A Matías Carrillo, condenado por delito electoral, lo tuvo que sacar de la alcaldía de Fortuna el Tribunal Supremo. Valcárcel lo mantuvo hasta el final pegado al sillón, sin que al presidente, ni al PP, les importara un rábano la gravedad del pecado cometido por Carrillo (compra de votos), ni el mal olor que desde su atrincheramiento en la poltrona arrojaba el regidor municipal sobre una vida pública más necesitada de lejía y estropajo que de paños calientes. Tan bajo puso el PP el listón en Fortuna que otros alcaldes lo han saltado después sin que se lo impidiera el lastre de sus imputaciones, mayoritariamente vinculadas a la prevaricación, el cohecho y la falsedad en documento. El PP nunca supo qué hacer con sus imputados. No quiso saberlo. Prefirió siempre mirar a otro lado, y reivindicar machaconamente la presunción de inocencia de sus altos cargos, mientras canturreaba con Gabinete Caligari que la culpa fue del cha-cha-chá.Y hoy no tiene un problema, como aquel de Fortuna, sino un problemón, porque Pedro Antonio Sánchez ya no es un alcalde, sino un consejero de Valcárcel que  estaba (¿está aún?) llamado a presidir la Comunidad Autónoma. ¿Ahora qué?