A este paso, va a resultar que el consejero Antonio Cerdá llevaba razón cuando declaró a este periódico que Cataluña conseguirá de una forma u otra lo que quiera captando o trasvasando el agua que necesite del Ebro. Es la opción más lógica, aunque sea a través de la compra de derechos de agua a los regantes, como se hace en el Segura desde hace dos años adquiriendo caudales de Estremera y Aranjuez, en el Tajo. La prolongación del trasvase de Tarragona es la solución técnicamente más viable para los ingenieros de caminos, que de esto sabe algo.
Poco se puede objetar cuando se trata de asegurar el abastecimiento para la segunda ciudad española (o del Estado español, que dirían otros). Lo que sí se puede objetar es el empeño de los gobiernos central y catalán, junto con el PSOE, de querer disfrazar cualquier proyecto de auxilio a Barcelona evitando pronunciar la palabra trasvase, y menos relacionarla con el Ebro. Cuando se ha estado durante cuatro años en la pasada legislatura, y otros cuatro con Aznar, rechazando por todos los medios el trasvase del Ebro, resulta muy duro ahora tener que tragarse las palabras y discursos para hacer lo que dicta el sentido común.
Es cierto que una transferencia de 50 hectómetros del delta a Barcelona no es lo mismo que otra de 460 hectómetros hasta Murcia. Pero no es ése el debate, sino la discriminación que supone abrir un grifo para unos y cerrarlo para otros, cuando además se derrumban los cimientos de una doctrina que demonizaba los trasvases porque no sobraba agua en ningún río. ¿Les suena a algo? Zapatero empezó el 2004 derogando el trasvase del Ebro. Pero ahora empieza la siguiente legislatura autorizando, también por vía de urgencia, ese trasvase (o captación puntual) aunque sólo para Cataluña.