“En todos los regímenes políticos, y especialmente en las democracias, el reclutamiento de los jefes es el problema decisivo, el que determina el éxito o el fracaso” Max Weber

Ya en los albores de nuestra civilización, Platón, Aristóteles o Cicerón opinaban que los políticos deberían ser personas ejemplares y expertas para velar con eficacia por los intereses colectivos. Platón, quizá con un punto de ironía, aconsejaba descartar, de entrada, a aquellos que se postulaban como gobernantes porque podían tener intereses espurios.

En su reconocida obra maestra, Escuela de Mandarines (1974), el  autor murciano  Miguel de Espinosa, presentó una visión crítica y despiadada de la burocracia, del poder político y los amigos del régimen, preconizando que el gobernante legítimo debería regirse por una serie de principios básicos como los siguientes:

1. Servidores de la Verdad, no de la Ideología: El político ideal no puede utilizar el lenguaje para manipular, camuflar realidades o crear relatos ficticios. La transparencia absoluta y la honestidad brutal son los primeros requisitos.
2. Liderazgo desde el desapego: Quien gobierne no debe ansiar el poder ni los privilegios de la casta.  La clase política debería estar compuesta por individuos que asuman el gobierno como una carga temporal y un deber ético, listos para regresar a su vida civil sin aferrarse a las estructuras del Estado.
   
3. Fomento de la desobediencia crítica: Un buen gobernante no busca una masa dócil y silenciosa que aplauda la “Feliz Gobernación”. Al contrario, debe incentivar el pensamiento crítico, la discrepancia y la autonomía de los ciudadanos, entendiendo que una sociedad sana se mide por su capacidad de cuestionar a sus propios líderes.

Los funcionarios políticos—como designaba Weber a cualquier cargo designado a dedo, desde ministros a asesores— suelen ser elegidos por afinidad partidista o ideológica, con independencia muchas veces de la formación y los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del puesto, sin tener en cuenta que la creciente complejidad del mundo actual exige tener dirigentes cada vez más competentes.

Los ciudadanos tenemos derecho a disponer de los mejores gobernantes posibles, y la clase política debe sentirse en el deber de aportarlos, eso sí, en el número imprescindible―como el de los funcionarios y asesores a su servicio―, desde la consideración de la austeridad  como una virtud inherente al sector público.

La política es la única actividad para la que no se requiere formación ni experiencia profesional previa. Lo ideal es que el dirigente tenga otra profesión para evitar que se aferre a los puestos para los que es designado. Sólo los políticos profesionales que no tienen experiencia en el sector privado, o no quieren o no pueden tenerla, están dispuestos a abrazar la actividad pública como modus vivendi vitalicio, como ocurre con algunos prebostes provenientes de las juventudes de los partidos.

Sería deseable que la política fuera capaz de atraer a los mejores, pero no todo el mundo está dispuesto a abrir un paréntesis en su vida laboral o empresarial—posiblemente perdiendo dinero— para someterse a la dureza del escrutinio público, asumiendo la clásica inestabilidad en la permanencia en el cargo, a cambio de unas aportaciones inciertas al bien común o por servir a unos ideales.

Aunque la RAE todavía no ha admitido la voz “caquistocracia”, se trata de un término— kakistocracy— usado con naturalidad en los países anglosajones, aludiendo al “gobierno dirigido por las personas menos idóneas, capaces o experimentadas de un país” que, para mayor desgracia de los Estados que los sufren, suele estar íntimamente relacionado con la cleptocracia, como sistema político en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos.

Para Friedrich Hayek, “sólo los peores se colocan a la cabeza en los regímenes totalitarios o que pretenden serlo, porque pronto tendrán que prescindir de la moral ordinaria o fracasar. Esta es la razón por la que los faltos de escrúpulos o los aventureros tengan más éxito en una sociedad que tiende al totalitarismo” 

El autócrata no puede actuar en solitario, necesita de un grupo incondicional de colaboradores con opiniones homogéneas que sigan ciegamente sus consignas, lo que, según Hayek, excluiría con toda probabilidad a los mejores individuos de una sociedad por tres razones fundamentales:

1. La educación y la inteligencia provocan tener más opiniones críticas y hacen a los individuos menos manipulables, menos proclives, por tanto, a aceptar adhesiones inquebrantables.
2. El líder totalitario busca crear un cuerpo de seguidores con escaso criterio propio, fanatizados por una propaganda confeccionada ad hoc y difundida machaconamente a través de medios afines.
3. La existencia de un enemigo, interno o externo, es la clave de bóveda para un demagogo. En el primer caso, la clásica contraposición entre el “nosotros” o “ellos”, que atenta contra la alternancia democrática, suele ser un arma muy eficaz para generar una masa acrítica que apoye al líder incondicionalmente, a veces más por temor a la llegada de los contrarios al poder que por la confianza que pueda inspirar aquél o por firmes convicciones ideológicas.

Cualquier ciudadano puede optar a un puesto de asesor o de libre designación en una Administración Pública sin concurrir a unas elecciones, en las que todos tenemos derecho a elegir y a ser elegidos, pero si como sociedad aspiramos al gobierno de los mejores, ¿por qué tantas personas que no nos parecen ni sabias, ni virtuosas ni preparadas llegan a ostentar puestos de responsabilidad política?

La primera causa radica en los propios individuos, que sobrevaloran sus capacidades: es el llamado efecto Dunning-Kruger, el atrevimiento de los mediocres, de los temerarios, que no siendo conscientes de su ignorancia (o quizá sí) no dudan en aceptar cargos para los que no están preparados,  buscando, muchas veces, una ocupación que no encontrarían en el sector privado.

La política se ha convertido en un espectáculo en el que, por encima de las capacidades de gestión, de la preparación y de la experiencia, priman las emociones que pueden suscitar los personajes más mediáticos en sus apariciones en platós, tertulias de radio o en las redes sociales.

Por otra parte, en el sistema de listas cerradas de los partidos prima la ideología, se incentiva la obediencia incondicional, la habilidad de recabar apoyos o de pasar factura por favores o servicios prestados a la causa. Por el contrario, un proceso electoral de listas abiertas ayudaría a seleccionar a los mejores candidatos y a reducir la polarización. Como asegura un estudio de las universidades Carlos III de Madrid y de Houston: “La ciudadanía atiende más a la ideología cuando vota listas cerradas y a la persona cuando son abiertas”

Los ciudadanos, como electores y posibles candidatos, tenemos que sentirnos concernidos. Debemos sentirnos en la obligación de ser más exigentes con los méritos de los candidatos e informarnos lo mejor posible antes de emitir nuestro voto. Como elegibles, quizá por exceso de prudencia, por miedo a no estar a la altura—síndrome del impostor—o por tener una buena ocupación en el sector privado, muchos ciudadanos válidos no dan el paso de implicarse en la actividad política, dejando así espacios para que los ocupen aspirantes menos competentes.

¿Por qué elegimos entonces a los menos idóneos? Fundamentalmente porque detrás de cada político incompetente hay votantes, partidos y medios de comunicación que lo han promocionado. Quizá se nos olvida que, aparte de electores y elegibles, también son ciudadanos los militantes de los partidos y los periodistas. Todos vamos en el mismo barco y tenemos nuestra parcela de responsabilidad en el objetivo de que nos gobierne la mejor clase política posible, incentivando a los más capaces y extremando los requisitos para evitar que los mediocres lleguen al poder ejecutivo.

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