La verdad no se vota
La ciencia, la razón y el espíritu crítico como defensas frente a la propaganda y el culto al líder.
Alere flammam veritatis, «alimentar la llama de la verdad», es una hermosa expresión latina adoptada por instituciones educativas y científicas porque representa el espíritu académico, el imperio de la razón sobre el dogma y la búsqueda constante de la verdad, que debe ser protegida y sostenida frente a los vientos de la ignorancia, la censura o el fanatismo que pretendan sofocarla. Una llama que también deberíamos mantener viva en nuestras democracias.
En mi libro Metamorfosis y Concordia (perdón por la autopublicidad) dedico algunas reflexiones a la convergencia entre ciencia y democracia. Una relación que considero especialmente oportuna en tiempos de polarización, desinformación y creciente desconfianza institucional.
¿Qué podría aprender la política de la ciencia?
Mucho, empezando por la humildad intelectual. La ciencia progresa porque cuestiona sus hipótesis, contrasta resultados, reconoce errores y rectifica. El filósofo Karl Popper hizo de esta actitud crítica uno de los fundamentos de su pensamiento, tanto científico como político. Su defensa de la sociedad abierta descansaba precisamente en la posibilidad de cuestionar las ideas y limitar el poder sin recurrir a la violencia.
También el astrónomo Carl Sagan destacó la profunda afinidad entre los valores científicos y los democráticos: libertad de pensamiento, tolerancia, debate abierto, respeto a las pruebas, universalismo, desinterés y rechazo del dogmatismo. Naturalmente, gobernar no equivale a resolver una ecuación matemática. La política incorpora valores e intereses contrapuestos. Precisamente por eso necesita más razonamiento, diálogo y menos certezas absolutas.
Del método científico al buen gobierno
¿Por qué no exigir a nuestros gobernantes una metodología semejante a la científica? Identificar problemas, analizar sus causas, estudiar alternativas y experiencias positivas de otros países —aunque procedan de un adversario ideológico—, justificar decisiones, evaluar resultados y rectificar cuando sea necesario.
Las políticas públicas deberían juzgarse por sus objetivos, costes y resultados, rindiendo cuentas sin necesidad de que los ciudadanos las demandemos. Aquí aparece otro principio esencial: la transparencia. Kant, mediante su principio de publicidad —precursor del actual concepto de Gobierno Abierto—, ya defendía la importancia de someter las actuaciones del poder al escrutinio público.
La democracia necesita ciudadanos, no seguidores
El culto al líder, cualquiera que sea su signo, resulta incompatible con una ciudadanía libre. No necesitamos dirigentes infalibles ni seguidores incondicionales, sino representantes sometidos a controles y ciudadanos capaces de pensar por sí mismos.
Pero los políticos no son los únicos responsables de la calidad democrática. También lo somos los ciudadanos. ¿Contrastamos las noticias antes de compartirlas? ¿Escuchamos a quienes piensan diferente? ¿Exigimos idéntica honestidad a nuestros representantes y a sus adversarios? ¿Reconocemos los errores propios y los aciertos ajenos?
El filósofo alemán Jürgen Habermas afirmaba que la democracia vive del supuesto de que sus ciudadanos son demócratas. ¿Lo son realmente los radicales que —creyéndose en posesión de la verdad absoluta, la suya, claro— defienden regímenes totalitarios, que exhiben sus símbolos, que cancelan a quien no piensa como ellos —a quienes consideran a su vez extremistas—, que incitan al odio o justifican la violencia, que amenazan con no respetar un principio tan elemental como la alternancia en el poder?
Cuando el adversario se convierte en enemigo
George Orwell describió, en su conocida novela “1984″, los inquietantes «dos minutos de odio»: un ritual colectivo destinado a despertar miedo e indignación contra un enemigo común, sustituyendo el pensamiento crítico por la exaltación emocional.
Más recientemente, Michel Onfray, en Teoría de la dictadura, reflexiona sobre mecanismos de dominación como la manipulación de la verdad, el empobrecimiento del lenguaje y la fabricación de enemigos. Para Onfray, los Dos Minutos de Odio se reproducen hoy de forma voluntaria y permanente en las redes sociales y tertulias mediáticas, donde cada día se señala a un nuevo «enemigo moral» para que el público descargue su ira en linchamientos digitales rápidos mientras los problemas estructurales permanecen intactos.
¿No deberíamos reconocer estas señales de alerta cuando el debate político se convierte en una sucesión de mensajes apocalípticos sobre la llegada de hipotéticas amenazas totalitarias? ¿No resulta paradójico que determinados sectores que se proclaman defensores de la pluralidad recurran a descalificaciones indiscriminadas del adversario?
Naturalmente, denunciar propuestas autoritarias o contrarias a los derechos fundamentales es una obligación democrática, independientemente de su procedencia ideológica. Pero debemos distinguir entre amenazas reales, acreditadas con hechos, y el miedo utilizado como instrumento de movilización.
La alternancia política no es una amenaza para la democracia: es una de sus garantías esenciales. Convertir sistemáticamente al adversario en enemigo erosiona la convivencia y dificulta el diálogo constructivo.
De espectadores a protagonistas
La democracia necesita instituciones independientes, separación de poderes, prensa libre, transparencia y rendición de cuentas. Pero, sobre todo, una sociedad civil activa que no delegue toda su responsabilidad en los partidos.
No se trata de desconfiar sistemáticamente de nuestros gobernantes ni de renunciar a nuestras convicciones, sino de defenderlas con argumentos, respetando las ajenas y aceptando la posibilidad de estar equivocados.
Me gustaría terminar con una reflexión especialmente dirigida a los jóvenes: no permitamos que nadie piense por nosotros. Investiguemos, contrastemos, preguntemos, discrepemos y participemos. Porque la democracia no es una cuestión de fe, sino un ejercicio permanente de libertad, razón y responsabilidad.
La verdad no se vota: se busca y se comprueba. Los gobiernos sí se votan, y deben poder cambiarse con absoluta normalidad. Defender la democracia es preservar ambas libertades: la de pensar por nosotros mismos y la de elegir sin enemigos impuestos.