros para el Trasvase del Ebro a las cuencas del Júcar y segura. Tramo Comunidad Valenciana. La enmienda se dio a conocer el viernes pasado y se escenificó en una rueda de prensa de los diputados nacionales por Murcia. La propuesta presto llegó a orillas del Ebro y en cuatro días horas se retiró bajo la explicación del PP de que se había tratado de un error.
Fue el vice portavoz del Partido Popular, Vicente Martínez-Pujalte -quien con toda probabilidad figuarará en la lista al Congreso por Murcia- quien el lunes por la mañana presentó una corrección a la enmienda anterior (la número 2.389) que cambiaba el título. En lugar de figurar Trasvase del Ebro a las cuencas del Júcar y Segura, debía poner Trasvase Júcar-Vinalopó en la Comunidad Valenciana.
Andrés Ayala, que lideró la rueda de prensa en Murcia el viernes pasado, no acierta a explicar lo que había sucedido. Las claves van llegando desde Zaragoza, y tampoco dejan en buen lugar el hilo argumental del PP en torno al Trasvase del Ebro. Más bien revela las profundas discrepancias que existe dentro de este partido a nivel territorial, y que llevan a la cúpula nacional a oficiar como un bombero cada vez que se organiza un revuelo como la de ahora. Esta labor de apagafuegos introduce más confusión en el mensaje nacional del PP sobre el agua y los trasvases. Ya apuntamos hace año y medio el giro que tomaron los dirigentes de la calle de Génova -y en concreto Mariano Rajoy– cuando se diluyó la contundencia mostrada hasta ese momento sobre la ejecución del Trasvase del Ebro cuando el PP recuperara el poder.
El Trasvase del Ebro es una opción técnica factible desde el punto de vista de la ingeniería hidráulica y tan defendible como la desalinización gran escala, pero a la hora de defender sus posiciones fueron algunos dirigentes nacionales del PP quienes se movieron de la foto presionados por sus correligionarios de Aragón y de Castilla-La Mancha.
A partir de ahí la reivindicación del acueducto del Ebro desde las comunidades de Murcia y Valencia se ha convertido en un músculo electoral que tiene más valor como discurso político que como realidad en un plazo determinado. La prueba del algodón la dará Rajoy si gana las elecciones, puesto que esas discrepancias territoriales se podrían multiplicar y puede que no en beneficio de Murcia. Si la cúpula del PP ha cedido ante Aragón, ¿cómo podrá plantear de nuevo la ejecución de este trasvase? ¿Si gana Rajoy, va a resucitar este proyecto con la misma rapidez con la que lo derogó Zapatero? Frente a eso, el PSOE y el Gobierno de Zapatero han armado en ersta legislatura una política más coherente, guste más o menos, de desterrar el Ebro y apostar por la desalinización. Aunque estuvieran equivocados en sus planeamientos, al menos no transmiten confusión.
La explicación que ofreció la oficina del portavoz Eduardo Zaplana a la enmienda trasvasista tampoco es tranquilizadora. Explicaron que esta propuesta se presenta año tras año cuando llegan los Presupuestos, pero que en este ejercicio se traspaleló por error, «se colocó en el montón y nadie se dio cuenta de quitarla». Es decir, que para el próximo año electoral no tocaba reivindicar el Ebro.
Abundando en lo mismo, el Heraldo de Aragón reprodujo ayer unas declaraciones atribuidas a Eduardo Zaplana, quien le comentó al líder de los populares aragoneses, Gustavo Alcalde, que el Grupo del PP en el Congreso «no tenía voluntad política» de insistir en sus peticiones trasvasistas. Valcárcel trató del año pasado de recomponer un mínimo consenso dentro de su partido con la cumbre de barones en Madrid, bajo el postulado general de transferir agua de las cuencas excedentarias a las deficitarias. El problema llega cuando se quieren ponen nombres y apellidos.